Albiol se prepara para expulsar a las 200 personas que malviven en un instituto abandonado
La mayoría de los residentes son migrantes sin papeles y muchos vivieron en la nave incendiada en el 2020 en Badalona
Badalona"La policía no puede entrar porque no tiene una orden judicial. El desahucio no se ejecutará. Todo el mundo tranquilo". Las abogadas Marta Llonch y Mireia Salazar tranquilizan a varias personas que malviven en el antiguo instituto B-9 de Badalona. Son una veintena, pero en total hay casi 200 personas en ese asentamiento. La mayoría son personas migrantes en situación irregular que lamentan la falta de soluciones del Ayuntamiento liderado por el popular Xavier García Albiol, que el miércoles a las 9.30 tiene previsto echarlos. Lo hará por vía administrativa y, por tanto, es necesario que los residentes se marchen voluntariamente; una salida que ya han avanzado en el ARA que no pasará porque no tienen alternativa residencial.
"No entendemos por qué Albiol nos utiliza como rival político", se lamenta Younous Drame, que lleva un año viviendo en el antiguo instituto. Este edificio ocupa un espacio de unos 800 metros cuadrados en el barrio de Sant Roc. Dentro, la mayoría duerme en chabolas, aunque algunos se han instalado en oficinas y aulas en grupos de tres o cuatro personas. Quien puede trabajar, trabaja, pero muchos recogen chatarra para subsistir y entre todos se ayudan para salir adelante. Tienen un huerto, gallinas y un espacio que hace de restaurante y, desde que el Ayuntamiento dijo en una resolución que el edificio estaba en mal estado, se han volcado por tenerlo todo más cuidado; incluso tienen un vigilante encargado de la seguridad.
Haji Dukuray es uno de los primeros que llegó al instituto hace más de un año y, desde entonces, el número de residentes ha ido aumentando. Como él, algunos provienen de otros asentamientos como el de la nave del barrio del Gorg que quemó hace cuatro años en un incendio en el que murieron cinco personas. Sólo quieren un sitio donde poder vivir. "Queremos vivir tranquilamente. No tenemos adónde ir y no nos han ofrecido ninguna solución", explica Dukuray, que hace de portavoz de las personas que viven en el B-9 y se pregunta cómo puede que el alcalde de la ciudad tenga tan claro que generan problemas si nunca los ha visitado ni ha hablado con ellos.
Encadenando desalojos
"¿Qué hacen 150 o 200 personas en la calle?", cuestiona Cristina, que también vivía en la nave de Gorg en el 2020. Explica que muchos de ellos han venido a España a ganarse la vida; quieren establecerse aquí y no causar problemas, pero el racismo institucional se lo impide. "Nos hacen responsables de una problemática que afecta a todo el barrio. Aquí no hay ladrones, ni delincuentes ni prostitución. Si no hacemos nada malo y eso está abandonado, ¿por qué esa fijación con echarnos?", se pregunta.
El incendio de la nave del Gorg evidenció la situación de infravivienda de muchas personas en la ciudad. Pero cuatro años después, los problemas en Badalona están lejos de solucionarse y muchas de las personas que viven en el antiguo B-9 ya han sufrido otros desalojos, como el que ahora quiere hacer el consistorio. "Nos quieren echar otra vez. ¿Dónde vamos a vivir?", se lamenta William Kwami. Cuenta que él sólo quiere trabajar, pero que le han denegado todos los permisos, y así es muy difícil cuidar a los suyos. Sin alternativas, cree que el problema no se va a solucionar. Aunque la mayoría confía en que mañana seguirán en el instituto como hasta ahora, algunos de los residentes están nerviosos por el posible desalojo. "Hemos vivido muchos desahucios, claro que estamos nerviosos. Mucha gente no tiene casi nada que vivir", relata Bob, que tiene dos hijas.
Derecho a la vivienda
Younous Drame asegura que se está vulnerando el derecho a la vivienda de todas las personas que viven en el antiguo instituto y carga contra las políticas de Albiol. "Siembra odio desde su posición de poder. No tiene derecho a atacarnos. ¿Quién nos defiende a nosotros?", se pregunta. Con todo, insiste en que el Ayuntamiento debe encontrar una solución a su situación porque considera que echarlos sin ninguna alternativa "no es forma de hacer política".
Las abogadas pidieron al juez la protección de los derechos fundamentales de estas personas y que no las desalojen hasta que tengan una alternativa de vivienda. Reclamaron suspender el desalojo como medida cautelar, pero se los denegaron en un primer momento y ahora han decidido recorrerlo. Creen que, si no se detiene, se vulnera el derecho a la vivienda y la tutela judicial efectiva.
Por otra parte, el síndico de agravios ha pedido hasta dos veces al Ayuntamiento un informe sobre la situación de estas personas. Concretamente, quiere saber si ha buscado alternativas para esta gente, si los residentes han recibido la información sobre los recursos sociales a los que podrían acogerse y si se ha previsto prestar una atención específica a las necesidades de los menores.