Cáritas Barcelona alerta de que ha llegado a su límite para atender a personas vulnerables

BarcelonaLa población que vive en el umbral de la pobreza sigue escalando y sólo el año pasado Cáritas Barcelona atendió a 44.526 personas. En los últimos años, la situación de vulnerabilidad ha crecido tanto que la entidad diocesana alerta de que ha llegado “al límite” de su capacidad para atender a población vulnerable y seguir el ritmo del crecimiento de la pobreza, que afecta no sólo a las personas que están en paro sino también a las que tienen un trabajo estable con contrato. “Hemos tocado techo. No podemos crecer al ritmo que crecen las necesidades sociales, tenemos el barco lleno y la gente de alrededor se sigue ahogando”, han advertido este jueves en la presentación de su memoria anual.

Una de las razones de esta incapacidad de hacer frente a la demanda con garantías es la reducción sustancial de donaciones de los últimos años. "Detectamos una fatiga de la compasión", ha dicho el director de Cáritas Barcelona, ​​Eduard Sala, quien ha concretado que los ingresos provenientes del voluntariado han caído un 12% respecto a 2022 y el número de socios y donantes han pasado de 10.970 a 8.996 en un año. "Se necesitan más recursos para poder llegar a más gente", añadió. De hecho, ha hecho un símil con el hundimiento del Titanic y ha remarcado que "la barquita de salvamento está llena y no dispone de más recursos". En este sentido, ha pedido "más colaboración y ayudas económicas" gubernamentales para superar las situaciones de "estancamiento" que a menudo se producen. "La vida de la gente no puede esperar, se necesitan políticas sociales que piden grandes consensos que vayan más allá de las legislaturas", ha afirmado.

Detrás de la mayor vulnerabilidad está, entre otros motivos, el hecho de que se hayan encadenado varias crisis económicas, el encarecimiento del coste de la vida y, sobre todo, el alza imparable de los precios de la vivienda, que está dejando muchas familias al margen y condenadas a sobrevivir en infravivienda. De hecho, el principal problema de los atendidos por Cáritas sigue siendo donde vivir: el 72% no disponen de una vivienda digna. Y, por primera vez, la entidad advierte que más de la mitad de sus usuarios (52%) viven realquilados en habitaciones. Éste es el caso de Míriam Yagüe, una peruana de 45 años que, por la imposibilidad de hacer frente a los costes de una vivienda, vive en una pequeña habitación de cuatro metros cuadrados por la que paga 300 euros.

Yagüe hace menos de un año que llegó a España y, por tanto, todavía no ha cumplido los tres años reglamentarios de estar en situación administrativa irregular, antes de que pueda iniciar los trámites para realizar el arraigo. Además, del sueldo que cobra por cuidar a una anciana cada noche, debe sacar unos 300 euros para enviarlos a su madre, que se ha hecho cargo del cuidado de sus hijos. "El mes se hace largo porque todo es muy caro", se queja. Ante el imparable aumento de necesidades sociales, Sala se ha mostrado tajante: la entidad "ya no puede crecer más" para hacer frente.

El 14% tienen trabajo

La responsable de análisis social e incidencia de Cáritas Barcelona, ​​Miriam Feu, también ha alertado de que más del 40% de los hogares que la entidad ha acompañado son de familias con niños y adolescentes. "¿Alguien se imagina qué supone criar a un hijo en un espacio compartido con personas desconocidas, donde los niños y niñas no disponen de lugar para jugar, estudiar o ducharse?", ha cuestionado. En efecto, tres de cada cuatro personas atendidas por la entidad viven en una infravivienda, entendido como un lugar que no cumple los requisitos para llamarlo hogar, ya sea porque es un espacio compartido con personas fuera del núcleo familiar o no tiene suficiente garantías higiénicas, no existe un contrato de alquiler o, directamente, viven al raso.

Pese a la moratoria de desahucios, cada día hay familias que deben dejar su casa por orden judicial, lo que aumenta aún más el riesgo de caer en la exclusión residencial. "Las entidades del tercer sector hacemos un papel que no nos corresponde, intentamos cubrir los derechos vulnerados", ha afirmado Sala, que también ha apelado a los políticos ante la necesidad de consensos para implantar medidas sociales que miren a largo plazo, más allá de legislaturas. De acuerdo con su memoria, el pasado año Cáritas Barcelona evitó que 3.696 personas se quedaran en la calle otorgando 1,3 millones de euros en ayudas, de los que 704.744 euros fueron para ayudas al realquiler.

La entidad también puso a disposición más de 2.000 plazas de pisos unifamiliares, pisos compartidos y centros residenciales conjuntamente con la Fundación Vivienda Social. En este sentido, ha pedido un despliegue efectivo del padrón sin domicilio fijo para las situaciones de exclusión residencial, y que todas las personas que se encuentren en situación de necesidad personal básica, con independencia de su situación administrativa, puedan ser atendidas de forma presencial por parte de los servicios sociales municipales.

Ahora bien, en Cáritas también entran personas buscando ayuda que tienen la vivienda solucionada: un 21% disponen de contrato de alquiler legal y un 7% son propietarios, pero con todo, por la falta de trabajo u otras cuestiones no pueden echar adelante su proyecto vital por sí mismos. En esta misma línea, un 14% de quienes son atendidos tienen un trabajo con contrato, aunque sea precario, lo que confirma que trabajar ya no es una protección total para no caer en la marginalidad.

La situación se replica en otros puntos del territorio. Cáritas Diocesana de Tarragona ha atendido a 9.204 familias durante el 2023, es decir 20.072 personas. Un dato que crece respecto al año anterior, cuando ayudaron a 19.922 ciudadanos. Para la coordinadora del área de Acción Social en Tarragona, Teresa Jordán, esta fotografía evidencia que la pobreza es una realidad que no deja de crecer y que provoca que la brecha social se haga cada vez mayor. "Hemos ido sumando crisis tras crisis", ha lamentado, y ha añadido que muchos usuarios (sobre todo mujeres con hijos) viven en situación de vulnerabilidad desde 2008.