Badalona, a las puertas del mayor desalojo de Cataluña

BarcelonaMás de 400 personas pueden acabar en la calle en los próximos 15 días, en lo que se ha descrito como el mayor desalojo de Catalunya. Por último, la jueza ha dado luz verde al desahucio del B9, el antiguo instituto abandonado de Badalona donde viven estas personas, la mayoría migrantes en situación irregular sin alternativa de alojamiento. El Ayuntamiento liderado por el popular Xavier García Albiol ha reiterado en numerosas ocasiones su voluntad de echarlos lo antes posible y ha advertido que sólo realojará a aquellos que ya estén bajo el radar de los servicios sociales, que son una minoría. "El B9 es el resultado de su política [de Albiol]", ha cargado Younous Drame, uno de los ocupantes del inmueble, este viernes en rueda de prensa en el Parlament, donde los representantes de los ocupantes del B9 han reclamado de nuevo una alternativa que no les empuje a vivir en la calle, especialmente ahora que las temperaturas han caído en picado.

De acuerdo con el auto del juzgado contencioso administrativo número 11 de Barcelona al que ha tenido acceso el ARA, el consistorio tiene un periodo de quince días para echarlos del recinto. La defensa de las personas que viven en el B9 ya ha presentado las medidas cautelarísimas en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para intentar frenar el lanzamiento, a la espera de presentar el recurso de apelación. Por el momento, el Ayuntamiento de Badalona no ha concretado el calendario sobre el desalojo ni ha valorado la decisión de la jueza de autorizarlo.

La juez avala la entrada de la policía y la participación de cerrajeros para el desalojo que, eso sí, deberá realizarse con la "mínima fuerza indispensable" y "siguiendo el protocolo de asistencia para las personas sin techo de los servicios municipales". De acuerdo con el auto, el Ayuntamiento tiene previsto un dispositivo de atención social el día del desalojo para "atender a aquellas personas que hagan una demanda social concreta", con técnicos especializados en sinhogarismo. En cambio, la Fiscalía considera que en el último año el consistorio no ha realizado "ninguna actuación dirigida a procurar una asistencia efectiva a las personas que se encuentran en el inmueble en el momento de su desalojo".

Sobre la posibilidad de derivar a estas personas a los servicios sociales de otros ayuntamientos, como los de Santa Coloma de Gramenet, Masnou o Barcelona, ​​el ministerio fiscal considera que la solicitud que hizo el Ayuntamiento estaba "totalmente vacía de contenido" y no ofrecía "ninguna ayuda material a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica" de la misma. La juez sostiene que se tendrán que adoptar las medidas de asistencia para personas sin techo de los servicios municipales y ofrecerles atención de emergencia social, ya que son personas en situación de vulnerabilidad, sin embargo, no impide el desalojo.

Riesgo para la salud

El auto incluye un informe del departamento de Patrimonio en el que se advierte de "la existencia de graves e inminentes riesgos para la salud y seguridad de los ocupantes, dada la insalubridad manifiesta y el riesgo de incendio por la modificación descontrolada de la instalación eléctrica y la existencia de bombonas de butano que improvisan una cocina en el interior". Por el contrario, la defensa de las personas que viven en el B9 advierte que, ante "la falta absoluta de alternativas residenciales y el riesgo evidente de sinhogarismo que supondría el desalojo masivo", hay que tener en cuenta que se les echaría en pleno invierno, cuando "las bajas temperaturas multiplican los riesgos para la salud y la vida de las personas desalojadas".

La convivencia en este espacio, que hace tiempo que hace corto por la demanda, evidencia la inacción en materia social del gobierno municipal. Albiol ha desalojado a casi todos los asentamientos de la ciudad, y lo ha hecho capitaneando un discurso estigmatizador y criminalizador. Este agosto los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre por matar a otro dentro del instituto a causa de una pelea. Algunos de los residentes del instituto abandonado ya explicaron al ARA que llevaban muy poco en el B9 y que prácticamente no los conocían, pero que no sabían a dónde ir y los acogieron. Tampoco los nueve casos de tuberculosis detectados en los últimos dos años en el edificio han suavizado el discurso de Albiol –que sigue empeñado en echarlos lo antes posible– a favor de la expulsión.

El departamento de Salut ya descartó que hubiera riesgo de propagación de la enfermedad, y adujo que todas las personas positivas han recibido el tratamiento, y el ARA comprobó el pasado noviembre que algunos de los ocupantes habían sido hospitalizados por esta enfermedad. Sin embargo, ya avisaban de que el número de residentes sería cada vez mayor mientras no se ofrecieran soluciones que vayan más allá del desalojo y que, por mucho que los echen del B9 o que Albiol los quiera expulsar de Badalona, ​​no se evaporarán.