"No cobro la jubilación porque me faltaban dos días cotizados"

BarcelonaNo todas las personas que tienen derecho a recibir una prestación social la cobran. Algunos ni siquiera la piden porque o bien no saben que tienen derecho a ella o ni siquiera hacen la solicitud por desconocimiento. Es el fenómeno conocido como non take-up o brecha de cobertura, dejando a miles de personas vulnerables sin protección. Se calcula que en Cataluña el 79% de las familias con hijos que podrían recibir el complemento por infancia no lo reciben; el 18% de las personas que cumplen los requisitos para la renta garantizada de ciudadanía no se benefician, y un 66% de los potenciales usuarios del ingreso mínimo vital (IMV) tampoco.

Es el caso de Juan Fernández, un barcelonés de 66 años a quien los confinamientos por la covid dejaron sin trabajo en un bar y no logró, con los trámites online, la atención adecuada para tramitar una renta para subsistir. En medio de este proceso, un cáncer diagnosticado pocos meses después le apartó definitivamente del mercado laboral, e inesperadamente la Seguridad Social le denegó la petición para cobrar la pensión de jubilación. "Me faltaban dos días por cotizar", explica. La administración no puso fácil resolver la situación y finalmente cobra una pensión no contributiva. Junto a su madre, suman entre ambos algo menos de 800 euros mensuales.

Para la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, la situación de estas personas que quedan al descubierto es una "pérdida de recursos para Catalunya", y constata que el sistema tiene muchos agujeros que imposibilitan que, pese al dinero invertido, las tasas de pobreza logren reducirse. De hecho, uno de cada cuatro catalanes vive en situación de pobreza, un porcentaje que se eleva a uno de cada tres en el caso de los niños.

Qué provoca este non take-up, es decir, ¿este dejar pasar una prestación o programa social que podría hacer la vida más fácil a los hipotéticos beneficiarios? Los factores son múltiples y van desde la fragmentación de más de un centenar de ayudas públicas hasta la suma de incompatibilidades entre ellas y los criterios opuestos en un circuito burocrático enrevesado para personas vulnerables. En un acto organizado este viernes por la Mesa del Tercer Sector con motivo del Día para la Erradicación de la Pobreza, la propia consellera ha rechazado los discursos que acusan a sectores sociales "de vivir de la pagueta" y ha admitido que "hay personas que no quieren ni oír hablar de las prestaciones aunque "debe complicar" porque "la gestión es muy necesaria" "pagos indebidos" por error administrativo.

Este es el error que afectó a Leire Simarro. Extutelada de la DGAIA, la joven estudia en la universidad y fue una de las destinatarias de las cartas de Derechos Sociales que exigían que devolvieran miles de euros por pagos indebidos, la mayoría de los cuales se debían a una falta de control oa retrasos en la gestión de estas prestaciones. En la misma jornada, Simarro ha subrayado las dificultades para comprender el lenguaje técnico de las cartas, que les empujó a la desesperación por tener que devolver entre 10.000 y 36.000 euros. Por último, pero la conselleria ha anunciado que perdonará la deuda, atendiendo a que la mayoría de estos jóvenes habían informado de los cambios de situación que les impedían seguir recibiendo la ayuda como extutelados.

Lenguaje burocrático

Montse Vilarrassa, de 45 años, que es miembro de la asociación Down Catalunya y tiene un largo currículum laboral, también ha puesto nombre a las barreras que pone la administración a la hora de pedir una prestación o dirigirse a ella para cualquier consulta. Un lenguaje administrativo complejo, la falta de material en lectura fácil, las pocas facilidades para ayudar a entender instrucciones escritas u orales, trámites online poco accesibles, certificados y claves con identificación, citas previas obligatorias que requieren gestión online o tiempo de espera excesivo y poca formación o empatía de los profesionales para atender a las personas con discapacidad intelectual son algunos de los agravios,

El Gobierno tiene en cartera ordenar el largo catálogo de prestaciones para hacerlas más claras y compatibles y, a partir del próximo año, se ha comprometido a impulsar la ventanilla única para el IMV y la RGC, que también debería ser compatible con un trabajo para incentivar que los beneficiarios entren en el mercado laboral. La consellera ha dicho que las prestaciones son la mejor vía para acabar con las desigualdades sociales, ya que los impuestos sólo redistribuyen un 2% de la riqueza. ¿Cómo hacer que el sistema sea más eficiente? La fórmula es avanzar hacia la universalización, como ya hacen países como Italia, ha señalado el presidente de la Mesa, Xavier Trabado.