El tercer sector de Catalunya va a la huelga para reclamar la equiparación salarial
CCOO y UGT denuncian que la patronal destina el dinero para aumentar salarios a otros servicios
BarcelonaLos trabajadores del tercer sector social están llamados este miércoles a una huelga de 24 horas –convocados por los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT– para reivindicar la equiparación salarial con la plantilla contratada por la administración pública. La protesta es el primer acto de movilizaciones, ya que se prevén paros parciales de 15 minutos en los centros de trabajo los miércoles 15 y 29 de julio del 2026.
En el centro del conflicto está el acuerdo sectorial que el departamento de Derechos Sociales, los sindicatos y la patronal firmaron el 6 de mayo, el cual fija que se recortará en los próximos cuatro años la brecha salarial entre ambos colectivos. La diferencia se sitúa de media en el 37% en favor de funcionarios y personal laboral, aunque en ámbitos como el de las residencias se duplica hasta el 66%, según datos de la Generalitat.
A través de este acuerdo, la Generalitat se compromete a garantizar la equiparación gradual de los salarios de 120.000 trabajadores, contratados por empresas sociales y fundaciones sin ánimo de lucro subcontratadas por la administración. Para ello, el Govern invertirá 150 millones de euros anuales hasta el 2030, a condición de que este dinero extra vaya a parar íntegramente a las nóminas del personal.
Con todo, los sindicatos acusan La Confederación (la patronal del tercer sector) de destinar las partidas a financiar otros servicios de las empresas, con lo que se rompe el pacto alcanzado por ambas partes. Entre las reivindicaciones, pues, está que el 100% del presupuesto transferido para la equiparación salarial llegue directamente a los sueldos, sin topes ni dobles escalas.
La violencia machista, excluida del acuerdo
En este marco de negociaciones, las trabajadoras de la red de violencias machistas denuncian que quedan fuera del acuerdo, ya que dependen del departamento de Igualdad y Feminismo y no del de Derechos Sociales, que es el que ha rubricado el pacto. El pasado mayo, la Generalitat contó que las plantillas de estos servicios se verían beneficiadas, pero a la hora de la verdad, no han conseguido ninguna mejora, aseguran las profesionales. "La igualdad de derechos laborales no puede depender de la estructura administrativa que gestiona cada servicio", se quejan, y califican su situación de "discriminación". En este punto, reclaman del departamento que dirige Eva Menor que se posicione públicamente y se involucre para incluir estos servicios en el acuerdo.