La eutanasia supera todos los obstáculos políticos y será legal en España dentro de tres meses

BarcelonaLa eutanasia será legal en el estado español dentro de tres meses después de que hoy el Congreso de los Diputados haya aprobado definitivamente la despenalización propuesta por el PSOE, que ha recibido el apoyo de la mayoría de formaciones y solo los votos en contra del PP y Vox. En total, 202 diputados han votado a favor, 141 en contra y dos se han abstenido. La ley permite que un médico pueda ayudar a morir a un paciente que lo haya pedido previamente en caso de que este sufra una enfermedad grave, incurable, crónica o que no se pueda valer por si mismo. Con este cambio histórico, el estado español se convierte en el cuarto país europeo, después de Holanda, Bélgica y Luxemburgo, y el sexto de todo el mundo que regula la muerte asistida.

La ley ya había superado en diciembre pasado una primera votación en el Congreso y también otra en el Senado, donde se aprobó pero proponiendo algunos cambios al texto inicial. Esta mañana, el Congreso ha dado el visto bueno a todas aquellas enmiendas. Dos de los cambios más polémicos propuestos por el Senado -y ya aceptados con la votación de esta mañana- son el de permitir que los médicos puedan practicar la eutanasia aunque los familiares se opongan a ella siempre que el paciente lo hubiera pedido previamente, y el de incluir en una lista el nombre de los médicos que se nieguen a practicarla, puesto que tendrán esta opción.

"La ley vuelve peor de cómo se marchó", ha lamentado el diputado del PP José Ignacio Echániz. El diputado, que ha advertido de que España corre el riesgo de tener "turismo eutanásico", ha asegurado que la petición de eutanasia de los pacientes se hará "desde la depresión [...], desde la falta de plenas facultades", y ha defendido que "cuando estas personas son tratadas, el deseo de morir desaparece". El diputado conservador también ha criticado que la ley incluya "la intimidación de una lista negra" con el nombre de los médicos que se nieguen a garantizar el derecho a la muerte de sus pacientes.

Por el contrario, la mayoría de partidos han celebrado el paso que da hoy España. La diputada socialista que ha defendido la iniciativa, la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo, ha asegurado que la ley respeta la libertad "individual, las creencias y los valores" de cada uno, y ha leído una frase de Fernando Cuesta, un asturiano enfermo de ELA que tuvo que viajar hasta Suiza (donde la eutanasia se considera alegal) para poder morir: "Quien quiera vivir que viva, pero que nos dejen al resto morir dignamente". La intervención de la diputada socialista ha sido muy aplaudida, dada la importancia de la votación.

Pedirlo hasta cuatro veces

Con la nueva ley, los pacientes que lo deseen tendrán que dejar por escrito, antes de llegar a un hipotético momento de no ser consciente para pedirlo, que quieren que se les practique la eutanasia, y que sea un representante legal quien lo solicite. Para intentar garantizar que el paciente no se precipita, lo tendrá que pedir hasta cuatro veces. Después de pedirlo por primera vez, el médico estará obligado a explicarle, antes de que pasen dos días naturales, cuáles son las posibilidades terapéuticas y sus resultados esperables y cuáles son las posibles curas paliativas. Si el paciente lo vuelve a pedir, el médico le resolverá todas las dudas posibles y, si lo pide una tercera vez, el médico lo tendrá que comunicar al resto del equipo y, en caso de que el interesado quiera, también a sus familiares. Hará falta un papel firmado. El profesional sanitario tendrá que trasladar la demanda a un médico consultor que estudiará el expediente, consultará al paciente y lo examinará. Si se cumplen todos los requisitos, lo tendrá que elevar a la Comisión de Garantía y Evaluación. Si la resolución es positiva, el paciente tendrá que decidir si se toma él mismo la sustancia mortal o si se la administra el equipo médico.

La normativa estipula que tendrán derecho a la eutanasia las personas mayores de edad "en plena capacidad de obrar y decidir" que estén sometidas a un "sufrimiento físico o psíquico que consideren intolerable" a consecuencia de una "enfermedad grave e incurable con un pronóstico de vida limitado o un sufrimiento grave, crónico e imposibilitante, sin posibilidad de cura o mejora". Hay que tener la nacionalidad española, la residencia legal en España o el certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a un año.