La falta de papeles dificulta la vacunación de los temporeros en el Segrià

LleidaLa vacunación de los trabajadores agrarios en Lleida inmersos en la campaña de la fruta ya hace un mes que dura. La situación es radicalmente opuesta a la que se vivió el verano pasado, cuando los brotes y la propagación de los contagios de covid-19 obligaron a confinar todo el territorio a mediados de julio. Pero la campaña de inmunización no está resultando fácil ni está llegando a todo el mundo por igual. Los temporeros que no tienen papeles no están incluidos en el plan de vacunación que Salud ha desplegado y que, en palabras de la regidora de Personas y Comunidades del Ayuntamiento de Lleida, Mariama Sall, "tiene como prioridad a los trabajadores con contrato".

De estos, hay 7.800 que ya han recibido la vacuna (se les administra la monodosis de Janssen para acelerar su inmunización) pero, a pesar de todo, son habituales los miedos y las dudas sobre si la punzada les permitirá continuar trabajando. Amary, un trabajador de la fruta, explica al ARA que, a pesar de que su jefe le ha informado de que lo llamarán para saber si quiere recibir la vacuna, todavía no tiene claro qué hará, porque le da miedo cuando piensa en los familiares y amigos que dependen de él. “Muchos querríamos no tener que vacunarnos porque la información que nos llega es dispersa y confusa”, lamenta.

La plataforma Fruita amb Justícia Social calcula que a Lleida llegan entre 30.000 y 40.000 temporeros al año. De estos, entre 20.000 y 30.000 vienen con la contratación hecha en origen o con el permiso de trabajo; aun así, tampoco es garantía de nada. Los riesgos que comporta la situación de pandemia se añaden a las situaciones de precariedad que sufren muchos trabajadores y que hace años que se arrastran. A pesar de que la mayoría encuentran, en el mejor de los casos, familiares o compatriotas para compartir vivienda, muchos no tienen lugar para dormir. Es el caso de Ansumana, un inmigrante en situación irregular que vive en la calle: “Sin papeles no se puede trabajar, pero tampoco te dan asilo”, lamenta. Se calcula que actualmente podría llegar a haber en el Segrià un total de 2.000 temporeros sin techo.

Las cifras oficiales sobre cómo avanza la vacunación son inexistentes en el caso del colectivo sin papeles y las estimaciones vienen de las entidades sociales. Según la jefa de comunicación de la región sanitaria de Lleida, Àrit Roig, Salud contacta con estas entidades para que les "faciliten el número de dosis necesarias, y después se organiza la vacunación”. Por otro lado, especifica, “está la detección de los asentamientos ilegales que se efectúa a través del Consejo Comarcal del Segrià y de la Cruz Roja”, que también se encarga de la sensibilización y el cribaje. De momento, solo se han vacunado unas 560 personas repartidas entre el albergue Jericó, el comedor social de Panera, la Fira de Lleida, la Acadèmia Mariana, la mezquita de Lleida y la Hostatgeria de Sagrada Familia de Cervera, así como pisos de inclusión social y asentamientos ilegales. Aun así, todavía no saben cuándo podrán dar por finalizado el proceso porque van tirando a medida que les llegan nuevos datos. La previsión para estos días es seguir con la vacunación en la Fira de Lleida y la campaña de la Fundación Arrels.

La llegada masiva de temporeros y de los que buscan una oportunidad, y la falta de una planificación para acogerlos por parte de las diversas administraciones implicadas, hace que se tengan que amontonar en pisos sobreocupados o que duerman en la calle, mientras ayuntamientos y sector no se pongan de acuerdo sobre quién paga el qué. Según explica Gemma Casal, de Fruita amb Justícia Social, “los agricultores están obligados por ley a proporcionar alojamiento a los trabajadores que vivan a más de 75 kilómetros de distancia de su puesto de trabajo; en cambio, pisos que podrían ir destinados a alquiler social se están dando a temporeros cuando los tendría que poner la patronal”.

La gestión de la situación de las personas que llegan sin papeles ni recursos a Lleida tensiona las administraciones locales, que acaban resultando determinantes a pesar de que no tienen competencias para expedir o aprobar permisos de trabajo (es el Estado quien se encarga). En cambio, son los ayuntamientos quienes se encargan del día a día, del acceso a los servicios sociales y de garantizar a estas personas el servicio de primera acogida.

La realidad detrás las cifras

Ansumana (1966, Gambia) es un inmigrante a quien hace poco le denegaron la solicitud de autorización de residencia de larga duración. Después de haber estado cinco años con un permiso en regla, y mientras intenta solucionar este trámite, duerme en la calle. Hace cuatro meses que su casa son los porches que hay a la entrada del espacio ferial de Camps Elisis. Habilitado como un lugar de acogida, el día de la puesta en marcha del pabellón Ansumana fue a solicitar asilo, pero se lo denegaron. A cambio, le ofrecieron un servicio de ducha y un espacio para poder guardar pertenencias. “Cuando pedí alojamiento me contestaron que solo era para los trabajadores de la campaña", comenta.

Amary (1980, Senegal) es un inmigrante que llegó a España en patera hace quince años. Al poco de llegar a tierra, lo deportaron. Tuvo que esperar veinte días para volver por falta de fuerzas. “La primera vez éramos 112 personas en una barca algo más grande que una Zodiac; la segunda, 64. Nos arriesgamos a morir en el mar porque necesitamos tener una vida mejor”, explica. Tiene dos hijos, una mujer y siete hermanas en Senegal que actualmente dependen de su salario. Dispone de permiso de residencia y está trabajando en el campo con su jefe, Miquel Sales, a quien reconoce el mérito de haberle tramitado los papeles: “No es nada fácil conseguir que un empresario apueste por ti. Él lo hizo y le estoy muy agradecido”. Hoy él es la otra cara de la moneda, pero ha tenido que pasar una pesadilla y esperar nueve años para regularizar su situación.