La falta de trabajadores forestales, el escollo para los grandes planes antiincendios
El presupuesto aumenta, pero el sector catalán tiene problemas para gestionar la creciente masa boscosa
Santa Coloma de GramanetSin profesionales que trabajen el paisaje, los gobiernos están abocados a realizar un recuento anual de hectáreas quemadas cada vez más extenso. La crisis climática, el despoblamiento rural y el hasta ahora modesto presupuesto dedicado al sector forestal han ido abonando el terreno para que los incendios sean cada vez más frecuentes, imprevisibles y virulentos. Lo que se conoce como megaincendios –difíciles de detener para los humanos y la maquinaria– han provocado focos incontrolables y simultáneos en el noroeste de la Península, y devastadores en Cataluña, como el de la Segarra, o el del Parque Natural de Els Ports, ambos con víctimas mortales. Ante estas tragedias, el debate se centra en los planes de prevención de incendios: son suficientes, adecuados y bien financiados?
El gobierno español prepara un pacto de estado –sin un compromiso presupuestario concreto– para mitigar los efectos de la crisis climática, entre ellos el riesgo de grandes fuegos. En este sentido, el ejecutivo de Pedro Sánchez sacaba pecho esta semana en el Senado de haber aumentado sin precedentes el presupuesto destinado a esta cartera. Según datos del ministerio para la Transición Ecológica, cuando el PSOE llegó a Moncloa, en junio del 2018, había presupuestados 13 millones en prevención de incendios y 77 en extinción. Este año, estas cifras son de 26 y 108 millones respectivamente.
Pero la declaración sobre la gestión de los grandes incendios, impulsada por la Fundación Pau Costa y con el apoyo de asociaciones, científicos y gobiernos, pone de manifiesto la urgente necesidad de invertir 1.000 millones de euros anuales para gestionar, como mínimo, el 1% de la superficie forestal en España. "Una inversión que debe ser periódica y constante para que sea efectiva", remarca Jorge Aguado, especialista del programa de bosques de WWF España. Sin embargo, mayoritariamente el presupuesto estatal para incendios se destina a coordinación y recursos de apoyo, ya que las competencias en materia de incendios están delegadas. La inversión autonómica se convierte en la columna vertebral de la gestión.
En Cataluña, la Generalitat ha presupuestado unos 18 millones de euros anuales en el Plan de Prevención de Incendios Forestales 2022-2025, el triple que años anteriores. El viernes, el presidente Salvador Illa aseguraba que minimizar el riesgo de incendio debe ser una política de país, "con medidas y recursos de todas las consellerias", y admitía la necesidad de realizar un "cambio de mentalidad" para reducir la masa boscosa, que ya representa el 65% de la superficie. "Si hay actividad económica, habrá gestión de la masa forestal, que deberemos complementar públicamente", defendió. Un discurso que deja entrever la voluntad de reavivar el sector agrícola y ganadero, sin relieve generacional garantizado. El objetivo del Govern es "dejar Catalunya preparada" para hacer frente a los incendios de sexta generación, según ha dicho este domingo la consellera de Territorio, Silvia Paneque, que ha apuntado que para ello harán falta "modificaciones normativas" que se anunciarán más adelante.
Gestión público-privada
El jefe del Servicio de Planificación para la Prevención de Incendios Forestales en la dirección general de Bosques de la conselleria de Agricultura, José Ángel Terés, deja claro que ya se están dando pasos para revertir la inflamabilidad del territorio, pero que no se puede cambiar la política forestal de la noche a la mañana. "Los presupuestos van aumentando, pero no se está pudiendo ejecutar todo lo previsto", avisa. Ni multiplicando por diez los recursos podría llevarse a cabo un plan óptimo a corto plazo. "No todo es dinero: no tenemos suficientes trabajadores forestales", afirma.
El sector forestal privado y las entidades ecologistas llevan décadas reclamando políticas que faciliten el aprovechamiento sostenible del bosque –biomasa, pasto, madera– y reactiven la economía rural para mantener la masa forestal aseada y, así, reducir el riesgo de incendios. Preparar el paisaje implica crear caminos y áreas libres de vegetación en torno a núcleos urbanos, carreteras e infraestructuras críticas; hacer desbroces y podas que reduzcan la vulnerabilidad del terreno, y diversificar el paisaje con mosaicos de cultivos, pastos y bosques. Todo esto facilita el acceso de los equipos de extinción a zonas críticas en caso de incendio.
El director de planificación antiincendios de Catalunya destaca la anticipación de fenómenos meteorológicos adversos, que permite actualizar mapas de peligro, así como la intensificación de la lucha contra las causas de estos fuegos con los Agentes Rurales, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil. Ahora bien, admite que la preparación del paisaje y el impulso al trabajo rural son difíciles de alcanzar de inmediato.
Uno de los problemas que señala es que el 75% de la superficie es privada: "A menudo no encontramos al propietario ni a la persona adecuada para acordar intervenciones paisajísticas". El despoblamiento rural ha provocado que mucha gente no sepa que es propietaria de terrenos. Muchos directamente no están interesados en poner recursos, lo que contribuye a la creación de paisajes continuos que favorecen la quema de miles de hectáreas.
¿Menos presión fiscal?
El presidente del Consorcio Forestal de Cataluña, Rosendo Castelló, explica que la Generalitat ha incrementado las ayudas para gestionar los bosques, pero admite que queda mucho margen de mejora. "Se ha empezado a hacer prevención de forma más sistemática, y entre un 20% y un 30% del terreno se gestiona adecuadamente. Pero existe un claro déficit de economía forestal y de ayudas a los propietarios, que acaban haciendo el trabajo sin retorno alguno", afirma.
La declaración de Pau Costa defiende que es necesario disminuir la presión fiscal para los habitantes y gestores del mundo rural para incentivar su trabajo. De hecho, existe una propuesta desde los sectores forestales y medioambientales para deducir el 20% en el IRPF para las inversiones y gastos en fincas forestales que tengan un instrumento de ordenación forestal (IOF). "Son inversiones supervisadas y controladas que, a la larga, el Estado recuperaría vía IRPF con la seguridad social de los trabajadores forestales que contratamos a los propietarios", afirma Castelló.
Desde hace cuatro años, las asociaciones de propietarios que definen zonas donde urge actuar por riesgo de incendio de acuerdo con el Gobierno y los Bomberos pueden optar a dotaciones de 4,5 millones de euros al año. "Pero hablamos de 150.000 hectáreas estratégicas", lamenta Castelló, que recuerda que siempre se deben ir realizando labores de mantenimiento. "Tener un bosque ordenado responde a un interés público que debe compensarse. Los propietarios necesitan un impulso inicial público", afirma. Así, defiende que podrían recuperar empleados muy bien formados, pero que se fueron porque están mal pagados o que los propios propietarios tuvieron que despedir.
Prevenir antes de extinguir
Históricamente, se ha priorizado la financiación pública a la extinción de incendios en detrimento de la prevención. Terés recuerda que adecuar helipuertos, comprar maquinaria o contratar a bomberos son medidas contra los incendios esenciales, pero útiles una vez los fuegos ya están declarados. "Los fuegos de sexta generación son inapagables con medios, es necesario un cambio de condiciones meteorológicas. Por eso, poner más brigadas y personas a luchar contra él no es la solución", apunta.
Según Aguado, la menor visibilidad de la prevención hace que se decida comprar más hidroaviones que incentivar el trabajo en el campo –aunque la segunda opción es más rentable– y denuncia que las inversiones responden a la presión pública por grandes desastres y no a una planificación estructural. "No apagaremos todos los fuegos, pero la prevención ayudará a que haya pocos y podamos concentrar recursos de extinción", concluye Terés.