El Govern ha cobrado el 5% de las multas del primer estado de alarma

BarcelonaEl Govern solo ha cobrado 8.000 multas –el 4,7%– de las 170.000 que los Mossos d'Esquadra y las policías locales pusieron en el primer estado de alarma, entre el 14 de marzo y el 21 de junio. A pesar de que ya ha pasado medio año desde que acabó aquel periodo, hasta ahora se han tramitado poco más de la mitad de las sanciones, unas 90.000. El departamento de Interior asegura que tiene margen para sacar adelante las que faltan porque todavía quedan unos meses antes de que prescriba el grueso de las denuncias, pero hay dudas de que todas puedan tener recorrido. Desde junio la gestión de las multas por saltarse las restricciones contra el covid-19 la ha asumido el departamento de Salud, que, consultado por el ARA, no ha dado ningún balance de cuántas ha tramitado y cobrado en la segunda y tercera oleada.

¿Qué pasa con las 80.000 sanciones que continúan pendientes del primer estado de alarma? La respuesta de Interior es que a pesar de que se ha reforzado la plantilla debido a este colapso sobrevenido –en un año habitual se gestionaban 35.000 denuncias–, se necesita tiempo para abrir cada expediente. Como gran parte de las multas que ha tramitado Interior se consideran leves y se amparan en la ley de salud pública, tendrían que prescribir después de un año, pero el estado de alarma paró los plazos administrativos durante dos meses y por eso, como muy pronto, pueden empezar a prescribir a finales de mayo de este año.

Ahora bien, el catedrático de derecho procesal de la Universitat de Barcelona Jordi Nieva-Fenoll atribuye la lentitud al hecho de que la base jurídica de las denuncias "es débil". Critica que no se haya respetado el principio de tipicidad: "Las sanciones tienen que estar preestablecidas. No se puede depender de cada policía en cada caso. No se puede dejar tanto margen al criterio de la autoridad". El profesor de derecho administrativo de la Universitat de Girona Josep Maria Aguirre añade que se han puesto unas multas "más genéricas". Según los dos expertos, esto ha provocado "arbitrariedad" a la hora de denunciar.

De hecho, durante el primer estado de alarma se repitió que las infracciones se basaban en la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza. En cambio, la realidad es que después, cuando se han tramitado, Interior ha utilizado mayoritariamente la ley de salud pública: acostumbra a poner multas leves de 300 euros que si se pagan al cabo de pocos días se reducen a 180 euros. A pesar de que algunas comunidades autónomas sí que han optado por la ley mordaza –entonces las denuncias leves suben a los 601 euros pero hay que demostrar que se ha desobedecido–, el Govern no la ha usado tanto. "Para poner una multa por desobediencia –explica Nieva-Fenoll–, primero ha de haber un requerimiento; es decir, un agente tiene que pedir a alguien que se ponga la mascarilla, y si no le hace caso después lo puede sancionar".

El cambio a partir de agosto

"Aplicar la ley de seguridad ciudadana es una aberración. La ley de salud pública es menos escandalosa, pero igualmente no se ajusta porque faltaba un régimen sancionador específico", opina la abogada de derecho administrativo Maria Vila. El primer estado de alarma no incluía ningún régimen sancionador y no fue hasta después de la primera oleada, en agosto, que la Generalitat arregló el lío con el decreto ley 30/2020, que regula las multas del covid. Esta normativa precisa las infracciones, como por ejemplo la obligatoriedad de llevar mascarilla, a pesar de que no se puede utilizar de manera retroactiva.

Desde Interior admiten que no todas las 80.000 sanciones que continúan pendientes saldrán adelante porque algunas no están lo "bastante acreditadas", pero por ahora no concretan qué porcentaje suponen. También reconocen que no todas las 90.000 multas que ya se han tramitado se acabarán cobrando porque las personas que las reciban pueden presentar alegaciones y demostrar que no cometieron ninguna infracción. A pesar de esto, Vila valora que Interior ha sido habilidoso al poner denuncias leves –la gran parte de las 8.000 que se han cobrado–, porque "la mayoría de gente dirá que por 300 euros no recurre". Si se hacen alegaciones contra las sanciones se pierde la rebaja a 180 euros y para llevarlas a los tribunales hacen falta abogados. Vila recuerda que primero el Govern tiene que resolver las alegaciones y después se podrá ir a los juzgados.

Mientras que Interior trata sacar adelante las multas pendientes de la primera oleada, es Salud quien se ocupa de que se cumplan las restricciones desde el verano –debería de haberlo hecho de salida ya que las infracciones son por una crisis sanitaria, a pesar de que desde el Govern se acordara hacerlo así–. Aguirre cuestiona este traspaso entre Interior y Salud viendo la base jurídica que se ha aplicado. "Quisieron aprovechar la maquinaria administrativa de la policía para multar y optaron por la desobediencia a la autoridad, pero no tenía recorrido jurídico y después optaron por la ley de salud pública, que es lo que tenían que haber hecho desde el principio", apunta Aguirre. Ahora bien, Salud no tiene la estructura de Interior y solo se han destinado un centenar de abogados a gestionar las sanciones. Los miles de denuncias que se continúan poniendo han causado un colapso y, para desatascarlo, a finales de diciembre la Generalitat aprobó que Salud incorporara 300 funcionarios más entre administrativos y letrados dedicados a hacer este trámite.