Huelga en los Servicios Sociales de Barcelona: "Estamos haciendo de escudo de todas las administraciones"

Los trabajadores de los Servicios Sociales de Barcelona no llegan a todo. La lista de agravios es larga y se extiende por la gran mayoría de barrios. Tanto es así que para el lunes 7 de junio han convocado una huelga en toda la ciudad. Pero este viernes los trabajadores de los Servicios Sociales del Raval, unos de los que están sometidos a más presión, ya han hecho una primera parada. "Desde la crisis de 2008 trabajamos con mucha presión asistencial y con una grave falta de recursos dignos para realojar a las familias desahuciadas", ha denunciado Verónica González, la encargada de leer el manifiesto. La lectura se ha hecho desde la plaza Pedró, donde está la sede de los Servicios Sociales del Raval Sur y donde hace quince días se cruzó una frontera que siempre hasta ahora siempre se había respetado: un grupo de manifestantes fueron directamente a la sede para protestar contra el desahucio de una familia y en un momento de tensión intentaron acceder, pero el vigilante de seguridad roció con gas pimienta a los activistas. Hasta ese día ya se habían producido ataques contra alguna sede de los Servicios Sociales en diferentes barrios, pero nunca con esta dureza.

Algunos movimientos sociales les reprochan a ellos la falta de ayudas a las familias y también los desahucios que se ejecutan constantemente, entre otros motivos porque están obligados a participar, puesto que el juez los obliga por escrito a auxiliar a la comitiva judicial. Esta situación solo se produce en Barcelona, por un acuerdo firmado por el gobierno del alcalde Xavier Trias en 2013 con la Generalitat, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el Colegio de Abogados de Catalunya y el Colegio de Procuradores. La alcaldesa Ada Colau se comprometió a modificar este pacto y la concejala de Servicios Sociales del primer gobierno de los comuns en la ciudad, Laia Ortiz, incluso anunció en 2018 que revocarían el acuerdo. Pero todavía está vigente. De hecho, el tercer punto del manifiesto que esta mañana ha leído Verónica González en la plaza Pedró exige "no ir a los desahucios a auxiliar a la comitiva judicial y que la alcaldesa rompa el acuerdo entre el Ayuntamiento de Barcelona y los juzgados".

"No podemos estar asistiendo a una familia, ir el día del desalojo a auxiliar a la comitiva judicial y después seguir trabajando con esta familia", ha denunciado uno de los participantes en la protesta de esta mañana, Pau Gil. Este funcionario critica que los informes de vulnerabilidad que constantemente redactan y envían a los juzgados "no se tienen en cuenta" y no sirven para parar los desahucios. "¿Por qué los informes de los médicos sí se tienen en cuenta y los nuestros no?", pregunta.

Gil asegura que la situación es cada vez más insostenible: "Durante la pandemia hemos tenido aquí cada día a 400 personas haciendo cola para pedir comida. Las hay que ni piden ayudas porque ni siquiera saben que tienen derecho a ello –lamenta–. Estamos haciendo de escudo de todas las administraciones. Cuando algo no funciona, lo derivan a los Servicios Sociales".

Hoy los trabajadores de los Servicios Sociales de toda la ciudad hacen una asamblea en la Plaça Sant Jaume para acordar nuevas movilizaciones.