Cataluña queda fuera del reparto de menores migrantes pero se ofrece a acoger a una treintena.

BarcelonaEl gobierno español ya ha decidido dónde y con qué recursos se trasladarán los 3.975 menores extranjeros no acompañados que ahora están en Canarias, en Ceuta y en Melilla esperando una directriz. Tal y como se preveía, ni Catalunya ni País Vasco formarán parte de este reparto autonómico por "el esfuerzo de acogida realizado hasta ahora" y, en cambio, la mayoría de estos jóvenes se reubicarán en Andalucía (677), Madrid (647) y la Comunidad Valenciana (571), según explicaron fuentes del ministerio de Juventud e Infancia.

Estos cálculos son de máximos y es posible que no se realicen todos los traslados, pero fuentes gubernamentales aseguran que el Estado cubrirá los gastos derivados del acogimiento, como mínimo, los tres primeros meses con un fondo de 100 millones de euros, cuyo grueso se repartirá entre Canarias (8) (8,8 M€).

La lista de comunidades que tendrán más menores a cargo se completa con Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Cantabria (156)4, Astur (118) y Baleares (49). En cuanto a los fondos, la Comunidad Valenciana recibirá 7,4 M€ y Castilla-La Mancha y Galicia, 4,1 M€ cada una.

Catalunya no sale a los directorios porque ya ha estado recibiendo a criaturas durante todo este tiempo y en anteriores repartos, lo que ha llevado a su sistema a una situación "tensa", según el ejecutivo de Pedro Sánchez. Sin embargo, la Generalitat ha anunciado su intención de atender, como mínimo, al mismo número de menores que en otras campañas de acogida: 31.

A estos 3.000 menores pendientes de reubicar hay que sumar a los 850 de Canarias que son solicitantes de asilo y que serán acogidos por la red estatal de protección internacional, de acuerdo con la orden emitida por el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo.

Reproches contra Cataluña y Euskadi

Fuentes del ministerio han destacado que este sistema de derivación de jóvenes quiere garantizar un equilibrio entre los distintos territorios, teniendo en cuenta el esfuerzo previo y el número de plazas creadas. "Hasta ahora han existido enormes brechas entre los distintos sistemas, con algunos que han hecho un buen trabajo previo y otros que no lo han hecho. Y este real decreto quiere corregir estas diferencias históricas", explican. El gobierno español ha agradecido la buena disposición de Catalunya, que "voluntariamente han decidido participar de la acogida", y ha subrayado que lleva meses trabajando para convencer a otras autonomías, especialmente las gobernadas por el PP, que están imponiendo un "bloqueo sistemático".

Las reacciones no se han hecho esperar y la mayoría han ido en contra, precisamente, de la exclusión del reparto de Catalunya y Euskadi. Desde Madrid, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce, ha acusado al ministerio de "cocinar unos criterios subjetivos para dejar fuera del reparto ilegal de menores en el País Vasco y en Catalunya, atendiendo sólo a criterios de salvamento del sanchismo", y ha señalado en un mensaje a X que los servicios forzoso es "inconstitucional".

La Xunta de Galicia ha calificado directamente de "imposición injusta y arbitraria" el hecho de tener que hacerse cargo de otros 317 menores, ya que "el sistema autonómico de protección ya tiene una sobreocupación del 108%", y ha asegurado que "Galicia no aceptará" la decisión.

En este sentido, la Generalitat valenciana también ha utilizado el "colapso" del sistema después de haber atendido a más de 900 menores no acompañados el año pasado y ha denunciado que Sánchez está haciendo un "chantaje institucional" para obligarles a aceptar a 571 jóvenes más "a cambio de mantener sus apoyos".

También la presidenta del gobierno balear, Marga Prohens (PP), criticó que el ejecutivo reconozca "la sobreocupación de la acogida" en las islas y, aun así, los incluya en el reparto. "Nos opondremos y recurriremos a todos los medios a nuestro alcance, como el recurso al decreto en el Constitucional, para que no se haga efectivo. No podemos más", ha dicho.