Seis personas han muerto en las últimas horas en la ruta canaria, concretamente en dos de los cuatro cayucos llegados a la isla del Hierro con 284 ocupantes, entre ellos al menos 15 menores de edad. El pasado año, según el movimiento Caminando Fronteras, la ruta atlántica se cobró un millar de vidas. La primera de estas cuatro embarcaciones llegó a La Restinga (en la isla de El Hierro) auxiliada por la Salvamar Adhara anoche con 67 personas a bordo, tras cuatro días de travesía desde Mauritania. El segundo cayuco tuvo que ser rescatado a pocos kilómetros de la costa y llevaba 74 personas. La tercera barcaza tocó tierra con 81 hombres, de los que 12 tuvieron que ser evacuados al hospital, y la cuarta embarcación también tuvo que ser auxiliada hasta llegar al puerto.
Pasar 14 meses en una cárcel canaria acusado, sin pruebas, de tráfico de personas
Iridia y Novact denuncian la indefensión de los migrantes, adultos y menores, que llegan a Canarias
BarcelonaTan sólo unos minutos después de llegar a un puerto de Canarias, a Ismael Ouattara le encerraron en una cárcel, acusado de traficar con personas. Las mismas personas con las que había realizado el trayecto de 17 días entre la costa occidental africana y el archipiélago español, entre ellas su hija pequeña. Ouattara fue identificado como el patrón de la barca y estuvo encarcelado de forma preventiva 14 meses, con "la única prueba" del teléfono móvil que llevaba encima. No fue hasta tres años después de que su causa fue archivada por falta de pruebas que le incriminaran ni le identificaran como el patrón de la barca. Durante el tiempo que permaneció cerrado no tuvo ningún asesoramiento jurídico ni asistencia en su idioma para explicarle cuáles eran exactamente las acusaciones. También le separaron de su hija, con todo el dolor añadido que esto supone sobre la incertidumbre de su estado.
Ouattara ha puesto voz a las vulneraciones de derechos de las personas migrantes en Canarias, que han recogido en un informe coordinado por las ONG catalanas Novact e Irídia. El estudio se ha presentado en Barcelona y constata las deficiencias en los sistemas de identificación de los migrantes en los centros de acogida y en la desprotección que sufren los niños y adolescentes, contradiciendo todas las convenciones y leyes que reclaman una especial atención para ese grupo tan vulnerable.
El de Ouattara, activista de derechos humanos y mediador cultural, es un caso que se repite a menudo, según denuncian ambas entidades, que recogen otros testimonios similares: la policía señala a los migrantes como patrones de las embarcaciones y, sin autorización judicial alguna , les revisa el móvil para intentar encontrar contactos que les ayuden a reforzar las acusaciones de tráfico ilícito de personas. la cárcel, los hechos no son investigados, pero refuerzan la falsa creencia de que los migrantes forman parte de las mafias. para buscar una vida mejor.
De este tratamiento no se escapan ni los adolescentes ni las criaturas. Las entidades vuelven a denunciar la falta de personal especializado en atender a la infancia en los dispositivos de acogida y señalan que los errores en la identificación hace que muchos de estos menores acaben en los Centros de Atención Temporal para Extranjeros (CATE). En estos centros no se permite la presencia de personal de Unicef y sólo el de Save the Children puede entrar si es requerido por la Policía Nacional. Y aunque son locales diseñados para que en 72 horas se haga la identificación de los migrantes, según Leticia Marthe, de la Red de Solidaridad de Lanzarote, "es difícil saber cuánto pasan". Al menos, 15 chicos menores de edad están en las cárceles acusados de ser los patrones de las embarcaciones.
Las detenciones de migrantes llegados por vía marítima de forma irregular se han casi cuadruplicado desde 2018, según los datos presentados, y según las entidades la tendencia responde a "una lógica de criminalización y de castigo" de las personas migrantes .
A partir del examen de las sentencias judiciales de estos detenidos que hace el abogado de Cáritas Daniel Arencibia, se concluye el alto porcentaje de conformidades que existen. Concretamente, 7 de cada 10 causas terminan con una sentencia condenatoria por un pacto entre la fiscalía y el acusado, pero para ambas entidades éste hecho evidencia la "inseguridad jurídica" de los migrantes: de la indefensión por las dificultades de acceder a un abogado en el aislamiento o el uso sistemático de las prisiones preventivas como medida cautelar, que no se utilizó, por ejemplo, para los refugiados ucranianos. “En la cárcel hay demasiada gente que firmó conformidad porque estaban cansados y no tenían defensa y al final saben que se ahorrarán el tiempo de espera de un juicio.