El jefe de los antidisturbios de la Policía Nacional durante el 1-O se salvará del juicio

La Audiencia de Barcelona ha rechazado investigar a los altos mandos de la Policía Nacional por las cargas del 1-O porque entiende que no ordenaron actuar "con contundencia" contra los votantes ni tampoco "usaron más violencia que la imprescindible" para impedir el referéndum. Entre los que se salvarán del eventual juicio está el jefe de las Unidades de Intervención Policial –los antidisturbios del cuerpo–, José Miguel Ruiz Iguzquiza, que durante el operativo del 1-O tuvo un papel clave y trabajó con un nombre en clave profético: Marte, el dios romano de la guerra.

El tribunal desestima en un auto, que ha avanzado eldiario.es, el recurso presentado por las acusaciones contra la decisión del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona que lleva el caso por las cargas policiales, y que ya había decidido no citar como investigados, aparte de Marte, al jefe superior de la Policía Nacional en Catalunya el 1-O, al jefe de la Brigada Provincial de Información en Catalunya y al comisario de la Unidad Central de la Comisaría General de Información del cuerpo. Así pues, el juez no podrá buscar responsabilidades más allá de los jefes policiales que estaban a pie de calle.

La abogada del colectivo de defensa de los derechos humanos Irídia Anaïs Franquesa, que forma parte de la acusación, explica que Marte fue el encargado de dar las órdenes de intervenir y que "se esperó" hasta el mediodía, "viendo lo que estaba pasando", para dar la orden de parar la intervención, y por eso lo consideran "responsable de lo que pasó" y discrepan de la Audiencia. Justo es decir que Marte, o José Miguel Ruiz Iguzquiza, volvió a Barcelona en 2019 por el operativo policial a raíz de la sentencia del Supremo sobre el Procés, a raíz de lo cual varios sindicatos policiales que lo consideraban demasiado autoritario pidieron que lo destituyeran. En 2012 el Sindicato Unificado de Policía (SUP), a raíz de otra disputa, recriminó a Iguzquiza que hubiera dicho a los agentes: "No estáis para pensar".

Enumeración de argumentos

Para la Audiencia de Barcelona, a pesar de que las acusaciones habían identificado a Marte como el responsable de la orden de cargar, no hay "ningún indicio de la existencia de una instrucción concreta de actuar el 1 de octubre del 2017 con contundencia y violencia" ni ningún modus operandi en el mismo sentido. El auto hace constar que todos los responsables policiales habían declarado que les dieron instrucciones de actuar "de acuerdo con los principios básicos de proporcionalidad, oportunidad y uso progresivo de los medios salvaguardando la integridad física de las personas", y que así lo transmitieron también.

El tribunal considera que no hay indicios de criminalidad porque tampoco ha encontrado "ningún dato" que indique que "hubiera un operativo policial diseñado expresamente para impedir el ejercicio de derechos, más allá del hecho de votar que constituía el objeto del mandato judicial". A la vez, la Audiencia de Barcelona tampoco ve la posibilidad de que los responsables policiales hayan cometido ningún delito por omisión, y afirma que no se cumplen los requisitos para considerarlos cómplices o cooperadores. En resumen: "No hay elementos que permitan atribuir ni imputar jurídicamente los resultados lesivos de los ciudadanos a los responsables superiores del operativo policial".

Casos aislados

El tribunal también afirma que nada permite sostener que los "jefes de grupo dieran instrucciones generales de cargar con contundencia" y entiende que "no tiene sentido" que se los cite como investigados a todos, "a todos los efectos", como también pedían las acusaciones. Aún así, admite que "hubo casos de extralimitación de la fuerza de agentes policiales, de uso de violencia innecesaria y desproporcionada" y que se tendrán que valorar un a uno. En este sentido, tampoco se puede "descartar una posible responsabilidad de algún jefe de grupo u operativo", pero añade que estas "eventuales responsabilidades" se tendrán que depurar en cada pieza separada.

Es más, la Audiencia deja ir que la investigación hecha durante más de tres años "permite concluir" que "no hay responsabilidad de los mandos superiores que no fueron a los colegios electorales", pero "no que no haya responsabilidades de los agentes concretos que lesionaron a los ciudadanos, así como de sus jefes que estuvieran sobre el terreno". La abogada Anaïs Franquesa está de acuerdo con que todavía hay que "depurar responsabilidades" de algunos mandos que estaban sobre el terreno "y todavía no han sido imputados por el juzgado de instrucción", y avisa de que insistirán.