Jóvenes extutelados reclaman a Derechos Sociales que no les devuelvan miles de euros en prestaciones

BarcelonaCon el espanto todavía en el cuerpo, un grupo de jóvenes extutelados se han concentrado este lunes ante la dirección general de Prevención y Protección a la Infancia y Adolescencia (DGPPIA), que sustituye a la DGAIA, para denunciar la "indefensión" en la que les deja la reclamación para que devuelvan miles de euros por supuestos pagos indebidos de la prestación algunos casos supondría devolver más de 36.000 euros.

Los chicos se han autogestionado ya través de un grupo de WhatsApp, en el que ya se reúnen un centenar de personas, tratan de apoyarse mutuo tanto en el ámbito emocional como de información, porque la carta enviada la semana pasada es confusa por el lenguaje burocrático con el que está escrita y muchos se escriben.

"Ha habido chicos con pensamientos suicidas después de recibir la carta, porque devolver esas cantidades brutales es imposible para jóvenes como nosotros, sin recursos ni red familiar, que sobreviven con lo que pueden", advierte Laura (nombre ficticio), una de las portavoces del colectivo, ~BK_S_ el director de la DGPPIA, Josep Muñoz, ha aceptado encontrarse con dos representantes del colectivo, donde les ha admitido errores de comunicación en la carta y les ha explicado que las cantidades que aparecen en cada una no son las que se tendrán que devolver, sino la totalidad cobrada desde que hicieron la mayoría de edad la que "la Rosa". las chicas afectadas, que denuncia que el departamento y la DGAPPIA "se despreocupan por los daños ocasionados".No es justo que por un error administrativo debamos devolver prestaciones cobradas legalmente", indicó la portavoz. La consellera citó al colectivo el viernes para mantener una reunión.

Mensaje de tranquilidad

En el encuentro, que duró menos de 15 minutos, Muñoz trasladó a los jóvenes un mensaje de tranquilidad y les pidió que aporten toda la documentación requerida para poder examinar los expedientes a escala individual. Pero los jóvenes también se quejan de que en los 10 días hábiles desde que han recibido el correo electrónico para presentar las alegaciones no tienen tiempo para encontrar muchos de los documentos solicitados, en parte por la propia burocracia.

A una chica que le cuestionan haber estado fuera del Estado y que debe presentar un informe del padrón municipal, su ayuntamiento no le da cita hasta mediados de julio. Además, Laura asegura que buena parte de la documentación ya la tiene Derechos Sociales porque los extutelados deben informar y registrar los contratos laborales para descontarles un porcentaje de la ayuda social.

A raíz del informe publicado por la Sindicatura de Cuentas detectando 167 millones de euros de prestaciones indebidas, el departamento de Derechos Sociales insiste en que está en fase de revisión de los expedientes de los jóvenes para conocer los detalles de cada caso. Martínez Bravo aseguró que la gran mayoría de los 167 millones de euros se debe a las ayudas de la renta garantizada de ciudadanía, que el Gobierno amnistió considerando que había cometido un error por la mala gestión en la tramitación y el control de pagos y por no perjudicar aún más a los miles de familias vulnerables que estaban bajo la lupa. Por el momento, en el caso de los extutelados, Muñoz no ha hecho mención alguna a proclamar una nueva amnistía.