La Fiscalía espera que la mayoría del centenar de víctimas de la macroestafa inmobiliaria recuperen su casa

BarcelonaLa Fiscalía espera que la mayoría de las víctimas de la macroestafa inmobilaria con más de un centenar de afectados puedan recuperar su casa. El lunes, los 17 implicados en el engaño aceptaron condenas que van hasta los cuatro años y siete meses de cárcel –las más altas, para un abogado y un notario– y durante la próxima semana se dirimirá cómo se resuelven las responsabilidades civiles del caso. En los casos en que las víctimas no puedan recuperar sus inmuebles, la Fiscalía ha pedido que se les indemnice con el valor actual de los pisos.

Entre los años 2009 y 2015, este grupo se dedicó a buscar personas, a menudo personas mayores, sin demasiados conocimientos jurídicos y que pasaban por dificultades económicas. Les ofrecían un préstamo, pero en realidad, una vez en la notaría en vez de un préstamo firmaban la venta de su vivienda muy por debajo del precio de mercado. Todos los implicados han confesado el fraude y queda pendiente aclarar cómo resarcir a las víctimas.

Fuentes jurídicas afirman que buena parte de los afectados podrán recuperar su casa una vez que el registro de la propiedad haya declarado nulos los contratos de compraventa que firmaron pensando que eran préstamos. También se pronunció en el mismo sentido el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), personado como acusación particular en el caso. Ha pasado más de una década desde los fraudes y en algunos pisos viven testaferros u otras personas vinculadas a los acusados, pero en otros ahora viven terceras personas que compraron las viviendas de buena fe, sin estar implicadas en el engaño ni tener conocimiento. En los casos en que los afectados no puedan recuperar el piso porque vive alguien no involucrado en el engaño, la Fiscalía quiere que se les indemnice con el valor actual de los pisos y que las compañías aseguradoras se hagan cargo del mismo.

De hecho, en el escrito de conformidad con el que los procesados ​​reconocieron el fraude también pedían que los perjudicados pudieran recuperar sus bienes declarando la nulidad de las escrituras. Tanto la confesión como esta petición para reparar el daño causado fueron clave en el acuerdo, que supuso una rebaja sustancial de las condenas en comparación con lo que inicialmente pedían las acusaciones.

Amenazados por desahucios

Muchos de los afectados no se dieron cuenta de la estafa hasta que estaban a punto de ser desahuciados. El juicio ha tardado años en llegar, y ya mientras se investigaba el caso las acusaciones han intercedido para detener los desahucios de estos afectados. Esto ha provocado, al mismo tiempo, que algunas personas que habían comprado las viviendas sin estar implicadas en el engaño nunca hayan podido acceder a los pisos.

Mientras que la mayoría de los procesados ​​han aceptado una condena por formar parte de un grupo criminal que dirigía el abogado Francesc Comitre, al notario Enrique Peña no se le considera miembro de este grupo. Sin embargo, sí lo era el oficial de su notaría. En el caso del notario, la condena es por haber incumplido reiteradamente con su obligación de controlar las operaciones que autorizaba, de acuerdo con el reglamento notarial y la normativa de blanqueo de capitales. Peña ha quedado inhabilitado para siempre porque "ignoró masivamente" esta obligación, y tampoco informó adecuadamente a las personas que firmaban sobre qué estaban autorizando. De hecho, fuentes cercanas al caso aseguran que el notario apenas obtuvo beneficios con esta trama, sólo el importe que cobró por las escrituras.