Una cocinera de prisión habla dos años después del crimen de Núria: "Pensé que podía pasarme a mí"
El crimen motivó nuevas medidas de seguridad y mejoras laborales que no han alcanzado todas las categorías laborales
BarcelonaMontse dice que sólo una vez ha dudado de si estaba segura en el trabajo. Fue hoy hace dos años, cuando un whatsapp de un compañero le avisaba de que un preso había apuñalado a Núria López en la cocina de Mas de Enric y luego se había suicidado. "En ese momento sí dices «Hostia, ¿dónde estoy trabajando?» Pensé que podía pasarme a mí".
Hasta el 13 de marzo del 2024, Montse nunca se había planteado que el trabajo le diera miedo. Tampoco cuando entró a trabajar como cocinera en prisión por primera vez y los protocolos de seguridad, recuerda, eran mucho menores que los que existen ahora. Dice que nunca quiere saber por qué los internos han terminado en prisión, y asegura que se siente "más segura dentro que fuera" del trabajo: "Hay gente que se sorprende, pero yo no tengo miedo. ¿Me puede pasar algún día? No lo sé, espero que no. Cuando tengo miedo está en la calle, que gente que no conozco me haga algo. Pero allá dentro,".
También es cocinero en una cárcel Lucas. Tanto él como Montse utilizan un sobrenombre para evitar que se les pueda identificar. Dos años después del crimen en Mas d'Enric, ambos coinciden en que los refuerzos de seguridad tardaron en llegar y reprochan que tanto las mejoras salariales que pusieron fin a las protestas después del crimen, como la condición de agentes de la autoridad, hayan llegado a buena parte de los trabajadores penitenciarios, pero no a quienes trabajan donde lo hacía la víctima del crimen que desató todos estos cambios.
Montse se encarga de la cafetería de una cárcel, y en cada turno trabajan con aproximadamente unos 15 internos. Explica que tiene muy buena relación con ellos y que muchos piden ir a trabajar a la cafetería, por el ambiente de trabajo y por ser de los trabajos mejor pagados para los presos. Las cafeterías están en la parte más exterior de los centros penitenciarios y sirven a los trabajadores. A pesar de su nombre, también cocinan y sirven comidas y, por tanto, se utilizan cuchillos y otros utensilios de cocina. En cambio, las cocinas de prisiones –como la de Mas de Enric, donde trabajaba Núria López– están dentro del centro y se prepara la comida para los presos.
Más allá de eso, Montse pone en duda que haya otras diferencias que justifiquen por qué las medidas de seguridad que se han aplicado son diferentes. Asegura que en la cafetería donde trabaja los cuchillos siguen sin estar atados a las mesas de trabajo, una de las medidas que el departamento de Justicia acordó para todas las cocinas para evitar que pudiera repetirse un crimen. Sí lo están, en cambio, en la cocina donde trabaja Lucas. Fuentes de Justícia apuntan que los utensilios cortantes se han ligado "a la mayoría" de cafeterías y en las cocinas, y que en ambos lugares se compran los alimentos ya cortados para evitar al máximo el uso de cuchillos.
Restricciones y más cámaras
Tanto en las cafeterías como en las cocinas también afecta la circular que impide que trabajen los internos en los que se detecte un riesgo de reincidencia alto o que cumplan condena por delitos de sangre o lesiones graves y que también les veta de otros puestos de trabajo. Otro cambio es que ahora los trabajadores de cocinas y cafeterías llevan walkies para alertar de cualquier incidencia. Además, Justícia recuerda que tras el crimen se fijó que las cámaras de vigilancia deben llegar a todos los espacios de las cocinas, excepto en las cámaras frigoríficas y los almacenes, y apunta que ya se ha encargado el proyecto para hacerlo a Mas d'Enric y en la cárcel de Jóvenes.
A diferencia de Montse, Lucas dice que antes del asesinato ya se había cuestionado alguna vez las medidas de seguridad en su puesto de trabajo. Fue cuando vivió alguna discusión o momento tenso con un interno, por temor a que la vigilancia de los funcionarios no abarcara toda la cocina y sus diferentes zonas. Ahora en la cocina donde trabaja hay cámaras, pero dice que era "de las pocas" que no tenía en el momento del crimen y lamenta que tardaron cerca de un año después del crimen en instalarla.
Cambios desiguales
Hace un año, en el primer aniversario del asesinato, el consejero de Justicia, Ramon Espadaler, respondía a una petición histórica de los funcionarios de vigilancia de las prisiones y que se había avivado a raíz del crimen, y prometía que tendrían la condición de agente de la autoridad. A pesar de que hasta entonces el gobierno siempre había defendido que la decisión era competencia estatal, hace un año Justicia prometía dar esta prerrogativa a los funcionarios de prisiones sin esclarecer con qué instrumento legal lo haría. La promesa se cumplió hace un mes y medio, y la condición de agente de la autoridad se extendió también a los directivos, psicólogos, educadores, juristas y trabajadores sociales de las prisiones. En cambio, no incluye a los trabajadores del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), que contrata entre otros a los cocineros de las prisiones.
Lucas dice entender que los funcionarios batallaran para conseguir ese reconocimiento, y ve bien que lo tengan, pero cuestiona que no se haya incluido a todos los trabajadores penitenciarios. El día que se anunció la medida, dice Montse, en la cafetería se notaba que los funcionarios estaban contentos. "Es política. Ellos se han sabido vender y también han logrado que les suban el plus de peligrosidad por lo que le ocurrió a una persona del CIRE, y nosotros que somos del CIRE, los cocineros, estamos abajo de toda la pirámide y no nos han subido nada".