Los funcionarios de prisiones catalanes, los primeros del Estado que logran ser agentes de la autoridad
Junts, PP, Vox y Aliança Catalana apoyan la propuesta presentada por el PSC
BarcelonaLuz verde a una reivindicación histórica de los funcionarios de prisiones y que ganó fuerza después del asesinato de una cocinera en la cárcel de Mas d'Enric. Los votos del PP, Vox, Aliança Catalana y Junts han sacado adelante en el pleno del Parlament una propuesta del PSC para que estos trabajadores tengan la condición de agentes de la autoridad. La medida se extiende también a los directivos de las prisiones y trabajadores penitenciarios de rehabilitación: psicólogos, educadores, juristas y trabajadores sociales.
Con la decisión de este jueves, los trabajadores de las prisiones catalanas pasan a ser los primeros del Estado en conseguir esta condición, que también tienen los agentes de policía. Hasta hace unos meses la Generalitat siempre había justificado que la medida sólo podía tomarla el gobierno español, pero en el primer aniversario del crimen en Mas de Enric el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, se comprometió a dar esta prerrogativa utilizando las competencias que Cataluña tiene delegadas en materia de prisiones.
A efectos prácticos, el hecho de que los funcionarios adquieran la condición de agentes de la autoridad implicará que se les dé presunción de veracidad en los datos que hagan constar en sus informes en procedimientos administrativos, por ejemplo sobre alguna incidencia en el centro. Los agentes de la autoridad son también los únicos contra los que se puede cometer un delito de atentado contra la autoridad, que incluye tanto agresiones como intimidaciones o bien oponer "resistencia grave" a los funcionarios. Este delito puede comportar hasta cuatro años de cárcel, mientras que una conducta idéntica contra alguien que no es agente de la autoridad comporta, a lo sumo, una pena de seis meses. Además, la norma aprobada este jueves también recoge la obligación de la Generalitat de indemnizar a estos trabajadores por las lesiones o daños que sufran en el trabajo si no reciben antes una compensación por otras vías, como por ejemplo una compañía aseguradora.
El PSC ha recibido el apoyo de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana para convertir a los funcionarios de prisiones en agentes de la autoridad, con el rechazo del resto de fuerzas de izquierdas. El departamento de Justicia se había comprometido a cumplir una de las reivindicaciones históricas entre los sindicatos de funcionarios de prisiones y el Parlament lo validó este jueves. La iniciativa, tramitada por el procedimiento de lectura única, nació a raíz del asesinato de Núria López, cocinera en prisión de Mas de Enric, a manos de un interno. El PSC, que es quien ha llevado al pleno la propuesta, ha defendido la medida al considerar que era "necesaria, responsable y ajustada al derecho para reforzar el modelo penitenciario". "Esta ley no va de castigos, sino de seguridad jurídica para los funcionarios", ha añadido la diputada socialista Judit Alcalá, del PSC.
Votos de la oposición
Francesc Dalmases, de Junts, ha señalado que "las cárceles deben ser espacios seguros" y dotar de autoridad a los funcionarios "no es un regalo", sino que los convierte en "garantes de derechos" para mejorar el modelo penitenciario. "Queremos mejores escuelas y hospitales, pero también mejores prisiones y que los funcionarios tengan mejores condiciones", concluyó.
Sergio Macián, de Vox, ha denunciado que las izquierdas quieren "convertir las cárceles en esplais" y ha replicado a la CUP que los derechos humanos deben ser por los funcionarios de prisiones que han sido agredidos por los presos para defender la medida. Alberto Villagrasa, de las filas populares, ha defendido la medida para que "los funcionarios trabajen en un entorno más seguro", pese a defender, como Vox, que se aplique a todo el personal laboral, que el PSC ha rechazado.
Aliança Catalana también ha secundado la propuesta. La diputada Sílvia Orriols, ha dicho que "no quieren dar más bienestar a ladrones y violadores sino mejorar las condiciones laborales de quienes custodian a estos malhechores". "Solo se quiere dar privilegio a los internos cuando las agresiones a funcionarios no dejan de crecer", criticó en referencia al rechazo de los partidos de izquierdas.
Las izquierdas, que habían presentado una enmienda a la totalidad que ha sido rechazada, se han mostrado muy críticas con el alineamiento del PSC con las fuerzas de derechas. ERC ha vuelto a defender el voto en contra al considerar que no es la solución convertir a los funcionarios de prisiones en agentes de la autoridad. "Esto generará más problemas que soluciones", ha dicho Anna Balsera. Desde los Comunes, Andrés García, ha afirmado que es "una reforma contra el cuerpo de los funcionarios" y que "puede tener consecuencias negativas en los centros penitenciarios porque existen muchos más riesgos que beneficios". Xavi Pellicer, de la CUP, ha dejado claro que la medida generará "más impunidad que sólo responde a presiones corporativistas".
