BarcelonaEl Parlament ha aprobado una reivindicación histórica de los funcionarios de prisiones: que sean considerados como agentes de la autoridad. La demanda, que ganó fuerza tras el asesinato de Núria, cocinera en prisión de Mas de Enric en marzo del 2024 a manos de un interno, ha sido una propuesta del PSC que ha salido adelante con los votos del PP, Vox, Aliança Catalana y Junts. Además de los funcionarios de vigilancia, el estatus de agente de la autoridad —que ya tienen entre otros a policías, médicos y docentes— se extiende también a los directivos de las prisiones y trabajadores penitenciarios de rehabilitación: psicólogos, educadores, juristas y trabajadores sociales.
Con la decisión de este jueves, los funcionarios de las prisiones catalanas pasan a ser los primeros del Estado en conseguir esta condición. Hasta hace unos meses la Generalitat había justificado que la medida sólo podía aprobarla el gobierno español, pero en el primer aniversario del crimen en Mas de Enric el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, se comprometió a conceder esta prerrogativa utilizando las competencias que Cataluña tiene delegadas en materia de prisiones.
La propuesta que ha presentado el PSC y se ha tramitado por el procedimiento de lectura única se ceñía a dar la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios de vigilancia, pero a raíz de una enmienda de Junts se ha extendido también a los funcionarios de tratamiento. Todo ello con la negativa de los comunes, ERC y la CUP, que han intentado sin éxito tumbar la propuesta.
Tampoco han prosperado los intentos de Vox y el PP por extender la condición de agentes de la autoridad al resto de trabajadores de las prisiones. Así, la ley aprobada este jueves se ciñe a los funcionarios, tanto de vigilancia como de tratamiento, que trabajen en el interior del centro, tal y como concretaron fuentes del departamento de Justicia. En cambio, fuentes penitenciarias critican que la ley no incluye entre los nuevos agentes de la autoridad a los trabajadores laborales como los cocineros, los monitores de deportes o de talleres artísticos, ni tampoco los contratados por el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) y que enseñan diferentes oficios a los internos.
Presunción de veracidad
A efectos prácticos, el hecho de que los trabajadores penitenciarios adquieran la condición de agentes de la autoridad significará que los datos que hagan constar en los informes se considerarán ciertos a menos que se demuestre lo contrario. Esta presunción de veracidad en procedimientos administrativos puede influir especialmente en las sanciones y procedimientos disciplinarios que redacten los funcionarios.
Ahora, los trabajadores de prisiones también estarán más protegidos legalmente ante una agresión que el resto de ciudadanos. El hecho de ser agentes de la autoridad implica también que, en caso de que alguien les agreda, la acción también comportará un delito de atentado contra la autoridad, una figura penal que también protege entre otros a los agentes de los Mossos d'Esquadra y que es habitual en juicios por disturbios. Por ejemplo hasta ahora, si un preso agredía a un trabajador de prisiones podía acabar acusado de un delito de lesiones. Ahora, si lo hace, también se expondrá a un delito de atentado contra la autoridad. El cambio hace que las consecuencias de la agresión sean más graves, puesto que la pena por un delito de atentado contra la autoridad puede llegar a los cuatro años de cárcel.
No se les identificará por el nombre
Otro cambio que implicará esta nueva condición es que a partir de ahora los funcionarios de prisiones que tengan que intervenir en un procedimiento judicial no se identificarán con su nombre y apellidos sino con su número de identificación profesional (NIP), que llevan en el pecho cuando llevan el uniforme. Por ejemplo, cuando les llamen en voz alta para entrar a declarar a un juicio contra un interno no se oirá su nombre sino ese número, y tampoco aparecerán sus datos en las sentencias. "Nuestros datos personales deberían ser considerados muy sensibles", valora la portavoz de UGT Presons, Montse Balaguer.
Tras la votación de esta nueva ley, organizaciones de derechos humanos integradas en la Red Derecho y Prisión han manifestado su "rechazo frontal" a que el personal penitenciario sean agentes de la autoridad. Lo consideran una medida "claramente regresiva" y que "encamina de forma definitiva el modelo penitenciario catalán hacia la policialización", como dicen que ha ocurrido en Italia. Lo consideran una "grave regresión en derechos".
En cambio, sindicatos y plataformas de funcionarios penitenciarios han celebrado la aprobación, que llevaban tiempo reclamando. El sindicato con mayor representación en el sector, UGT Presons, ha asegurado que continuará "buscando una solución" para que este reconocimiento se extienda también al personal laboral que trabaja en las cárceles y no sólo ampare a los funcionarios. En declaraciones al ARA, el secretario de la sección sindical de UGT del CIRE, Cristian D., lamenta que no se les haya incluido y confía en que pueda revertirse. Al margen de ello, los sindicatos de prisiones han aplaudido de forma unánime la decisión "histórica" del Parlament.
Juntos, PP, Vox y Aliança Catalana votan con el PSC
El PSC, que es quien ha llevado al pleno la propuesta, ha defendido la medida al considerar que era "necesaria, responsable y ajustada al derecho para reforzar el modelo penitenciario". "Esta ley no va de castigos, sino de seguridad jurídica para los funcionarios", ha añadido la diputada socialista Judit Alcalá. Francesc Dalmases, de Junts, ha señalado que "las cárceles deben ser espacios seguros", y ha añadido que dotar de autoridad a los funcionarios "no es un regalo", sino que los convierte en "garantes de derechos" para mejorar el modelo penitenciario. "Queremos mejores escuelas y hospitales, pero también mejores prisiones y que los funcionarios tengan mejores condiciones", concluyó.
Sergio Macián, de Vox, denunció que las izquierdas quieren "convertir las cárceles en esplais" y replicó a la CUP que los derechos humanos deben ser para los funcionarios de prisiones que fueron agredidos por los presos para defender la medida. Alberto Villagrasa, de las filas populares, ha defendido la medida para que "los funcionarios trabajen en un entorno más seguro", pese a defender, como Vox, que se aplique a todo el personal laboral, que el PSC ha rechazado.
Aliança Catalana también ha secundado la propuesta. La diputada Sílvia Orriols ha dicho que "no se quiere dar más bienestar a ladrones y violadores sino mejorar las condiciones laborales de quienes custodian a estos malhechores". "Solo se quiere dar privilegio a los internos cuando las agresiones a funcionarios no dejan de crecer", criticó en referencia al rechazo de los partidos de izquierdas.
Las izquierdas, que habían presentado una enmienda a la totalidad que fue rechazada, se mostraron muy críticas con el alineamiento del PSC con las fuerzas de derechas. ERC ha vuelto a defender el voto en contra al considerar que no es la solución convertir a los funcionarios de prisiones en agentes de la autoridad. "Esto generará más problemas que soluciones", ha dicho Anna Balsera. Desde Comuns, Andrés García ha afirmado que es "una reforma contra el cuerpo de los funcionarios" y que "puede tener consecuencias negativas en los centros penitenciarios porque existen muchos más riesgos que beneficios". Xavi Pellicer, de la CUP, ha dejado claro que la medida generará "más impunidad, algo que sólo responde a presiones corporativistas".
