El futuro del Club de Mar de Sitges, parado en los juzgados: el Estado quiere tirarlo al suelo y el TSJC lo deja en pausa
La justicia detiene cautelarmente el derribo y el gobierno español pide hacerlo el lunes
BarcelonaLos frentes judiciales sobre el futuro del Club de Mar de Sitges siguen avanzando. Si el lunes el Tribunal Supremo abría la puerta a estudiar la suspensión cautelar del derribo, este martes quien se ha pronunciado ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El alto tribunal catalán suspendió cautelarmente la demolición del edificio, que estaba fijado para el 2 de junio para vulnerar la ley de costas. Ahora bien, la Delegación del gobierno español en Cataluña ya ha anunciado que pedirá a la justicia que mantenga el derribo en la fecha prevista.
La decisión del TSJC de este martes responde a un recurso de los titulares de la instalación, que recurrieron a la justicia para pedir que se detuviera el derribo. Ahora el tribunal ha estimado el recurso contencioso administrativo que los propietarios presentaron contra la orden de la Demarcación de Costas de Catalunya para cerrar las instalaciones y echar al suelo el edificio.
Los magistrados lo han decidido de forma cautelarísima, es decir, que se trata de una decisión provisional (la definitiva será en la sentencia) que han tomado sin esperar a que los demás implicados se posicionen, porque sólo quedan cuatro días hábiles para la fecha de derribo y dejar pasar el tiempo supondría "uno daño y". En cambio, aplazar el derribo no sería un perjuicio grave para la Demarcación de Costas, dicen los magistrados, que reprochan al órgano que "se ha alargado durante bastantes años la pasividad administrativa" respecto a la "ocupación de dominio público" del club.
Tres días para alegaciones
La Demarcación de Costas tiene tres días para presentar las alegaciones que considere oportunas para convencer a los magistrados de que, tal y como defiende, el edificio debe ir al suelo. Sitges se fundó en 1952 y ocupa unos 800 metros cuadrados junto a la playa. Según la Demarcación de Costas, el derribo responde a una orden ministerial de 1994 que el Tribunal Supremo confirmó en 2003.