Un notario y un abogado, principales culpables de una macroestafa inmobiliaria con 100 víctimas

BarcelonaEl abogado Francesc Comitre ha aceptado cuatro años y siete meses de cárceltras reconocer que dirigió un entramado que acumuló un centenar de estafas inmobiliarias. Buscaban a personas, muchas veces mayores, que pasaban por dificultades económicas y les ofrecían contratar un préstamo para afrontar las deudas que tenían, pero a la hora de la verdad lo que firmaban, sin saberlo, era la venta de su casa a un precio muy por debajo del real o productos financieros como hipotecas inversas. Todo quedaba formalizado legalmente y, por eso, fue clave la participación del notario Enrique Peña, que ha aceptado tres años y dos meses cárcel y que nunca podrá volver a ejercer. En total, estuvieron implicadas 17 personas entre el 2009 y el 2015. Tres murieron antes de que este lunes empezara el juicio y las otras 14 confesaron el fraude y cerraron un acuerdo con las acusaciones que hizo rebajar las condenas que asumieron.

Dos de las afectadas, madre e hija, eran propietarias al 50% cada una de un piso en la calle cuenta Borrell de Barcelona. Pagaban cada mes 1.350 euros de hipoteca que se les hicieron difíciles de asumir en un momento de dificultad económica. Recomendadas por unos conocidos, contactaron con una empresa que ofrecía préstamos y que administraban Comitre y otro de los procesados. Escondieron a las afectadas que el valor del piso en ese momento rondaba el medio millón de euros, y acordaron que un tercer procesado lo compraría por 168.300 euros, la misma cantidad que les faltaba volver de hipoteca. Además, la madre recibiría una renta vitalicia de 500 euros y podría seguir viviendo en ella hasta que muriera con un usufructo vitalicio.

El acuerdo, que ratificó el notario Enrique Peña, no incluía ninguna garantía ante la posibilidad de que los pagos no se cumplieran. El documento final fijaba la venta del piso por 150.000 euros y en lugar de la renta vitalicia que habían prometido a la mujer, estipulaba que sería ella quien debería pagar 350 euros mensuales al nuevo propietario por seguir viviendo en el piso. Unos días después, el procesado revendió el piso a un cuarto procesado por 450.000 euros sin hacer constar en ningún momento el usufructo vitalicio que habían prometido a la mujer. Las afectadas incluso pagaron alquiler durante un tiempo a ese cuarto procesado bajo la amenaza de ser desahuciadas.

Las indemnizaciones, pendientes

Con distintas particularidades en cada caso, el engaño se repitió en decenas de localidades de la demarcación de Barcelona. El acuerdo que la Fiscalía y la acusación particular del Colegio Notarial de Catalunya ha cerrado con las defensas de los procesados ​​no incluye las indemnizaciones que tendrán que pagar a los afectados, que se debatirán a partir del martes en el juicio. Por el momento, acusaciones y defensas también han pactado pedir la nulidad de todas las escrituras firmadas en base a compraventas fraudulentas y que se eliminen las sociedades que intervinieron en las ventas, pero también han advertido de que en algunas de las viviendas viven personas que las compraron después de buena fe.

Antes del pacto de este lunes Francesc Comitre se exponía a una condena de más de veinte años. Fuentes jurídicas apuntan a que sí tendrá que cumplir los cuatro años y siete meses que ha aceptado hoy por estafa, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y organización criminal, y afrontar una multa de 7.200 euros. La sentencia también aclarará si acaba encarcelado el notario Enrique Peña, con una condena de tres años y dos meses por estafa, falsificación y blanqueo, y que antes del acuerdo se exponía a casi 15 años de cárcel.

Entre los acusados ​​por esta macroestafa inmobiliaria también se encuentra Artur Segarra, declarado en rebeldía y que cumple cadena perpetua en Tailandia por haber asesinado en 2016 en David Bernat, vecino de L'Albi (Lleida).