Tribunales

¿Un psicólogo debe incriminar a su paciente?

La ley y la deontología regulan los límites del secreto profesional y en qué casos puede acabar en papel mojado

22/11/2025

BarcelonaLos psicólogos conocen todo tipo de detalles de la vida y la personalidad de sus pacientes, pero el secreto profesional les obliga a la discreción ya no compartir esa información con nadie. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando un paciente termina en el banquillo de los acusados ​​o expresa a terapia la intención de cometer un delito? En estos casos, la ley y la deontología regulan los límites del secreto profesional y en qué casos puede acabar en papel mojado.

"La confidencialidad es la regla de oro desde el punto de vista moral y de la deontología, pero también desde el punto de vista legal", explica la vicepresidenta de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicología de Catalunya (COPC), Mercè Cartié. De hecho, existe riesgo de caer en un delito de revelación de secretos si se difunde información de un paciente contraviniendo el secreto profesional.

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Para el catedrático de derecho procesal en la Universidad de Barcelona (UB) Jordi Nieva, sin embargo, nada impide que un psicólogo pueda declarar en caso de que un paciente llegue a juicio. Tampoco hay nada que les exima de la obligación de denunciar si detectan que un paciente ha delinquido o está a punto de hacerlo. "Frente a un delito grave no hay ninguna posible justificación, tanto cuando se ha cometido como cuando es algo inminente", apunta.

De hecho, la ley obliga a los psicólogos a intervenir si pueden evitar un delito. La obligación de denunciar los delitos descritos como públicos, como los de violencia machista, se extiende más allá de estos profesionales y afecta a toda la sociedad, apunta la letrada de la administración de justicia en la Audiencia de Tarragona Rosa Maria Pla Bel. En estos casos, pasa por delante del secreto profesional.

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Las excepciones son "aquellas situaciones en las que el bien jurídico a proteger es superior a la confidencialidad", indica Cartié. Es decir, que en cada caso debe valorarse según esté en riesgo, o si el paciente o el profesional lo están. Sin embargo, la psicóloga advierte que "las cosas nunca son nada claras" y considera que hay que "poner en juego la deontología, la ética y la ley, y valorar sobre el criterio profesional". Plantea el ejemplo de un pedófilo que exprese a terapia que siente atracción sexual por los niños, pero que nunca ha cometido una agresión. "Es un riesgo clarísimo, pero no ha habido una acción. Hay que evitar que pueda haber ninguna víctima, realizar un seguimiento", explica.

Los psicólogos en los juicios

La mayoría de las veces que un psicólogo declara en un juicio es en calidad de perito. Cuando toman ese rol, exponen un informe sobre el paciente al que han analizado, normalmente el acusado o la víctima. Pero no los conocen y sus informes no están cubiertos por el secreto profesional, aclara Pla. Lo que sí es menos común es que un psicólogo que haya tratado a un acusado acabe declarando como testigo. En ese caso, el profesional deberá responder "sobre los hechos, no impresiones" ni valoraciones del paciente, indica Nieva.

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En sus 25 años de experiencia como letrada de la administración de justicia, Pla Bel nunca se ha encontrado con un caso en el que un psicólogo se niegue a declarar apelando al secreto profesional. Un ejemplo reciente, aunque no en sede judicial sino frente a los Mossos d'Esquadra, es la psicoterapeuta de Jonathan Andic. Se acogió al secreto profesional cuando la policía le interrogó en el marco de la investigación de la muerte del padre de su paciente, el fundador de Mango Isak Andic.

Pla Bel, que también es profesora de la facultad de ciencias jurídicas de la Universidad Rovira i Virgili (URV), subraya que habría que evaluar en cada caso si debe primar o no el secreto profesional. Por ejemplo, en una causa por un crimen o una agresión sexual, es necesario ponderar entre el derecho a la intimidad del paciente o el derecho a la vida oa la libertad sexual que está en juego en el procedimiento. En casos como éste, Pla considera que el psicólogo debería declarar, como cualquier otro testigo, con obligación de decir la verdad. Por eso, admite que ante un delito grave es probable que el secreto profesional acabe en "papel mojado".

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Con todo, Cartié sostiene que los psicólogos deben mantener el secreto profesional a menos que el juez lo levanta para que declaren. "A veces te citan y después no le levantan. El juez puede valorar que la información que podemos aportar no es tan esencial, o que ya tiene otras pruebas", dice. Añade que, incluso cuando se les libra del secreto profesional, los profesionales siguen obligados a dar únicamente la información pertinente para la causa, no toda la que tienen sobre el paciente.

¿Y si una víctima no quiere denunciar?

La vicepresidenta de la Comisión Deontológica del COPC también plantea el dilema en el que se pueden encontrar estos profesionales si una persona explica a terapia que ha sido víctima de un delito, pero no quiere formalizar una denuncia. Por un lado, existe el deber de mantener el secreto. Por otro, la obligación de denunciar. Pero forzar la denuncia podría hacer que la víctima acabe abandonando la terapia, lo que podría ser contraproducente para sí misma, añade Cartié.

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"Lo principal a mirar es si esta paciente está en riesgo. Quizás necesita acompañamiento para poder denunciar más adelante", resuelve. Existe una diferencia entre una víctima que relata malos tratos que podría seguir recibiendo si no se presenta una denuncia, o el caso de alguien que expone a terapia una agresión sexual hace años y que ahora no hay riesgo de que se repita.

Un caso que marcó los límites del secreto profesional

El caso Tarasoff es uno de los principales precedentes en la regulación de los límites del secreto profesional. Tatiana Tarasoff y Prosenjit Poddar se conocieron estudiando en la Universidad de Berkeley en 1968 e iniciaron una relación que él interpretó como formal, pero ella acabó rechazándolo. Al año siguiente Poddar confesó a un psicólogo de la universidad que tenía intención de matar a Tarasoff cuando volviera de un viaje a Brasil. El profesional alertó a la policía de su reacción esquizofrénica y que podía hacerse daño a sí mismo u otras personas.

La policía le arrestó, pero acabó liberándole, y Poddar asesinó a Tarasoff. Fue condenado por homicidio, y los padres de la víctima se querellaron contra la universidad y sus psicoterapeutas por no haber advertido a la afectada ni a su entorno de las intenciones del asesino. De entrada, los tribunales no les dieron la razón, pero la Corte Suprema de California resolvió que los terapeutas estaban obligados a intervenir si detectaban que su paciente podía ser un peligro para proteger a las posibles víctimas.