Las universidades perderán la categoría si no logran unos mínimos en investigación

BarcelonaEn el año 1983 había en España 33 universidades públicas y 4 privadas. Casi cuarenta años después, hay 50 universidades públicas y 37 privadas, un aumento imparable sobre todo por el boom de la docencia virtual, la proliferación de las inversiones privadas en este ámbito y el aumento de la demanda de másters online. Ahora el gobierno español quiere endurecer los requisitos para crear y mantener universidades con el objetivo que todas tengan un mínimo de calidad. Para hacerlo, las obligará a cumplir las dos funciones básicas: impartir docencia en varias ramas del conocimiento y también hacer investigación.

El borrador que ha difundido el ministerio de Universidades, dirigido por Manuel Castells, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades da un margen de cinco años a todas las universidades para que se adapten a la nueva normativa. El requisito más importante que establece el decreto es que el 50% de los alumnos de la universidad tienen que estudiar un grado, un umbral inédito hasta ahora, que busca limitar los posgrados o la formación continua y evitar que, aprovechando el nombre de universidad, se expidan básicamente títulos propios. Además, la oferta mínima de la universidad tendrá que ser de 10 títulos de grado oficiales, 6 de máster y 3 programas oficiales de doctorado, que tendrán que representar como mínimo tres de las cinco grandes áreas del conocimiento (artes y humanidades; ciencias; ciencias de la salud; ciencias sociales y jurídicas, e ingeniería y arquitectura), con la excepción de las politécnicas.

Además, las universidades tendrán que dedicar al menos un 5% del presupuesto a un programa o programas propios de investigación, publicar seis estudios científicos firmados por tres personas en un plazo de tres años y presentarse anualmente a cinco proyectos de investigación estatales e internacionales y ganar cinco en cinco años. Las universidades tendrán que presentar cada año un informe de despliegue de su actividad académica para hacer un seguimiento de su funcionamiento y, si pasados estos cinco años no cumplen todos los requisitos, perderán el permiso para ejercer, y esto vale tanto para las universidades de nueva creación como para las que ya están en funcionamiento actualmente. Si una universidad deja de tener autorización, los títulos oficiales impartidos hasta entonces tendrán la misma validez que los impartidos por otra universidad.

No "confundir" con el nombre de universidad

El objetivo del gobierno español es diferenciar las universidades de las academias, escuelas de negocios o centros privados adscritos que, aunque pueden ofrecer una docencia excelente, no hacen investigación. Según el decreto, en ningún caso se podrá llamar universidad un centro o academia superior si no hace esta doble función, porque "su significado puede inducir a una confusión". "Las universidades actuales y aquellas iniciativas de nuevos proyectos se tendrán que adaptar a los requerimientos de calidad" del decreto, resalta en una nota de prensa el ministerio, que apenas ha empezado ahora la tramitación del decreto y falta que se pronuncien las comunidades autónomas y la comunidad universitaria. Para el ministerio, la normativa actual es demasiado laxa y les preocupa que la proliferación de las universidades privadas online derive en un sistema universitario de más baja calidad. Con el nuevo decreto, el ministerio de Castells quiere evitar que la educación superior se convierta simplemente en un negocio, en el que los estudiantes pagan a cambio de un título. El último caso polémico es el de la Universidad Internacional de la Empresa, del grupo Planeta, que se ha abierto hace tan sólo quince días en Madrid. Se trata de la cuarta universidad privada creada en el último año y medio en la comunidad, que ya tiene doce privadas y seis más públicas. Para el gobierno del PP de Ayuso es un "orgullo" ser el foco de educación universitaria en España (tienen la mitad de universidades privadas del país), pero para la oposición es un claro ejemplo de "sobreoferta" que pone en riesgo la calidad del sistema.

Los planes del gobierno español van en la línea de lo que piden los rankings internacionales, que normalmente penalizan no investigar. De hecho, por este motivo las universidades privadas españolas, que sí que aparecen en los rankings de docencia, no aparecen en los rankings internacionales que valoran la calidad global de las universidades. Por ejemplo, en el ranking de Xangai, el más prestigioso, hay 13 centros españoles –todos públicos– entre los 500 mejores del mundo. Unos rankings, por cierto, que a escala española acostumbran a encabezar las universidades catalanas.