La ley trans se dirige hacia el aval final del Congreso después de un trayecto convulso

MadridEl parto no ha sido ni fácil ni precisamente plácido, pero esta semana el Congreso de los Diputados validará finalmente la ley trans. Se trata de la normativa que permite por primera vez el cambio de sexo sin necesidad de un informe médico; es decir, recoge la autodeterminación de género, un concepto que todavía divide al feminismo y también al PSOE y Unidas Podemos. Las divergencias entre los dos socios del gobierno español, de hecho, se han hecho notar hasta el final de la tramitación (por la vía de urgencia) de la norma en la cámara baja, en la que el choque se ha acabado personalizando entre la ex vicepresidenta española Carmen Calvo y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

También el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había puesto por escrito algunas de sus discrepancias con el texto elaborado por el ministerio de Igualdad y defendía, por ejemplo, que la edad para hacer el cambio de sexo fuera a partir de los 18 años y se requiriera una autorización judicial. Finalmente, sin embargo, la ley ha mantenido la esencia del primer borrador que el ministerio presentó ahora hace casi un año. Este miércoles se ha hecho el debate final de la norma en la cámara baja y el pleno la validará oficialmente este jueves con los votos del conjunto del soberanismo catalán y vasco y la oposición de la triple derecha, a pesar de que Cs dará libertad de voto a sus diputados. Solo faltará el visto bueno del Senado para que la ley entre en vigor. Estos son los puntos principales:

Cambio de sexo sin informe médico

Sólo hará falta autorización judicial entre los 12 y los 14 años

Por primera vez, el cambio de sexo se podrá hacer a partir de los 16 años y sin la necesidad de ningún informe psicológico ni tratamiento hormonal, como pasaba hasta ahora. Lo que tendrá que hacer el solicitante es llenar un formulario y exponer su voluntad de cambio. Tres meses después tendrá que volver para ratificar la decisión y, pasado un mes, ya se dictará la resolución final para cambiar el sexo y el nombre en el DNI. Los menores de 16 años también podrán solicitar el cambio de sexo, pero se pedirán algunos requisitos más. En el caso de los menores entre 12 y 14 años, hará falta una aprobación judicial, mientras que los jóvenes entre 14 y 16 años que lo soliciten necesitarán la asistencia de los padres o tutores legales.

La autodeterminación de género en los menores de 16 años fue la cuestión que dividió hasta el final al PSOE y Unidas Podemos, porque los socialistas pedían que el cambio de sexo para los menores de 16 años requiriera una autorización judicial. La enmienda fue rechazada en la comisión de la semana pasada. "Imaginamos una ley mejor y con un marco más garantista", lamentaba este miércoles la diputada socialista Andrea Fernández, que cree que se podría haber conseguido un texto "jurídicamente más robusto". "Esta ley también es vuestra, sois el futuro y sobre todo el presente", decía la ministra de Igualdad, Irene Montero, a las familias con menores trans. Sí que salió adelante uno de los cambios que proponía el PSOE: no equiparar la violencia intragénero (entre personas del mismo sexo) a la violencia machista, sino clasificarla como violencia doméstica.

Siguiendo el carácter despatologizador de la norma, también se prevé que la atención sanitaria que reciban las personas trans tendrá que ir en este sentido y se ha incorporado la necesidad de que el ministerio de Sanidad vele por el abastecimiento de los medicamentos utilizados en los tratamientos hormonales para las personas trans. Tendrá que supervisar también su suministro.

Prohibición de terapias de conversión

Quedan fuera de juego independientemente de que se haya dado el consentimiento

La normativa prohíbe completamente las terapias de conversión, unas herramientas que intentaban modificar la orientación, la identidad sexual o la expresión de género y que ahora quedan fuera de juego totalmente con independencia de que se haya dado el consentimiento. No se concederán subvenciones, recursos ni fondos públicos a nada que fomente este tipo de terapias ni la LGTBI-fobia.

Filiación de los hijos de lesbianas y bisexuales

Acceso a técnicas de reproducción asistida públicas

A las mujeres lesbianas y bisexuales se les podrá reconocer la filiación de sus hijos sin tener que estar casadas. La nueva ley trans modifica el artículo 120 del Código Penal para que las mujeres no gestantes puedan ser reconocidas como madres del bebé a través de una declaración de conformidad en el momento del registro. La norma también les permite volver a tener acceso a las técnicas de reproducción asistida a través del Sistema Nacional de Salud, una cuestión que el PP eliminó en 2007 cuando estaba en el gobierno.

La ley, además, adoptará medidas para proteger a las personas intersexuales (que nacen con características genitales que no se adecúan al binarismo hombre/mujer) y se prohibirán las mutilaciones genitales quirúrgicas hasta los 12 años, siempre que no haya un riesgo para la salud del bebé.

Políticas antidiscriminación

Sanciones de hasta 15.000 euros para las conductas LGTBI-fóbicas

La ley también recoge un abanico de políticas de inclusión para las personas trans y también para garantizar los derechos y la no discriminación del colectivo LGTBI en los ámbitos laboral, educativo y de la vivienda. Así, por ejemplo, establecen que las empresas de más de 50 trabajadores tendrán que contar, en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la ley, con un plan de medidas y recursos para la igualdad real del colectivo, con un protocolo de actuación en casos de acoso o violencia.

Estas medidas van acompañadas de un régimen antidiscriminatorio que incluirá sanciones que irán desde los 200 euros hasta los 15.000, y que castigarán conductas como por ejemplo pintadas o insultos, prohibir la entrada a bares o espacios públicos a personas LGTBI, o contenidos discriminatorios en libros de texto.

Además, la ley también incluye el estudio del concepto de sexilio, es decir, cuando las personas LGTBI abandonan su lugar de residencia porque sufren "rechazo, discriminación o violencia", especialmente "en las zonas rurales". Esta cuestión la introdujeron los socialistas en el trámite de enmiendas.