Madres con hijos tutelados por la DGAIA piden ayuda: "Es una cárcel de menores"

BarcelonaEn medio del proceso de reestructuración de la nueva dirección general de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), las familias –una cincuentena, mayoritariamente monomarentales– de menores bajo el radar del departamento de Derechos Sociales exigen ser escuchadas. Los miembros de la Asamblea de Familias Rotas por la DGAIA, un colectivo que asegura haber sufrido maltrato institucional y separaciones arbitrarias de sus hijos, han pedido este viernes a la adjunta de infancia del Síndic de Greuges que interceda en su favor para reunirse con la conselleria. Fuentes gubernamentales aseguran que no han recibido una petición formal de reunión del colectivo, pero abren la puerta a "cualquier aportación" que busque la mejora del sistema.

En una rueda de prensa, la portavoz de estas familias, Norma Falconi, ha explicado que reclaman a la nueva DGAIA una "mayor celeridad" a la hora de revisar los expedientes de los menores internados en centros bajo tutela administrativa, ya que, denuncian, la documentación acostumbra a retrasarse hasta lo niños en sus hogares.

Desde la plataforma también piden apoyo para exigir al ejecutivo una mayor transparencia en la elaboración de los informes técnicos –psicológicos y sociales– que sustentan muchas retiradas de custodia. "Falta objetividad. Hay informes en los que se habla de las madres sin que ningún profesional las haya visto nunca. Esto crea indefensión absoluta", denuncia Falconi.

Desde la asamblea aseguran que el sistema actual funciona como una "prisión de menores", en la que los derechos de los niños y de sus madres no se respetan. Las restricciones de visitas, la desconexión afectiva entre padres e hijos y la burocratización de los procesos son, según denuncian, "un grave obstáculo" para la recuperación del vínculo familiar.

De hecho, sólo el 15% de los niños bajo tutela vuelven con sus familias, según datos reconocidos por la síndica de infancia, si bien el 50% de los casos podrían ser revisados. "Este sistema no sirve ni para Catalunya, ni para el Estado, ni para las madres. Hay que repensarlo desde abajo y con las familias dentro", ha concluido Falconi.