De un pinar verde a 52 chalés de lujo: indignación por la presión urbanística en Begur

GironaEn los últimos años, la costa de Begur (Baix Empordà) ha sufrido una presión urbanística cada vez más intensa, con un incremento amenazante de obras que edifican en primera línea de mar. El último caso es el proyecto Jardines de Sa Riera Living, que está a punto de completar la construcción de 52 viviendas de lujo al lado de la playa, en un polígono de suelo urbano que ha supuesto la deforestación del bosque virgen de pinos y encinas más próximo al litoral. La organización Salvem la Costa de Begur, que forma parte de la federación de ecologistas SOS Costa Brava, se ha posicionado radicalmente en contra. 

“El impacto visual del complejo inmobiliario es horroroso”, dice Inés Ripoll, vecina de Sa Riera y miembro de la plataforma ecologista de Begur, que, según explica, ha vivido el proceso de las obras "con impotencia y frustración", enviando correos y mensajes diarios a las administraciones para parar lo que considera una "operación de terrorismo urbanístico”. Nunca ha obtenido ninguna respuesta. Poniendo voz a la indignación de Salvem la Costa de Begur, añade: “Nos hacemos cruces de cómo el Ayuntamiento ha sido capaz de dar la licencia de obras y aprobar esta fortificación de hormigón en la orilla del mar”. La asociación naturalista no solo lamenta la huella paisajística de la urbanización, sino que también alerta de las consecuencias medioambientales. “En un momento crítico por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, es insostenible talar un pulmón verde como un pinar y sustituirlo por un bloque de hormigón, sin ninguna sombra y lleno de aires acondicionados”, dice Núria Raventós, bióloga de la entidad. 

Igualmente, Salvem la Costa de Begur critica que el coste medioambiental de esta infraestructura no se compensa con ningún beneficio directo para el municipio. Se trata de un proyecto extranjero gestionado por los fondos de inversión suizos Varia Europa Properties y Stoneweg –los mismos que querían gestionar la construcción del nuevo Museo Hermitage en Barcelona–, asociados con la constructora local Sorigué, que no ha contratado a ningún trabajador de la zona. Y, además, las viviendas van dirigidas a satisfacer únicamente las demandas de compra y alquiler de turistas de alta gama. “Será una urbanización fantasma de segundas residencias que se vaciarán durante el invierno y sobresaturarán todavía más la temporada de verano”, cuestiona Núria Raventós.

Batalla judicial

Para frenar el proceso de construcción, Salvem la Costa de Begur interpuso una demanda al consistorio, responsable de la concesión del permiso de obras, en 2018. El julio de 2019, sin embargo, el Ayuntamiento desestimó la denuncia y la asociación ecologista respondió interponiendo un recurso al juzgado contencioso administrativo de Girona, todavía en proceso de resolución. Eduard de Ribot, abogado de SOS Costa Brava, alega que el plan urbanístico del complejo de Sa Riera es ilegal, principalmente, porque “vulnera la prohibición de construir sobre una pendiente superior al 20%, no prevé ninguna vía verde al polígono y no responde a la obligación de integrarse paisajísticamente con el entorno que lo rodea”. Y, de momento, a la espera de la sentencia definitiva, la asociación ecologista celebra una pequeña victoria: las medidas cautelares que obligan al Registro de la Propiedad a informar a los posibles compradores de que los edificios de los Jardines Living se encuentran bajo investigación judicial, con el riesgo de derribo que esto supone. 

Por su parte, Maite Selva, alcaldesa de Begur (JxCat), contesta que la licitación de obras responde a la normativa de 2003 del plan de ordenación urbanística municipal (POUM), que definía la zona de Sa Riera como suelo urbanizable. "Con esta legislación, el gobierno municipal tiene la obligación de otorgar la licencia al propietario que pretende comprar el terreno, así que, por mucho que la urbanización nos resulte fea y desagradable, estamos obligados a concederla”, rebate la alcaldesa. "Aunque lo pudiéramos hacer, si revocáramos los permisos, tendríamos que hacer frente a unas indemnizaciones millonarias”, añade. Unos argumentos que el abogado de SOS Costa Brava replica afirmando que “con voluntad política, el POUM se puede modificar” y resaltando que cuando se iniciaron las demandas, "antes de empezar las obras, las penalizaciones por incumplir el contrato eran irrisorias".