Los menores, los más desprotegidos ante la violencia machista por culpa de la descoordinación

BarcelonaEl asesinato de un menor en Sueca (País Valenciano) a manos de su padre, que tenía una orden de alejamiento de la madre y el régimen de vistas suspendido pero mantenía la custodia compartida, no es una excepción y también podría pasar en Catalunya. Esto es lo que concluyen las autoras del estudio La protección de los y las menores víctimas de violencia machista del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat (CEJFE), que se ha presentado este jueves. Concluyen que los menores acaban siendo "los grandes olvidados" por el sistema y alertan que acaban teniendo un papel secundario, que sus derechos quedan en un segundo término y que las medidas previstas en la ley para protegerlos no siempre se aplican.

El trabajo, hecho a partir de 27 entrevistas con diferentes profesionales, constata la descoordinación entre los juzgados que llevan estos casos y también en cuanto a la atención social que se da a estas criaturas, que también son víctimas de la violencia machista. Las autoras proponen hasta 15 medidas para poner al menor en el centro de todos los procedimientos: crear la figura de un defensor judicial que vele en todo momento por el interés de las criaturas afectadas por diferentes procedimientos judiciales, crear un sistema de coordinación entre los juzgados de familia y los de violencia machista, y potenciar el papel de la Fiscalía y el de las unidades forenses integrales en este tipo de procedimientos. También se apuesta por prohibir la guarda compartida en los casos de violencia machista o suspender la potestad parental si hay alguna orden de protección.

De hecho, el Govern aprobó recientemente un decreto ley que modifica algunos artículos del Código Civil catalán para que los padres maltratadores tengan prohibidas las estancias, visitas y comunicaciones con los hijos. La consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, se ha referido a la violencia vicaria como "una de las más execrables, posiblemente, porque se comete contra aquellos a quienes más se tiene que proteger, los hijos y las hijas, en el espacio en que más seguros se tendrían que sentir para hacer daño al otro progenitor” y ha subrayado que "la creencia de que un padre o una madre perpetrador de violencia continúa siendo un buen progenitor está cada vez más desterrada del imaginario colectivo". En este sentido, ha afirmado que para velar por la garantía de los derechos y la seguridad de los niños en casos de violencia no valen "los discursos, sino las acciones y la profesionalidad".

Según la abogada y profesora de la URV África Cruz, coautora del estudio, la descoordinación se da a "diferentes niveles" porque cada uno de los actores implicados en un mismo procedimiento tramita su parte sin tener en cuenta lo que hacen los otros: una mujer puede tener un abogado por un procedimiento de divorcio que desconozca qué está haciendo el otro letrado de su clienta que lleva la denuncia por maltratos. Tampoco hay comunicación entre el juzgado de familia y el de violencia sobre la mujer, la Fiscalía no tiene por qué revisar el número de procedimientos abiertos ni tener constancia los servicios sociales. "En un momento en que todo está informatizado, parece inverosímil que no se puedan hacer saltar las alarmas de manera automática. Esta coordinación tiene que estar y puede estar. La pregunta es por qué no se hace y por qué no hay recursos para hacerlo", apunta la profesora de derecho constitucional de la URV, Neus Oliveres, también autora del estudio.

En el ámbito judicial, el trabajo apunta que haría falta que los juzgados se coordinaran a la hora de dictar medidas penales para proteger a la madre víctima de maltratos y de carácter civil para garantizar el bienestar de los menores. La estadística indica que, si bien en más de la mitad de los casos se dictan órdenes de protección para las mujeres maltratadas, solo en un 1% de los procedimientos se incluyen medidas civiles pensando en los menores. De hecho, en el estudio la Fiscalía de Tarragona admite que solo piden medidas civiles para los menores cuando detectan que corren un riesgo grave, pero no en el resto de casos, salvo que la madre lo pida.

Poner al menor en el centro

Si bien las últimas reformas legislativas parten de la base que hay que poner al menor en el centro del procedimiento, el estudio constata que esta afirmación es todavía una "entelequia", que se postula en la teoría, pero que después "no se ve reflejado o completado en la práctica". Según las autoras, todavía prevalecen los derechos de la madre víctima de maltratos o del padre agresor por encima de los derechos de los menores. Esto provoca que tampoco haya una intervención "integral" sobre estos menores, que también son víctimas de la violencia machista, porque "el modelo está pensado" para atender a la madre, como víctima de los maltratos, mientras que los menores son un "añadido" a este procedimiento.

En este sentido, el estudio apuesta por designar a profesionales que velen exclusivamente por los derechos de los menores, del mismo modo que los hay que velan por las mujeres víctimas de la violencia machista, desde el primer momento que las denuncias llegan a los Mossos d'Esquadra, pasando por los tribunales y, finalmente, por la atención social. También subraya la importancia de encontrar procedimientos para "escuchar a los menores". "Todo el mundo acaba decidiendo por ellos o ellas; hay que escucharlos más para entender la experiencia que viven estas criaturas, darles voz sobre lo que piensan", apuntan las autoras, que destacan la importancia de "visibilizar a los menores y darles protección permanente".