Territori

Ofertas para vivir en el mundo rural: casa con cuatro habitaciones y horno de pan por 250 euros

Muchos ayuntamientos de pueblos pequeños asumen ahora la gestión y la promoción de negocios que se encuentran en vías de extinción

Albert González Farran
y Albert González Farran

LleidaEn Bovera, en el extremo sur de Les Garrigues, hay una casa de cuatro habitaciones con un horno de pan que se alquila por 250 euros al mes. La oferta la anunció el Ayuntamiento en 2020 para atraer a recién llegados que quisieran hacer pan para sus 200 habitantes. El año pasado, una familia adquirió este chollo, pero unos meses después se lo repensó y acabó yéndose a Barcelona. Y ahora Bovera vuelve a estar sin panadería, lo cual obliga a la gente a desplazarse en la Granadella (a siete kilómetros) para comprar el pan. La propuesta del Ayuntamiento continúa en pie, pero su alcalde, Òscar Acero, se siente pesimista. “Nadie quiere venir a vivir a los pueblos”, se lamenta. A pesar de ofrecer este negocio sin impuestos municipales, continúa sin pretendientes.

Las iniciativas públicas para frenar la desaparición de los comercios tradicionales se están multiplicando a la vez que el despoblamiento rural sigue imparable. El Institut Català de Estadística confirma que la demarcación de Lleida es la única de Catalunya que en diez años ha visto reducida su población, en concreto en 3.000 personas. Y las previsiones más pesimistas indican que continuará menguando, con 30.000 habitantes menos en 2035. Los pequeños municipios quieren frenar esta tendencia manteniendo los servicios básicos: panaderías, carnicerías, pescaderías, mercerías y tiendas de víveres son algunos de los comercios necesarios para arraigar a la gente en los pueblos.

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Por ejemplo, Ciutadilla (Urgell) estudia la viabilidad de convertir un antiguo molino harinero en una panadería. “Nuestra gente está obligada a comprar el pan en Tàrrega, a diez kilómetros”, se lamenta el alcalde, Òscar Martínez. En La Sentiu de Sió (Noguera), ya hace dos años que el consistorio alquila un almacén por un precio simbólico de 25 euros mensuales para volver a disponer de una tienda de víveres de proximidad. Una familia de Sabadell se trasladó al pueblo para reabrir el colmado y ofrecer entrega a domicilio. “Comenzamos la iniciativa durante la pandemia, para facilitar a los vecinos el acceso a los productos de primera necesidad”, argumenta el alcalde, Pepe Torres. Más ejemplos: el Ayuntamiento de Bellaguarda (Les Garrigues) inauguró a principios de este año un obrador compartido, un espacio de trabajo para empresas de agroalimentación. Lo hizo reconvirtiendo un almacén de la sala polivalente: añadió una cámara frigorífica, azulejos, lavaplatos, sala de cocción, zona de envasados y vestuario y ahora ya funciona a pleno rendimiento con media docena de productores.

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"Nadie parece interesado"

Los municipios de Almatret, Llardecans, Maials, Sarroca y Torrebesses fundaron en 2013 la Comunidad del Segrià Sec para desarrollar su economía y, entre otras cosas, frenar la fuga de comercios. Precisamente en Almatret, que con 300 habitantes ha perdido el 70% de su población en los últimos sesenta años, ya no hay carnicerías. Las tenderas se jubilaron hace dos años y no se ha encontrado relevo. “Estamos dispuestas a ayudar a quien quiera reabrir, pero nadie parece interesado”, confiesa Araceli Miarnau, una de las carniceras jubiladas. Por este motivo, la Comunitat ha puesto en marcha el proyecto Recomença Rural, un catálogo público de establecimientos comerciales que hayan cerrado o estén a punto de hacerlo. “Ofrecemos asesoramiento y facilitamos trámites para que el relevo sea ágil”, explica el primer teniente de alcalde de Llardecans, Josep Mateu.

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Jaume Gilabert, alcalde de Montgai (Noguera), pide que las iniciativas vayan más allá. Él es coordinador del proyecte Herramientas de Forestación Rural, integrado por más de 500 pueblos, y recuerda que una de sus reclamaciones es la bonificación fiscal a los nuevos emprendedores del mundo rural. El Ayuntamiento de Montgai reconvirtió hace años el antiguo consultorio médico para alquilarlo, por 200 euros mensuales, a un colectivo de artesanas jaboneras. Pero Gilabert dice que hacen falta más medidas: “Necesitamos un arraigo serio, de gente que ponga en marcha proyectos empresariales creativos que perduren”, reivindica el alcalde.