La ONU pide al Estado que evite dos desahucios en Barcelona

BarcelonaMalek, su mujer y sus dos hijos, de 9 y 14 años, pagaban 500 euros de alquiler por un piso en el barrio de Sant Andreu de Barcelona que cambió de propietario –lo adquirió un gran tenedor– hace poco más de un año. Él, a raíz del covid, perdió su trabajo en una empresa de reciclaje y el nuevo propietario les quiere subir ahora más de 200 euros el alquiler, hasta los 720. Pero la familia tiene unos ingresos totales de 718 euros mensuales. Están dispuestos a seguir pagando el alquiler que pagaban con la anterior propietaria, pero no pueden afrontar la subida. "Me faltan dos euros para poder pagarlo", lamenta Malek.

A pesar de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había pedido parar el desahucio de la familia de Malek, el proceso judicial no se ha parado y diferentes entidades vecinales han hecho un llamamiento para evitar que se ejecute hoy. El lanzamiento estaba previsto para las 12.30 h y no ha salido adelante, a pesar de que la propiedad está decidida a culminarlo, si hace falta, con presencia de los antidisturbios de los Mossos otro día. Hoy no se disponía de suficientes agentes de la Brimo para hacerlo efectivo, pero el abogado de la propiedad ha dejado claro que la próxima vez vendrán preparados para ejecutar el lanzamiento aunque haya vecinos concentrados en la puerta.

La ONU había pedido medidas cautelares para no dejar a la familia desamparada, ya fuera parando el desahucio o garantizando un alojamiento alternativo para la familia. En su escrito, el comité alega la necesidad de parar el proceso para evitar "daños irreparables" a la familia mientras se analiza su caso. Y este es exactamente el mismo argumento que usa en el caso de Alejandro, un vecino de 83 años del Barri Gòtic que se enfrenta a un desahucio con fecha abierta.

Después de 64 años viviendo en el piso de la familia de su mujer en la calle Estruc, ahora intentan expulsarlo porque, mientras se encontraba en una situación de mucha vulnerabilidad por la muerte de familiares cercanos, no solicitó por escrito la subrogación del contrato de alquiler en el plazo establecido. Alejandro perdió, en poco más de un año, a sus dos hijos y a su mujer y sufrió una depresión que lo obligó a pasar días hospitalizado.

Fue en este momento cuando no solicitó como correspondía burocráticamente la subrogación del alquiler, como denuncian desde Resistim al Gòtic, que han llevado su caso a la ONU. El organismo ahora ha dictado medidas cautelares para frenar el proceso y evitarle "daños irreparables" y las ha propuesto tanto al Estado como al juzgado. "Ahora estamos pendientes de la resolución del juez. Estamos intentando por todos los medios posibles que frenen el desahucio", explica Martí Cusó, de la plataforma vecinal.