La precarización y la falta de personal se enquistan en las residencias postcóvido

BarcelonaCuatro años después de que las residencias se convirtieran en el punto crítico de la pandemia, las conclusiones del grupo de trabajo del Parlamento sobre el que falló para que de los 30.000 muertos atribuidos a la cóvide unos 9.000 fueran residentes de geriátricos, no señala responsables. A lo largo de este tiempo, los centros han ido recuperando la normalidad, pero en muchos aspectos no han terminado de corregirse las deficiencias estructurales que arrastra el sector. Lo que sí se ha reafirmado es la tendencia de que las personas que ingresan son grandes dependientes, con las facultades cognitivas muy afectadas y que ya no pueden ser cuidadas en casa, sino que requieren cuidados profesionalizados.

Pero profesionales no hay. Las plantillas hacen corto y cada vez tienen menos formación, denuncia el delegado de CCOO de geriatría, Pep Martínez, quien señala que las enfermeras de las residencias, por ejemplo, en cuanto pueden marchan a la sanidad porque los sueldos son más elevados, mientras que el resto de perfiles "huyen" a otros sectores. El déficit de profesionales es un hecho que admiten tanto el departamento de Derechos Sociales como las patronales y, según los trabajadores y las familias de los residentes, esta carencia provoca un deterioro en la calidad del servicio que se presta.

Las ratios de profesionales por residentes no se han modificado, e incluso a menudo es imposible sustituir una baja laboral con personal formado, denuncian tanto Martínez como María José Carcelén, la portavoz de la Coordinadora de Residencias 5+1, que reúne a familiares y usuarios. Carcelén dice que no ve "mejoras en el día a día" de los centros. De hecho, cuestiona si "un gericultor puede hacerse cargo en las mejores condiciones de 10 o 13 personas sin movilidad" en un solo turno. Por su parte, el sindicalista incide en que la falta de enfermeras “recae” en estos gericultores que ya van suficientemente cargados de trabajo. Por su parte, la portavoz de la plataforma de familiares Les Estrellas Silenciadas, Lola Muñoz, se queja de que las plantillas “se llenan de personal sin formación” para tratar con grandes dependientes. "Estamos peor ahora que antes", reflexiona Muñoz, que critica la presión que hacen las direcciones de los centros sobre los trabajadores para ahorrar y gracias a "la ineptitud" de los responsables políticos.

Acuerdos históricos

Para intentar retener al personal, finalmente, las patronales y sindicatos mayoritarios firmaron en diciembre del 2021 un acuerdo calificado de histórico porque era el primer convenio catalán del sector y suponía un aumento de los sueldos en términos generales del 6%. Sin embargo, para Martínez el incremento es tan bajo que si no se actualiza en poco tiempo un trabajador de una residencia de las tablas salariales más bajas “cobrará por debajo del salario mínimo interprofesional”. Sin embargo, las residencias privadas suelen complementar los sueldos, pero aun así, entre centros puede haber diferencias de 300 o 400 euros por la misma categoría.

Pascual insiste en que sin más inversión que seque la infrafinanciación crónica de las residencias no se puede hacer más. Por eso, en junio de 2023, la patronal de las residencias Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) aplaudía el acuerdo con el departamento y los sindicatos para subir las tarifas de los servicios [el precio que paga la Generalitat por una plaza residencial] un 6%, que tenía un impacto en los salarios de las plantillas. Por el contrario, ahora se ha mostrado muy crítica con el 5% que Carlos Campuzano plantea en el presupuesto de la Generalitat para este año: asegura que "es insuficiente y pone en peligro a profesionales, empresas y entidades" que prestan el servicio. Según la patronal, el precio de una plaza de residencia de grado III (los grandes dependientes) financiada públicamente ha pasado de 1.869 euros en 2010 a 2.124 en 2023, una actualización insuficiente teniendo en cuenta los gastos y el incremento de sueldos .

Campuzano ha sacado pecho de las cuentas del departamento porque suman 3.612,3 millones de euros, 290 más que en 2023, y un 8,7% más respecto a 2023, pero repite que el problema de base es “la infrafinanciación ” de Cataluña en materia de dependencia. Según el departamento, el gobierno español aporta al sistema catalán 3.117 millones de euros, mientras que los usuarios desembolsan 2.994 millones. La Generalitat le destina 12.100.

Una vez terminada la pandemia, han devuelto las listas de espera: hay cerca de 13.000 personas esperando que les asignen una plaza, y en un 17% de las residencias es necesario hacer cola más de tres años. En más de un 60% de los centros, la espera es de un año. Para recortar estos plazos, Derechos Sociales vierte 26 millones de euros y se compromete a la creación de un millar de plazas residenciales para personas mayores, personas con discapacidades y problemas de salud mental. La otra apuesta de la consejería que lidera Campuzano es el incremento de la prestación económica vinculada (PEV) hasta alcanzar los 1.239 euros mensuales, con la que espera asignar plazas a otras 5.000 personas.

Sin responsables, según el Parlament

En el cuarto aniversario del estallido de la pandemia se llega con las conclusiones del grupo de trabajo del Parlament sobre qué ocurrió en las residencias todavía calientes y con la decepción e indignación que dejaron entre los familiares, los comunes y la CUP , así como a Médicos Sin Fronteras y Amnistía Internacional. El motivo, todos coinciden, es la falta de crítica y designación de responsables. Lo único que los parlamentarios señalan, sin embargo, es que la covid confirmó que las inspecciones en los centros son “deficientes”. Para toda Catalunya, el departamento tiene 29 inspectores de geriátricos, una plantilla que hace poco el conseller veía bien dimensionada. Sin embargo, el departamento prepara un nuevo modelo de inspecciones.

También el director de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (Ascad), Andrés Rueda, reclama que haya más orden y racionalización de las inspecciones para que sean más útiles. El departamento se ha comprometido a lo largo de este año a publicar el resultado de las inspecciones en la web que informa de las listas de espera de las residencias como herramienta de calidad y transparencia.

En el futuro, las residencias tienen el deber de adaptarse al nuevo modelo previsto por la ministra Ione Belarra en la legislatura anterior: residencias más pequeñas para parecerse más a hogares que a centros. Por el momento, está abierto el período de acreditaciones, pero el Gobierno insiste en que su modelo pasa por la atención a domicilio y, mientras tanto, está implementando que médicos y enfermeras de primaria visiten a los residentes para mejorar la atención sanitaria.