“Queremos recolectar fruta, hacer lo que no quieren hacer los de aquí”

Lleida / BarcelonaLleida va por delante. Mientras Catalunya se aboca a una cuarta oleada, la comarca del Segrià se adentra en una quinta oleada, porque el verano pasado se vivió una situación muy complicada que obligó a tomar medidas drásticas en el territorio, como un confinamiento perimetral. Fue un episodio muy duro para la población y la economía local que estalló en plena campaña de la fruta, con miles de trabajadores de todos los puntos de España y de diferentes países de África amontonados en albergues y casas viejas hiperpobladas y decenas de personas durmiendo en la calle.

Ahora, a las puertas del inicio de la campaña de la fruta de este año y con una situación epidemiológica complicada porque los hospitales de Lleida están al límite, la preocupación dentro del sector y la administración local es máxima para que no se repita lo que pasó el año pasado. El reto es mayúsculo: se espera que durante los próximos dos meses lleguen al Segrià cerca de 35.000 personas. Pero muchas de ellas no podrán trabajar porque las heladas han afectado a parte de la cosecha. Falta por ver cuál será el impacto final, pero desde la asociación agraria JARC creen que solo encontrarán trabajo 25.000 temporeros, máximo 30.000. Esto abocará a muchas personas a una situación de vulnerabilidad, sin ingresos y lejos de casa, en un territorio que, según el activista Nogay Ndiaye, tiene un “déficit de vivienda muy grande”. “Mucha gente no puede acudir al alquiler porque no cumple con los requisitos, aparte de que hay una discriminación por el hecho de ser negros. Me lo he encontrado yo, y eso que trabajo para la Generalitat. Hay personas que me lloran y me piden una habitación para alquilar, pero no hay”, denuncia.

Los trabajadores ya han empezado a llegar. Vienen sobre todo del sur de España, una vez acabada la temporada en Andalucía y Murcia, o directamente de África. Como Adama, que aterrizó el 25 de marzo en Lleida desde Senegal. Se ha instalado al casco antiguo, y conversa animadamente con tres amigos en la Plaça del Dipòsit, donde se reúnen centenares de personas cada tarde esperando una oportunidad laboral. Adama no empezará a trabajar hasta mayo, en una explotación de Sunyer (Segrià), pero ha venido antes porque no tiene familia y así lo aprovecha para “descansar y estar con los amigos”.

Cerca de Adama, dos subsaharianos escuchan música alejados del bullicio de gente que se reúne alrededor de la plaza. “¿Tienes un trabajo para mí?”, pregunta uno de ellos. “Tenemos ganas de trabajar, cosechar fruta”, añade, y asegura que personas jóvenes como él aportan riqueza a Catalunya, porque con un trabajo “que las personas del país no quieren hacer” pagan impuestos y generan consumo.

La mayoría de los temporeros que ya han llegado al Segrià tienen un lugar donde vivir, ya sea en casa de algún conocido o en las viviendas que los labradores tienen para los trabajadores. Pero también han llegado personas sin recursos, que se alojan en los albergues municipales o, incluso, duermen en la calle. Desde finales de marzo algunas personas acabadas de llegar a la ciudad han pasado la noche en la intemperie en la Plaça de l'Ereta. En general, en Lleida se ha atendido a 126 personas con este perfil desde enero, y 26 en la última semana.

El año pasado este fenómeno desbordó al consistorio, y el reto de este año es poder dar respuesta a un problema -dicen los ayuntamientos- que es de competencia estatal. “Hay que diferenciar entre los temporeros que vienen a recoger la fruta y los sintecho que están en todas partes. Es una problemática social que a los municipios pequeños nos supera y se tiene que resolver a nivel estatal”, explica la alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol. Una idea que comparte Sergi Balué, de JARC. Asegura que un 85% de los trabajadores de la fruta son gente que repite año tras año, una plantilla estable (fijos discontinuos) que muchas veces ha arraigado en el territorio, o bien trayendo a la familia desde su país de origen o creando una con gente autóctona. “Los agricultores de Lleida lo estamos haciendo bien, el año pasado hubo más de 300 actas de inspección y solo cuatro propuestas de sanción. Que se persiga a los que no lo hagan bien, somos los primeros en denunciarlo”, dice Balué, que considera que en un año “no se ha avanzado nada”. En realidad, puntualiza, sí hay una buena iniciativa, una ayuda de 50 euros semanales -con un máximo de 200- que se dará a los agricultores que ofrezcan alojamiento gratuito a los trabajadores. Una ayuda por cada temporero contratado.

“No se han hecho todos los deberes, y se sigue yendo a remolque”, sentencia el alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, que lamenta que no se ha aprendido de lo que pasó el verano del año pasado, cuando el covid se descontroló en el Segrià, sobre todo en las centrales hortofructícolas, y tensionó el sistema sanitario, cosa que obligó a tomar medidas muy duras.

Cribajes pero sin vacuna

El recuerdo del año pasado ha puesto en alerta a los ayuntamientos. En Aitona, por ejemplo, donde durante la campaña de la fruta duplicarán el número de habitantes -de 2.500 a más de 5.000-, hoy empiezan a montar quince casas prefabricadas para poder aislar a contactos de contagios o personas pendientes de prueba. También dispondrán de una cincuentena de camas en el pabellón, y tendrán dos educadores covid y dos agentes sociales. En total, el Segrià dispondrá de un millar de camas para atender a temporeros que no tengan dónde alojarse, aparte de tres grandes espacios -el hotel Nastasi, el albergue de Bellpuig y la Mareana de Juneda- para aislar a positivos. Para este año todavía no llegará a tiempo el albergue que se construirá en Pardinyes (Lleida) para acoger a 120 personas, con un presupuesto de 4 millones y que tiene que servir para la próxima campaña. Sí se ha presupuestado, en cambio, la contratación de 54 mediadores y 100 personas para hacer vigilancia epidemiológica y seguimiento de brotes. Una de las novedades es la figura de una coordinadora que se encargará de distribuir en el territorio tanto las necesidades de mano de obra como los recursos habitacionales. También se harán cribajes masivos con PCRs de automuestra. Uno inicial que se está acabando de definir y el resto calendarizados durante el verano.

Lo que no se hará será vacunar a los temporeros y agricultores, a pesar de que fue una petición del territorio: primero que se vacunara toda la comarca y, si no se podía, al menos el sector agrícola porque se considerara esencial. La Generalitat lo trasladó al ministerio de Sanidad, que tiene las competencias en la materia, pero lo denegó, y ahora la petición ya no se volverá a cursar porque la vacunación ya no se hace en función de sectores esenciales sino por edades y, según fuentes de Salud, “los temporeros no son población de riesgo”.

“Vacunar a todos los trabajadores cuando lleguen, dado el riesgo de contagio superior (más contacto y el aumento de transmisión en cámaras por el frío), no es un beneficio para los temporeros, que también, sino una protección para todo el mundo”, dice Latorre. Y Pujol avisa: “Con la variante británica, cuando el covid entra en una casa afecta a toda la familia. Si esto pasa durante la campaña de la fruta, no sé si tendremos lugar para atender a la gente”.