Las sanciones covid podrían tardar cuatro años en tramitarse
La jueza decana de Barcelona explica que la pandemia agrava la situación en la justicia y que algunos juicios tardan dos años en celebrarse
BarcelonaLa pandemia ha agravado el colapso de la justicia, especialmente en la zona de Barcelona, y la situación se puede hacer insostenible cuando lleguen algunos de los procedimientos derivados de la emergencia sanitaria. En 2019 muchos ciudadanos esperaban un año para poder ir a juicio para sus reclamaciones. Actualmente el atraso en el señalamiento de un juicio puede llegar a los dos años. Las áreas más castigadas son la social y la contenciosa, dos de las jurisdicciones que tienen que afrontar, además, muchos de los procedimientos generados por la crisis del coronavirus: los despidos, los expedientes temporales de regulación de empleo y los recursos por la imposición de sanciones por incumplir las restricciones. A pesar de que todavía no hay datos sobre cuántos procedimientos de este tipo han empezado a llegar a los juzgados barceloneses, la decana en funciones en Barcelona, Mercè Caso, ha calificado la situación de "alarmante". Según sus cálculos, solo la tramitación de las reclamaciones de ciudadanos multados por incumplir las restricciones podría alargarse cuatro años.
Por eso la decana en funciones ha pedido que, de manera preventiva, se tomen medidas urgentes para reforzar los juzgados, para hacer frente al "tsunami" de procedimientos derivados de la emergencia sanitaria. "Estamos reclamando más medidas porque las actuales son insuficientes", ha dicho Caso, que ha apuntado que el Consejo General del Poder Judicial ha desestimado muchas de las peticiones de refuerzo que le han hecho llegar los jueces.
El alud por las reclamaciones contenciosas no es lo único que preocupa, también lo hace el posible incremento derivado del levantamiento de la moratoria de los desahucios o el fin de la prórroga de los expedientes de regulación de empleo. Y es que, sin tener en cuenta este tipo de procedimientos, actualmente el tiempo de espera para un juicio es de casi ocho meses en el área civil, de nueve meses en el área penal y de medio año en el área de familia. En todos los juzgados sociales se supera el año de tiempo de espera para un juicio y los señalamientos pueden llegar a atrasarse dos años en dos juzgados contenciosos, una jurisdicción en la que de media los procedimientos ya se tramitan en 16 meses. Los juicios rápidos, que se tendrían que celebrar en 15 días según la ley, tardan de media medio año en Barcelona, si bien en 2019 el tiempo de espera era de un año.
Caso ha pedido refuerzos a todas las jurisdicciones, especialmente a la social, a la contenciosa y a la civil, donde actualmente no hay ningún tipo de refuerzo. La decana en funciones también ha "urgido" a modificar el Registro Civil. "Si algo falló durante esta pandemia fue el Registro Civil", ha admitido Caso, que ha recordado que el organismo se colapsó debido al aumento de peticiones de certificados de entierro por las defunciones provocadas por el virus.
Levantamiento gradual de la moratoria de los desahucios
El delegado de los juzgados civiles, Roberto García Ceniceros, ha admitido que si la moratoria de los desahucios se levanta de golpe este 10 de agosto el alud de procedimientos puede acabar siendo insostenible, porque los juzgados no tienen los medios para asumirlos y porque la mayoría de afectados tendrán la condición de familias "vulnerables". Por eso, el magistrado espera que el levantamiento se haga de manera "gradual". Ceniceros también ha insistido en que hacen falta más "recursos habitacionales" para hacer frente a la situación.
Respecto al caso del hombre que se suicidó mientras era desahuciado en Barcelona, Ceniceros ha admitido que le preocupa el hecho de que muchas de las circunstancias de su procedimiento sean "comunes" en otros expedientes de lanzamiento que hay en la ciudad. "El suyo caso es un verdadero fracaso de todo el sistema, todos hemos fallado", ha añadido Caso.