La ley Celaá prohibirá que las escuelas concertadas separen a los alumnos por sexo

BarcelonaLa nueva ley de educación, la Lomloe, prohibirá que los centros educativos concertados separen los alumnos por sexo, una práctica que actualmente mantienen 11 centros en Catalunya y 87 en todo el Estado, la mayoría vinculados a la Opus Dei, y donde niños y niñas estudian separados. La enmienda acordada por el PSOE, Unidas Podemos y ERC (los mismos partidos que han impulsado un polémico cambio en el modelo lingüístico) establece que las escuelas mantenidas "parcialmente o totalmente con fondos públicos" tienen que desarrollar "el principio de coeducación en todas las etapas educativas" y "no separarán al alumnado por su género". También obliga a los centros públicos y concertados a incorporar "medidas para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres" a través de los "planes de acción tutorial y de convivencia".

La enmienda introducida va mucho más allá del primer proyecto de ley que presentó el gobierno español. A pesar de que sectores del PSOE y Podemos son partidarios de retirarles el concierto, el texto solo decía que "se priorizaría" la subvención de aquellos centros que aplicasen el principio de coeducación y no separasen el alumnado por género. Si había escuelas que sí que separasen a los alumnos por sexo, tendrían que justificar cómo formaban a los alumnos en igualdad. Entonces, la ministra de Educación, Isabel Celaá, avisó que podría haber cambios, como así ha acabado siendo: la enmienda pactada con ERC establece que los centros concertados "no separarán al alumnado por su género".

Es la primera vez que una ley española lo establece con claridad. La ley actual, del PP, afirmaba que "no constituye discriminación la admisión de los alumnos y las alumnas o la organización de la enseñanza diferenciados por sexos" y que "en ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos puede implicar para las familias, los alumnos y las alumnas y los centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja a la hora de subscribir conciertos con las administraciones educativas o en cualquier otro aspecto".

En Catalunya se retirarán los conciertos el curso que viene

Cuando se apruebe esta ley –de aquí a un mes, aproximadamente– Catalunya estará más cerca de tener el marco jurídico necesario para aplicar lo que ya anunció en el mes de mayo: que denegaría el concierto a los 11 centros en cuestión, a pesar de que les daba un año de prórroga para adaptarse. Entonces, el departamento de Educación argumentó que les retiraba la subvención en virtud del artículo 43.1.d de la ley de educación de Catalunya, según el cual los centros con financiación pública tienen que cumplir el principio de educación por medio de la escolarización mixta, que tiene que ser objeto de atención preferente. Y también un artículo de la ley española que pide en estas escuelas que expongan las razones educativas y las medidas académicas que llevan a cabo para garantizar la igualdad.

Ahora bien, la nueva ley podría abrir un nuevo conflicto político y judicial. El Tribunal Constitucional emitió una sentencia hace dos años en que aseguraba que la educación que separa por sexo "no causa discriminación" y es "respetuosa con la Constitución", y tumbó el recurso de inconstitucionalidad que el PSOE presentó en 2014 contra algunos de los puntos más polémicos de la Lomce, conocida popularmente como ley Wert.

Reacciones

El vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias, ha celebrado que "se acabe la segregación por sexos a las escuelas financiadas con fondos públicos". "Avanzamos", ha dicho en un tuit, donde ha avisado que "el bloque de Colón", en referencia al PP, Cs y Vox, "crispará e insultará pero no nos devolverá al pasado".

En cambio, para la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Escuelas Libres de Catalunya (Fapel), la modificación de la LOE tiene un "efecto monstruoso" porque "ataca gravemente" la escuela concertada, que es el 30% del sistema educativo, y "ningunea la pluralidad y la libertad individual". Esta entidad critica que se quiera "imponer" el modelo público y castigar "hasta hacer desaparecer" la pluralidad de los modelos educativos.