"Solo pido un piso que pueda pagar"

BarcelonaMaribel tiene claro que su espiral empezó con la crisis hipotecaria. Se instaló en el número 8 de la calle Ermengarda del barrio de Hostafrancs de Barcelona en 2007. Trabajaba de camarera de piso y decidió comprar el piso. Años más tarde, se quedó en el paro y se convirtió en una víctima más de la burbuja inmobiliaria. "Cobrava 740 euros y, si pagaba la hipoteca, no podía pagar ni la comunidad ni el IBI, y era imposible", explica al ARA. Después de años de angustia, pudo firmar una dación en pago y consiguió un alquiler social gracias a la ley de vivienda 24/2015, que obliga a los grandes propietarios –los que tienen más de 10 viviendas– a ofrecer un alquiler asequible a las personas vulnerables antes de desahuciarlas.

Poco después, el Govern amplió esta ley con un decreto que, además, obligaba a los propietarios a renovar los contratos de alquiler social, pero a principios de año, el Tribunal Constitucional tumbó la norma, hecho al cual se acogió el fondo de inversión que había comprado el piso de Maribel para negarle la renovación. "Se lo pedí, pero no me llegaron a responder nunca", relata esta vecina, que apunta que los propietarios no le han dado nunca ninguna explicación sobre por qué no accedieron a renovarle el alquiler, ni se han sentado a negociar un nuevo contrato que se ajuste a su situación económica, a pesar de que ella ha pagado religiosamente todas las cuotas. "Desde que me pusieron este alquiler he pagado cada mes", remarca.

Desde entonces, Maribel ha tenido que hacer frente a varios intentos de desahucio: el último, hace unas semanas, a pesar de tener un informe de vulnerabilidad de servicios sociales, un requisito indispensable para acogerse a la moratoria estatal antidesahucios. Finalmente, el desahucio se paró gracias a la concentración de vecinos y activistas en la puerta, pero Maribel teme no tener una alternativa en el momento en el que llegue un nuevo aviso. Cobra unos 680 euros al mes y hace años que espera un piso de la mesa de emergencia. Asegura que no puede pagar un alquiler a precio de mercado con sus ingresos y pide a las administraciones que le busquen una solución. "No quiero que me regalen nada, solo pido un piso que pueda pagar", insiste.

Alud de desahucios en otoño

El de Maribel no es un caso aislado. Entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) calculan que cerca de 3.200 familias vulnerables no han podido renovar su alquiler social por la decisión del Constitucional y aseguran que la pandemia ha agravado la emergencia habitacional. "La crisis sanitaria ha empeorado la economía de las familias que, por ejemplo, se han visto afectadas por un ERTE. Hoy en día que una persona deje de trabajar genera una situación de indefensión que puede desembocar en la pérdida de la vivienda", explica la portavoz de la PAH, Lucía Delgado. Algunos de estos desahucios se han podido parar gracias a la moratoria, pero las entidades alertan de que una vez la medida venza el 31 de octubre y los procesos se retomen, estallará una crisis habitacional "sin precedentes".

"Hemos calculado que este otoño podría haber un alud de 26.000 desahucios", asegura Delgado. Una cifra que duplicaría el pico más alto en Catalunya, que fue en 2013, cuando se registraron cerca de 15.000 desahucios, según la portavoz.

Como respuesta a esta situación, las mismas entidades que impulsaron el decreto antidesahucios presentaron en junio una nueva proposición de ley en el Parlament que recupera gran parte de su contenido, como la obligación de ofrecer un alquiler social antes de desahuciar. Por ahora, la ley cuenta con el apoyo de ERC, Junts, En Comú Podem y la CUP. Es decir, tendría suficiente apoyo parlamentario para que se pudiera aprobar de urgencia a finales de octubre, coincidiendo con el fin de la moratoria. "La situación que se nos viene encima es muy grave y por eso es una obligación tener esta ley cuanto antes mejor, para evitar este alud de desahucios y el drama que hay detrás de todas estas familias", insiste Delgado.

Obligar a renovar el alquiler social

La ley recuperará la protección de las familias vulnerables y las obligaciones para bancos, fondos de inversión y grandes propietarios en general. Así pues, prevé que, antes de empezar ningún proceso de expulsión, los grandes tenedores tengan que ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables a las que se les acabe un contrato de alquiler, les hayan ejecutado una hipoteca o incluso, en ciertos casos, estén ocupando un inmueble vacío desde hace dos años o más. La principal novedad es que, a diferencia de la anterior norma, esta incluirá que los alquileres sociales se puedan renovar automáticamente cuando caduquen y que, antes de que esto pase, los propietarios tengan como plazo máximo un mes para negociar un nuevo alquiler.

Por otro lado, la norma también cambia la clasificación de los grandes tenedores, que se tendrán que inscribir en un registro: lo siguen siendo las personas físicas con más de 15 viviendas pero las personas jurídicas pasan a serlo a partir de 10. Este cambio tiene por objetivo evitar que las empresas busquen maneras de esquivar la norma. "Corresponsabilizar a los privados de esta situación para nosotros es básico", remarca Delgado. La proposición de ley, además, prevé que la administración pueda reclamar a un propietario que ocupe una vivienda si hace más de dos años que está vacía antes de sancionarlo o incluso expropiar temporalmente el inmueble de manera forzosa.

Las entidades impulsoras aseguran que han "blindado" legalmente la nueva ley para asegurar su aplicación. El Constitucional tumbó el decreto ley 17/2019 porque consideró que se habría tenido que tramitar como una ley, por una cuestión "formal". Por eso, confían en que tramitándola como una ley no se suspenderá y servirá para paliar la emergencia habitacional a corto y medio plazo. "Tenemos que poner fin a los desahucios para empezar a ocuparnos de problemas estructurales, como por ejemplo construir vivienda pública para la ciudadanía, pero estos pisos aparecen de un día para el otro. Tenemos que empezar de alguna manera, pero mientras tanto se tiene que actuar y esta es la manera", sentencia la portavoz.