Detenidos por enterrar 46.000 toneladas de basura procedente de Francia en Sant Esteve Sesrovires

BarcelonaLo que comenzó con una inspección a una planta de gestión de residuos que vertía materiales de obras de Barcelona ha acabado destapando un entramado que movía de manera ilegal decenas de miles de toneladas de basura de Francia a Cataluña. Un operativo que ha implicado a la Guardia Civil, Europol y la Gendarmería francesa ha acabado con la detención de cuatro personas que formarían parte de una organización dedicada al fraude medioambiental y el tráfico ilegal de residuos. La investigación ha acreditado que introdujeron en Cataluña al menos 46.000 toneladas de residuos procedentes de Francia y las enterraron clandestinamente en terrenos agrícolas, principalmente en Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat). El Ayuntamiento ya ha avanzado que pedirá personarse como acusación particular.

La Guardia Civil ha hecho pública este lunes esta operación, que los investigadores han denominado Franger. Los cuatro arrestados son dos hombres y dos mujeres y tienen entre 39 y 60 años, y los resultados de la investigación les atribuyen delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, falsedad documental, contra la hacienda pública, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La investigación comenzó en 2022 con unas inspecciones sobre una planta de gestión de residuos que realizaba vertidos en suelos agrícolas con materiales procedentes de áreas contaminadas de grandes obras en Barcelona. Después se detectó la entrada de residuos de gestores ubicados en Francia. Entre la basura vertida había residuos peligrosos como hidrocarburos y metales pesados. Por ello, ahora un informe técnico deberá valorar el riesgo sobre el medio ambiente que generaron los vertidos.

Según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado este lunes, los residuos se vertían de forma irregular y sin tomar las medidas obligatorias de seguridad, lo que ponía en riesgo el medio ambiente y a las personas. Otra parte de los residuos se enviaba a cuatro vertederos de residuos inertes, y a otros tres de residuos no peligrosos, donde materiales, plásticos, maderas y envases se mezclaban con tierra.

Importaban "producto" o "tierras"

La organización criminal utilizaba documentación falsa para introducir en España residuos municipales e industriales procedentes de Francia bajo denominaciones como "producto" o "tierras". Con estos documentos falsos esquivaban los controles vinculados al traslado internacional de residuos y también evitaban pagar impuestos a la hacienda española. Además, se ahorraban los costes de depósito y el canon exigido en Francia, donde la fiscalidad ambiental aplicable a este tipo de residuos es más alta.

Una vez en el Estado, los enterraba sin ninguna medida de seguridad para proteger el medio ambiente. La Agencia de Residuos de Cataluña y el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires han sido informados de la investigación. Ahora la Guardia Civil trabaja con el consistorio para estudiar posibles medidas de control y descontaminación de las zonas afectadas.

El Ayuntamiento notó "actuaciones irregulares"

Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires ha explicado que detectó "actuaciones irregulares" relacionadas con movimientos de tierras autorizados y con vertidos de tierras "no autorizados" en otro terreno. El consistorio ha añadido que abrió los expedientes correspondientes a los titulares de la licencia y propietarios de las fincas y que informó tanto a la Fiscalía como a los juzgados de Martorell por un presunto delito urbanístico y medioambiental.

El Ayuntamiento afirma que cuando se abrieron los expedientes no tenía conocimiento de los vertidos de residuos. En cambio, el pleno aprobó abrir un expediente sancionador "por vertidos de tierras y abatimiento de árboles", con una propuesta de multa de 814.900 euros. No fue hasta la inspección conjunta con la Guardia Civil este mes de junio que el consistorio tuvo conocimiento de la "posible existencia de un delito medioambiental relacionado con el vertido ilegal de residuos", apuntan en un comunicado.

A partir de este momento, además de presentarse como acusación particular en el procedimiento judicial contra el presunto responsable de los vertidos, el Ayuntamiento también ha requerido al inquilino de los terrenos "la obligación de restituir el estado anterior". Paralelamente, el consistorio ha contratado una empresa especializada para que haga una valoración de los daños.