Golpe a una trama que cobraba 6.000 euros por reagrupar familias migrantes en Palafrugell

BarcelonaHace más de un año, una mujer denunció en la Oficina de Atención Ciudadana de Palafrugell que alguien había hecho un contrato de alquiler sobre un piso que era propiedad de su marido, aunque éste llevaba tiempo muerto. Lo que ella no sabía entonces era que esa sospecha acabaría destapando una trama de reagrupamientos familiares fraudulentos y falsificación de documentos. Una investigación de los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Palafrugell que este 30 de julio se ha saldado con la detención de un hombre de 57 años como presunto autor de 23 delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otros 23 por falsificación de documentos públicos, oficiales o mercantiles.

Según los investigadores, el detenido era copropietario de una antigua gestoría de seguros sin actividad desde 2023, que aprovechaba su red de contactos y la base de clientes acumulada desde 2009 para falsificar contratos de alquiler. Utilizaba pisos vacíos en venta, viviendas heredadas, propiedades de personas mayores ingresadas en residencias o incluso segundas residencias. Con estos contratos ficticios, ciudadanos extranjeros –en su mayoría de origen marroquí– solicitaban el reagrupamiento familiar y se empadronaban en estos domicilios sin residir realmente. En cambio, el detenido cobraba hasta 6.000 euros por familia regularizada. En algunos casos, los propietarios más vulnerables de los inmuebles accedían a participar en el fraude a cambio de pagos mensuales de entre 300 y 500 euros.

La investigación, que sigue abierta, ha implicado hasta ahora a 30 personas –15 detenidas y 15 investigadas– por su presunta participación en una red que habría facilitado al menos 30 reagrupamientos familiares fraudulentos en Palafrugell, de un total de 300 expedientes revisados que se remontan hasta el 20%. Pisos vacíos, herencias y segundas residencias como escenario del fraude

Entre los 16 domicilios investigados se encuentran viviendas utilizadas sin el conocimiento de sus propietarios, pero también casos en los que los titulares –por necesidad económica o falta de supervisión– accedían a permitir empadronamientos irregulares. Algunas de estas propiedades estaban en proceso de venta, otras eran pisos vacíos pertenecientes a personas mayores ingresadas en residencias o incluso a vecinos que ya habían fallecido. Además, al menos una ocasión se trataba de una segunda residencia habitada por su propietario. En todos los casos, los contratos de alquiler presentados frente a la administración eran falsos, elaborados con el único objetivo de acreditar una residencia ficticia que facilitara los trámites de extranjería.

El fraude iba más allá de los empadronamientos fraudulentos. Según fuentes policiales, algunas de las personas que lograron regularizar su situación mediante estos métodos habrían accedido también a ayudas y prestaciones sociales a las que no tenían derecho, aunque las autoridades aún no han cuantificado el alcance exacto de estas acciones.

Un patrón que hizo saltar las alarmas

La clave para destapar la trama fue la detección por parte de la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Palafrugell de un patrón de irregularidades. A raíz de la denuncia inicial y de otros indicios, como el elevado número de personas empadronadas en determinados domicilios, el consistorio impulsó la creación de una comisión específica en coordinación con la Policía Local y la Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra. Esta colaboración permitió iniciar una revisión sistemática de los expedientes de reagrupación familiar tramitados en el municipio durante los últimos cuatro años.

Paralelamente, los Mossos también investigan la posible implicación de una segunda persona: la propietaria de otra gestoría de la localidad, una mujer de 68 años, que ha sido imputada por dos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otros dos por falsificación documental. No se descarta que existan vínculos entre ambas gestoras o que esta segunda profesional actuara como colaboradora puntual en algunos expedientes.

El principal sospechoso, que carecía de antecedentes penales, fue puesto a disposición judicial el jueves 31 de julio ante el juzgado de guardia de la Bisbal d'Empordà. Por otra parte, los ciudadanos extranjeros implicados fueron detenidos y se prevé que declaren en los próximos días. Los delitos que se les imputan son de menor gravedad, relacionados con el uso de documentación falsa o el empadronamiento irregular, por lo que no se han dictado medidas cautelares contra ellos.