El triste final del empresario que fue testigo clave en el crimen de la viuda del expresidente de la CAM

ValenciaEnterrado a más de dos metros de profundidad en el pozo de una vivienda en la pedanía de El Bacarot de la ciudad de Alicante. Así es como la Policía Nacional ha descubierto el cadáver del empresario valenciano Jesús Tavira, de 63 años, que se encontraba en paradero desconocido desde el pasado 18 de marzo. Se trata de un conocido hombre de negocios del sector del desguace y la compraventa de vehículos que también fue el testigo clave en el famoso juicio por el asesinato a tiros en 2016 de María del Carmen Martínez, la viuda de Vicente Sala, el expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), adquirida por el Banco Sabadell.

Según ha detallado la policía, como posibles autores del crimen se ha detenido a cuatro personas de entre 35 y 45 años. En un primer momento fueron arrestadas tres: dos hombres y una mujer, que fueron acusados de los delitos de asesinato, daños por el incendio de vehículo –el coche de Tavira apareció calcinado en la zona norte de Alicante días después de su desaparición– y robo con violencia, dado que en el momento de los hechos la víctima llevaba varios objetos de valor. Posteriormente, un cuarto hombre fue detenido por el presunto encubrimiento del crimen. Durante las próximas horas, los cuatro serán puestos a disposición de los juzgados de guardia de Alicante y no se descartan más arrestos.

Aunque el hallazgo de una medalla y otros efectos personales reconocidos por la familia de Tavira ya apuntaban a que se trataba del empresario, para su identificación ha sido necesario que los equipos forenses hicieran pruebas y cotejos lofoscópicos, que han confirmado que las huellas correspondían al conocido hombre de negocios alicantino. Según los investigadores, el cuerpo de la víctima presentaba un "avanzado estado de descomposición" y "múltiples heridas por arma blanca por todo el cuerpo" y estaba envuelto y enterrado bajo dos metros de hormigón.

Un trabajador sospechoso

Desde el primer momento, los agentes descartaron que se tratase de una desaparición voluntaria y centraron su investigación en uno de los trabajadores de la compañía del empresario. Después de prestar declaración en dependencias policiales, el empleado defendió haber visto a Tavira abandonando el negocio acompañado de dos personas. No obstante, diversas comprobaciones refutaron esta versión.

Según la Policía Nacional, los indicios recogidos sobre la supuesta implicación del trabajador resultaron "determinantes" para que los agentes reforzasen la creencia de un "posible desenlace fatal". Esta hipótesis situó en el centro de la investigación el domicilio familiar del empleado, en la pedanía el Bacarot, con la convicción de que este era el lugar donde estaba oculto el cuerpo. Aun así, fue necesario un registro de más de diez horas para confirmar las sospechas iniciales.

Vínculos con el acusado del crimen de la CAM

Uno de los elementos que más han llamado la atención del caso es que la víctima fue uno de los testigos en otro de los crímenes más famosos sucedidos en Alicante durante los últimos años: el asesinato de María del Carmen Martínez. Durante la investigación del bautizado como caso Sala, se documentó que, en los días previos al crimen, Tavira mantuvo más de 200 comunicaciones con el principal sospechoso, Miguel López, que era yerno de la víctima, y que finalmente fue declarado no culpable por un jurado popular.

Durante la investigación del asesinato de Martínez, el empresario –que según informaciones del diario El País también se dedicaba a las subastas y prestaba dinero a particulares– fue interrogado en varias ocasiones por la Policía Nacional, sin que se acreditase la vinculación con los hechos. Todo hace pensar que ambos mantenían vínculos comerciales desde hacía años relacionados con la compraventa de vehículos. De hecho, López era gerente de Novocar, concesionario en el que se produjo el crimen de la mujer, y Tavira gestionaba una empresa de desguace de vehículos.

La absolución de López fue validada definitivamente en 2025 por el Tribunal Constitucional, que anuló la decisión del Tribunal Supremo de revocar la sentencia que absolvía al acusado del asesinato y que ordenaba celebrar un nuevo juicio con un jurado diferente. Durante el proceso, el jurado popular hizo suyas las tesis de la defensa, que expuso que "no había pruebas directas" de que López estuviera en el lugar del crimen en el momento del asesinato a pesar de los 23 indicios apuntados por el ministerio fiscal. Esto es así porque no se encontraron pruebas de ADN, huellas, restos de pólvora ni el arma. Así, el crimen de la viuda del expresidente de la CAM continúa sin resolverse.