Vigilados con cámaras y trabajando en restaurantes por veinte euros: Cae una red de explotación laboral en Tarragona

BarcelonaVenían desde Colombia a Catalunya con la promesa de trabajar con un contrato de prácticas de apenas cuatro horas y un sueldo justito, de 500 euros. Pero al llegar a Tarragona nada de lo poco que les habían prometido se cumplía. El problema es que la deuda con la organización criminal que les había llevado a esta situación era una realidad, y debían trabajar entre doce y quince horas diarias, de lunes a domingo, en establecimientos de restauración. Además, lejos de la idea por la que habían atravesado el Atlántico, las 46 personas que ha liberado a la Guardia Civil y la Policía Nacional debían malvivir hacinadas en cuatro pisos en los que se las vigilaba con cámaras de seguridad.

Fuentes cercanas a la investigación explican al ARA que las víctimas trabajaban en cuatro restaurantes de costa de Torredembarra "muy normales", algunos incluso situados en primera línea de mar. Los trabajadores explotados estaban obligados a realizar jornadas inhumanas de entre doce y quince horas cada día de la semana y sin la posibilidad de coger la baja laboral si se ponían enfermos. De hecho, para asegurarse de que se encontraban pronto, los criminales facilitaban a los trabajadores potentes fármacos que sólo se pueden conseguir con receta médica. Además de las pésimas condiciones que debían soportar día a día, las víctimas veían cómo su situación económica cada vez se agravaba más, ya que la deuda que habían adquirido con la organización criminal para que les hiciera el trámite del viaje hasta Cataluña era cada vez mayor.

Algunas de las víctimas llegaban al país como turistas y, para enmascarar su situación real, los líderes de la organización criminal les obligaban a inscribirse en cursos de formación por los que debían pagar grandes cantidades de dinero. Una formación que finalmente no acababan recibiendo nunca, puesto que la red criminal también estaba comprimida con las academias. Todo ello hacía que la mayoría del escaso sueldo que recibían los trabajadores explotados fuera directamente a intentar devolver la deuda a los explotadores. Las víctimas acababan recibiendo sólo veinte euros por trabajar una quincena de horas al día.

Primeras sospechas en octubre

En octubre del pasado año agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil recibieron la información de que había personas de origen colombiano que trabajaban en unas pésimas condiciones laborales y decidieron abrir una investigación. A principios de este mes de abril, en una operación conjunta entre los dos cuerpos policiales bautizada como Napoleón Azul, se registraron los cuatro pisos de la provincia de Tarragona donde vivían las víctimas, dos viviendas más propiedad de los líderes de la organización criminal y los cuatro locales en los que se explotaba a los trabajadores colombianos.

El dispositivo acabó con la liberación de 46 víctimas que habían sido explotadas y con la detención de 12 personas, todas en la Riera de Gaià, un municipio de poco más de 1.000 habitantes a diez minutos en coche de Torredembarra, donde estaban los restaurantes, ahora clausurados. Además, durante los cacheos también se intervinieron dos armas, más de 22.000 euros en efectivo, un coche, cámaras de vigilancia, dos móviles, dos ordenadores portátiles y diversa documentación.

El juzgado de instrucción que se ocupa del caso ha decretado prisión para tres de los doce detenidos, además de ordenar el cierre de los cuatro locales donde la organización explotaba a las víctimas. Los detenidos están acusados ​​de pertenecer a una organización criminal, tráfico de seres humanos para explotarlos laboralmente, detención ilegal y falsedad documental.