BarcelonaHace dos semanas, varias alumnas de la Facultad de Veterinaria de la UAB denunciaron el acoso y vejaciones que un profesor, J.L.O., cometió durante más de 10 años contra diferentes estudiantes. En la facultad aparecieron pintadas y carteles para denunciarle, pero también para poner de manifiesto la inoperancia del decanato, que, según las alumnas, encubrió al docente y no hizo nada cuando llegaron las primeras quejas.
El caso de veterinaria puso de manifiesto las carencias -o el margen de mejora- que todavía tienen los protocolos de las universidades para resolver estas situaciones. Una de las portavoces del grupo que hizo las denuncias, Marta, señala, entre otras deficiencias, que en el caso de la UAB los plazos son demasiado extensos: 10 días para activar el protocolo y 2 meses para resolverlo. “El informe anual del observatorio de 2019 ya dice que son demasiado largos, pero después de dos años no se han mejorado”, lamenta. También apunta a que “solo se permite hacer la denuncia si formas parte de la UAB o hace un año que te has ido”, lo que destierra a las exestudiantes.
Esta también es una de las barreras que se han encontrado los alumnos del Institut del Teatre a raíz del caso de acoso y abuso de poder destapado por el ARA en febrero. Las instancias presentadas por exalumnos no las pudo investigar la comisión porque el protocolo está pensado para la actualidad, sin prever una revisión del pasado, y derivando los casos a otros departamentos, a pesar de que la mayoría de denuncias por casos de violencia sexual o acoso se ponen al cabo de unos años de haber pasado los hechos.
“Los alumnos se tendrían que poder acoger hasta que el delito prescriba. Incluso aunque la vinculación del profesor [denunciado] del centro se haya acabado, se tendría que poder actuar. Es un tema delicado porque la legislación es la que es, no se puede hacer más de lo que la ley prevé”, defiende Anna Berga, presidenta de la Comisión Dona i Ciència del Consejo Interuniversitario de Catalunya. Por eso, dice, es muy importante el cambio de la edad de la prescripción de los delitos sexuales que ha sacado hacia delante el gobierno español -se empezará a contar a partir de los 35 años y no de los 18 como hasta ahora-, y que permitirá que muchas denuncias no se archiven.
Todas las universidades catalanas menos Abat Oliba (UAO) tienen protocolos sobre este ámbito. En la mitad de los centros los textos no hacen referencia a los exmiembros de la comunidad universitaria. Un ejemplo, tal y como denuncian las alumnas de veterinaria, es la Autònoma, que justifica así la decisión de excluir a los exestudiantes a la hora de investigar las denuncias: “Si la víctima no pertenece a la comunidad UAB, no tiene sentido adoptar unas medidas para protegerla de la situación que está viviendo porque esta situación dentro de la UAB ya no existe”. En la UPF tampoco lo prevé el protocolo, pero aseguran que las denuncias no se dejarían “desatendidas” y se abrirían expedientes informativos. Un argumento parecido da la Universidad Internacional (UIC). En la UVIC están trabajando en una reforma del texto -que se aprobará el mes que viene- y se incluirá esta posibilidad. Y en Lleida, a raíz de la pregunta del ARA, decidieron incorporarlo también de cara a la revisión que se está llevando a cabo del documento. Los centros que ya lo prevén, en cambio, son UB, URL, URV y UOC.
Gran desconocimiento
Otro de los grandes problemas de los protocolos es el desconocimiento. Marc, estudiante de la UAB, no sabía que existiera el texto: “No me suena para nada”. Rut, Mar y Júlia, tres alumnas de la UPF, saben que existe, pero no lo han leído. Creen que falta difusión. También hacerlo más ameno. Es lo que defiende Barbara Biglia, profesora de la URV y autora de un estudio sobre violencias y abusos sexuales en las universidades catalanas: “Se hace poca difusión, a pesar de que por ley se tendría que hacer público. Son muy procedimentales y tienen poco sentido. No son documentos amables y atractivos, son textos ejecutivos y escasamente efectivos. No hay referentes que demuestren que el protocolo ha funcionado, hay desconfianza”, dice. Biglia considera que se tienen que mejorar, a pesar de ser textos aprobados recientemente (el más antiguo es el de la UVIC, de febrero de 2015; el más nuevo, el de la UOC, de diciembre de 2020). Según la experta, se tendrían que dedicar más esfuerzos “a la protección y al acompañamiento de la persona que ha sufrido la violencia, que no a determinar el castigo porque los centros no tienen competencias”. Como el protocolo se para cuando hay un procedimiento judicial, se puede llegar a dejar desprotegido al denunciante, buscando un cambio de horario del alumno, para evitar que coincidan. “Ha habido casos graves en que, como no podían echar al profesor porque no hay resolución, le han dejado en casa pagándole el sueldo: hay profesores que han tenido unas vacaciones pagadas”, lamenta Biglia.
Mejoras y pocos estudios
Sin ir más lejos, la UB, que aprobó el protocolo en 2019, reconoce que se tiene que mejorar adaptándolo a la nueva normativa y cubriendo las carencias detectadas: aspectos relacionados con la diversidad, las violencias LGTBIQ-fóbicas, digitales o institucionales o el consentimiento.
La mayoría de centros hacen campañas y eventos, y participan en estudios sobre violencia sexual o acoso, pero pocos lo hacen preguntando a su propia comunidad. La UAB tendría que hacer un estudio “como mínimo” triennal, pero lleva años sin hacer ninguno sobre acoso. Tampoco lo hacen en la UOC, URL, UIC o UAO. En la UDL hicieron una encuesta en 2019 y el 45% aseguraron que habían sufrido comentarios machistas dentro de la universidad. En la UPF, el mismo año, se hizo una consulta a los casi 16.000 estudiantes: respondieron 3.374 y el 10,4% declararon que habían vivido acoso en el centro mismo.
Un centenar de denuncias en dos años y tres centros sin ningún caso registrado
En las 12 universidades catalanas hay cerca de 260.000 personas, 220.000 alumnos y el resto trabajadores, profesores y gente vinculada en cada centro. Entre 2019 y 2020 -este segundo año, marcado por el teletrabajo- se han presentado un centenar de denuncias, aplicando las opciones que permiten los diferentes protocolos. La UAB fue el centro que tramitó más, 28 en 2019 y 18 el año pasado. En 30 de los 46 casos la víctima fue un alumno o alumna, y en 41 ocasiones, mujer. Hubo 7 agresiones sexuales o violaciones, 11 acosos sexuales y 15 casos de violencia machista.
La UB, la universidad con más estudiantes, contabilizó 23 casos entre los dos años. De estos, ocho fueron por acoso y en seis se constituyó la comisión prevista en el protocolo. En la UPF -que solo facilitó los datos hasta 2019- se presentaron 7 denuncias (una por abuso sexual y sobre todo casos de acoso entre alumnos) y 4 quejas (comentarios y contenidos sexistas por parte del profesorado), pero solo en tres casos se activó el protocolo. En Girona, 8 casos, la mayoría por conductas machistas u homófobas y uno por acoso. En la UDL, tres denuncias y dos quejas. En la URV, tres casos, dos de los cuales se archivaron y uno acabó con sanción leve. En la UOC -la comunidad más grande, pero con clases virtuales-, también tres casos, dos archivados y uno sancionado. En la UVIC, dos quejas; en la UPC, una, pendiente de resolución; y en la URL, UAO y UIC no ha habido ninguna denuncia.
Una alumna pide cambiar de campus
Las víctimas de acoso sexual pueden cambiar de universidad de manera gratuita gracias a un convenio firmado por las 12 universidades catalanas, tanto las públicas como las privadas. Un acuerdo que se firmó recientemente y al que se acogerá por primera vez en Catalunya una alumna que estaba cursando sus estudios universitarios. “Este tendría que ser el último recurso, el alumno tendría que poder seguir en la universidad”, explica Anna Berga, presidenta de la Comisión Dona y Ciència.