Ninguna universidad catalana cumple los requisitos de calidad que fijará el ministerio
Los centros públicos tienen graves deficiencias en la temporalidad y dedicación del personal docente, según un estudio
Ninguna universidad catalana, ni pública ni privada, cumple los requisitos actuales ni los que exigirá el nuevo decreto español para mantener la categoría de universidades, especialmente en cuanto a la composición de las plantillas. Es decir, si los centros universitarios no promueven grandes cambios en este sentido, en cinco años podrían quedar fuera de la legalidad. Esta es la principal conclusión del estudio ¿A qué puede llamarse universidad?, presentado este jueves por el Observatorio del Sistema Universitario.
El estudio, elaborado por la plataforma de análisis formada por profesores universitarios, ha concluido que solo 18 universidades españolas de las 81 analizadas cumplen la legislación vigente, una cifra que baja a 12 si se suman los requisitos que prevé el nuevo decreto del ministro Manuel Castells. Hace solo unos meses el ministerio anunció un nuevo decreto que endurece los requisitos para crear y mantener universidades con el objetivo de que todas tengan un mínimo de calidad. Para hacerlo, las obligará a cumplir las dos funciones básicas: impartir docencia en varias ramas del conocimiento y también investigar. Así, se establece, entre otras cosas, que las universidades tendrán que ofrecer al menos 10 títulos oficiales de grado, 6 de máster y 3 programas de doctorado de tres de las cinco grandes ramas del conocimiento, tendrán que tener al menos la mitad de estudiantes de grado, tener como mínimo 5 proyectos de investigación concedidos, dedicar al menos el 5% del presupuesto a I+D y la plantilla temporal no podrá superar el 50%.
El informe del OSU ha analizado la oferta docente, la actividad investigadora, las plantillas y los centros adscritos para ver qué requisitos se cumplen y cuáles no. En general, solo hay un cumplimiento bastante notable del primer punto (los grados, másteres y doctorados que se ofrecen), pero de cara a los futuros requisitos hay muchos centros privados que no garantizan suficientes programas de doctorado.
A grandes rasgos, las universidades públicas pinchan en las condiciones laborales de las plantillas, donde hay un exceso de contratos temporales y precarización. La normativa actual establece que como máximo puede haber un 40% de profesorado docente investigador (PDI) con contrato temporal en las públicas, pero el informe revela que la media española está en el 46%. Se trata de un "incumplimiento masivo y generalizado de lo que marca la norma", ha denunciado la presidenta del OSU, Vera Sacristán. En Catalunya, ha dicho, esto es especialmente grave porque ninguna universidad pasa la prueba y cinco de las siete universidades superan el 60% de contratos temporales. El caso más extremo es la Universitat Rovira i Virgili, que tiene al 70% de la plantilla con contratos temporales. A nivel español, solo 16 de las 48 universidades públicas cumplen este requisito.
En cambio, las universidades privadas no cumplen los mínimos de investigación que fijará el ministerio (ahora mismo no hay ninguna norma que regule este aspecto). Así, solo hay una universidad privada, la de Navarra, que cumple todos los requisitos. Por ejemplo, 16 de las 33 universidades privadas no ofrecen el mínimo de 3 programas oficiales de doctorado, mientras que las públicas, de media, ofrecen 22, y en 19 de las 33 privadas no se les ha concedido el mínimo de cinco programas de investigación en cinco años.
El Govern lo ve "tendencioso"
Según el secretario de Universidades de la Generalitat, Francesc Xavier Grau, el informe es "tendencioso" y poco riguroso. En declaraciones a Europa Press, Grau ha dicho que lo que cuenta es la valoración de las agencias de calidad universitaria, que han acreditado hasta ahora positivamente al sistema catalán, tanto público como privado, y no el trabajo de un "autodenominado" observatorio.
Grau ha contradicho las cifras que da el informe en relación a la temporalidad del personal docente. Si según el estudio, cinco de las siete universidades públicas superan el 60% de contratos temporales, cuando el máximo permitido es del 40%, según los datos del Secretariado de Universidades e Investigación los datos del 2019 revelan que los contratos temporales eran del 24,6% en el sistema público.
"La realidad de nuestro sistema universitario es que es el mejor del Estado en en cuanto a impacto científico, es un buen sistema a nivel europeo y concentra buena parte de las redes europeas de calidad en docencia", ha añadido Grau a la ACN, desde donde ha lamentado que esta buena reputación quede cuestionada por los datos de un informe "que no sabemos de dónde salen". Según Grau, el informe del OSU es "tendencioso" porque cuestiona el modelo dual que se usa en Catalunya y que apuesta por "la coexistencia" del personal contratado con el personal funcionario. En el resto de España, en cambio, la presencia del personal contratado es mucho menor.
En todo caso, Sacristán ha pedido "articular un sistema de seguimiento efectivo del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos" para no instalar el sistema universitario en una "precariedad irreversible". El nuevo decreto da 5 años a las universidades para adaptarse a los nuevos requisitos, pero el OSU ya prevé que habrá universidades que perderán la categoría. "No sabría decir cuántas, pero algunas pinta que no continuarán porque tienen cero programas de doctorado, cero investigación, cero publicaciones... y esto no se improvisa en dos días", ha afirmado Sacristán. Para el ministerio, la normativa actual es demasiado laxa y les preocupa que la proliferación de las universidades privadas online derive en un sistema universitario de menor calidad. Con el nuevo decreto, el ministerio de Castells quiere evitar que la educación superior se convierta simplemente en un negocio en que estudiantes pagan a cambio de un título.