55 feminicidios en un año: el Estado alarga la protección a las mujeres maltratadas

MADRIDLa violencia de género dejó a 55 mujeres asesinadas en el 2023 en el Estado, según el recuento oficial del ministerio de Igualdad. De éstas, 13 habían presentado una denuncia y formaban parte del sistema de protección integral de víctimas de violencia de género, conocido como VioGén. Sin embargo, ocho de estas mujeres ya no tenían ninguna medida de seguridad activa. Son datos que el ministerio del Interior detalló a finales del pasado año y que ahora han llevado al gobierno español a revisar, de nuevo, el algoritmo para evitar inactivar "de forma prematura" la protección de las mujeres maltratadas y sus menores a cargo.

De entrada, aquellos casos en los que los agentes de policía "no aprecien riesgo para la mujer" o ese riesgo sea considerado "bajo" sólo podrán considerarse "inactivos" si no existen medidas judiciales de protección en vigor y se considera que no existen "circunstancias de vulnerabilidad de la mujer o peligrosidad de los agresores que aconsejen mantenerlo activo". En los casos en los que el riesgo sea considerado "medio, alto o extremo", "sólo" se podrá desactivar el sistema VioGén si durante seis meses ha sido "imposible" localizar a la víctima. Hasta ahora, el sistema desactivaba los casos de mayor riesgo cuando pasaba tan sólo un mes desde que la policía no la encontraba.

El gobierno español ha endurecido los criterios que permiten la desactivación de los mecanismos de protección en casos de mujeres que han sufrido violencia de género y que están amparadas bajo el sistema VioGén para "prolongar la protección que reciben las víctimas y evitar que pueda producirse la su indefensión prematura", detalló el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Lo ha explicado en una rueda de prensa con motivo del Día Internacional de la Mujer y tras la celebración de un consejo de ministros extraordinario y monográfico en torno a la violencia machista.

A partir de ahora, la protección se inactivará en caso de asesinato; salida al extranjero o internamiento del agresor en un centro de custodia, o cualquier hecho que "haga innecesaria la protección de la mujer que ha sufrido violencia de género". También será posible desactivar la medida si "no se aprecia riesgo" o éste se considera "bajo o medio", o si no existen medidas judiciales de protección en vigor y la víctima lo solicita de forma "voluntaria, manifiesta y reiterada" . En cualquier caso, la instrucción aprobada con las modificaciones recoge "la obligación" de aplicar el llamado Protocolo Cero, que mantiene una permanente "comunicación detallada y razonada" del caso entre la policía y los órganos judiciales correspondientes.

Inactivación supervisada y excepción si hay menores

Aparte de limitar los criterios, el gobierno español ha creado una nueva modalidad de seguimiento: "la inactivación supervisada de los casos". Esta nueva modalidad fija mecanismos de control policial durante un período de seis meses –que puede llegar a ampliarse un año– e impide la inactivación total del caso cuando se trata de una situación "de alta complejidad", como puede ser el hecho de que haya un menor, o si en algún momento "se ha detectado un riesgo calificado" por parte de la policía, según detalló Interior. Además, se incorpora la obligación de contactar durante este período y de forma presencial con la víctima para "revaluar la situación". Un encuentro que habrá que dejar registrado en el sistema.

Según los últimos datos del ministerio del Interior, actualmente existen 83.070 casos activos en el sistema VioGén, de los que 50.924 casos reciben algún tipo de protección policial.

Ley de tráfico contra la explotación de personas

El consejo de ministros de este viernes también ha reanudado la tramitación del anteproyecto de ley integral contra el tráfico de personas. La norma, que ya fue presentada en el 2022 aunque no llegó a tramitarse, llega en primera vuelta y se centra en la protección de las víctimas, la mayoría mujeres extranjeras en situación irregular.

Por eso, uno de los cambios principales es que las víctimas podrán contar con permisos provisionales de residencia y trabajo, así como acceder a ayudas sin que sea necesario haber interpuesto una denuncia, como el acceso al ingreso mínimo vital. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido que la norma busca un "abordaje integral" de todos los tipos de tráfico de personas.