El ministerio de Igualdad, en el punto de mira de la fiscalía europea por la compra de las pulseras antimaltrato

DublínAgentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han desplazado este jueves a las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas de España, en Madrid, para recoger información y documentación a petición de la fiscalía europea (EPPO por sus siglas en inglés). La investigación, abierta desde el año pasado y bajo secreto, busca aclarar si se cometió un presunto fraude en el uso de los fondos Next Generation destinados a financiar las pulseras telemáticas de control de las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género.

Aunque la fiscalía europea no ha precisado qué contratos investiga, la petición de documentación al Tribunal de Cuentas apunta a una auditoría del 22 de septiembre en la que se examinaba la gestión de este servicio de vigilancia, conocido como sistema COMETA, desde el 2018 hasta ahora. El informe se mostraba especialmente crítico con un contrato de 42,6 millones de euros, adjudicado en 2023 y financiado con fondos europeos.

En aquel momento, el ministerio sustituyó el sistema de alquiler de estos dispositivos electrónicos por la compra de las pulseras con el objetivo de reducir costes. La decisión, sin embargo, acabó desencadenando una crisis a raíz de los problemas de funcionamiento de los nuevos dispositivos, tales como errores de localización, poca autonomía de batería, apagones y dificultades en la lectura de los expedientes. Estas incidencias dejaron hasta 123 requerimientos judiciales sin respuesta y, según el Tribunal de Cuentas, la decisión priorizó el ahorro económico por delante de la seguridad de las víctimas.

El pasado enero, el gobierno español anunció que las nuevas pulseras de localización para controlar órdenes de alejamiento por violencia sexual y machista tendrán más batería y no se podrá extraer la tarjeta SIM de los móviles que van asociados y que llevan tanto víctimas como agresores, aprovechando que a principios de mayo terminará el contrato con la UTE de Vodafone y Securitas.

Redondo defiende la actuación del ministerio

Aunque la fiscalía europea mantiene la investigación bajo secreto y no ha facilitado detalles sobre el estado de las diligencias, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha comparecido de urgencia en rueda de prensa para defender la gestión de su departamento. Redondo ha asegurado que la actuación judicial “no es nueva” y ha garantizado que habrá “colaboración y transparencia absoluta” con los investigadores. “Somos los primeros interesados en que se fiscalice hasta el último céntimo. Me consta que el dinero se ha invertido correctamente”, ha afirmado.

La ministra también ha cargado contra la oposición y ha calificado la polémica de “debate trucado de noticias falsas y mentiras”. Redondo ha reivindicado que el nuevo contrato del servicio, licitado este año, “mejora todos los aspectos y las disfuncionalidades del contrato anterior” y ha advertido de que no se puede poner en riesgo la seguridad de las víctimas.