Diez años del caso de La Manada, la violación que cambió el Código Penal

BarcelonaHay un antes y un después de la madrugada del 7 de julio de 2016. La violación grupal a una chica de 18 años por parte de cinco hombres en Pamplona, durante los Sanfermines, dio la vuelta a la percepción social de las violencias sexuales y transformó el sistema jurídico y la manera de explicar y entender las violencias machistas. Los mismos agresores, un grupo de amigos que se convocaban bajo el nombre de la Manada, registraron las imágenes de las violaciones y las compartieron en un grupo de WhatsApp como si fuera el trofeo de aquella noche, en un gesto de tóxica complicidad masculina.

Cuando a raíz de la investigación se filtró el vídeo (con mensajes como "Follándonos a una entre cinco, jajaja", "Todo lo que cuente es poco" y "Puta pasada de viaje. Hay vídeo"), estalló una inusual indignación popular que para Violeta García, psicóloga de AADAS (Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexuales), fue "un punto de inflexión", porque hizo salir a la superficie la "violencia invisibilizada". Además, la superviviente de la Manada dio el paso de no callar y denunciar.

"Las mujeres empezaron a darse cuenta de que ellas no son las que tienen que tener vergüenza", subraya García, para quien el feminismo se fortaleció, porque se evidenció que “una agresión no puede entenderse de manera individual”. Fueron unas manifestaciones en las que muchas adolescentes se estrenaron en el feminismo, y se proclamó que ya es hora de hacer piña alrededor de las víctimas. De aquí surge el "Hermana, yo sí te creo"presente en las movilizaciones, que era el grito del "Ya basta" –como lo fue el Me Too–, en palabras de la abogada Nahxeli Beas, del grupo de investigación Antígona de la UAB.

De la calle a las leyes

Aquellas manifestaciones multitudinarias en apoyo a las mujeres consiguieron cambiar el sistema jurídico español con la aprobación de la ley orgánica 10/2022, conocida como la ley del solo sí es sí, impulsada por la entonces ministra Irene Montero bajo una fuerte presión política. La norma eliminó la distinción entre abuso y agresión sexual y puso el consentimiento en el centro. Como señala Beas, el cambio cultural implica que la víctima ya no tiene que demostrar que opuso resistencia, sino que todo se basa en la voluntad explícita: "Se visibiliza que se pueden consentir unas prácticas y otras no, o consentirlas en un momento y en otro no".

Aunque el feminismo denuncia que la ley fue instrumentalizada políticamente para atacar a Montero –en medio de reticencias que llegaron al mismo presidente del gobierno español, que afirmó que el feminismo "incomodaba" a sus amigos–, la reforma cambió la manera de tratar a las víctimas, ya que redujo el estigma y fomentó el apoyo mutuo.

Más denuncias, pero con viejas resistencias

Como consecuencia de esta mayor conciencia, las denuncias por violencia sexual han registrado un repunte constante, aunque todavía son las que menos se denuncian. Según los expertos, esto no significa necesariamente que se produzcan más agresiones, sino que las mujeres se atreven a denunciar hechos que antes se normalizaban o callaban.

A pesar de todo, el sistema judicial todavía muestra resistencias. Gemma Sahún, abogada penalista de Serena, advierte que persiste la tendencia a responsabilizar a la víctima. Como elementos disuasorios, las expertas apuntan a resoluciones judiciales recientes: como la sentencia absolutoria de Dani Alves –considerada modélica en primera instancia–, que abrió grietas en el proceso de recursos, o los acosos a los que se someten víctimas como la actriz Elisa Mouliaá. En este marco, García expone una sentencia reciente en la que se absolvió a un acusado de violación por sumisión química bajo la premisa de que el hecho de que la mujer estuviera inconsciente a causa del alcohol no la convertía en un "cuerpo inmóvil", y entendía que podría haber mantenido "relaciones voluntarias que después no recordara".

Asignaturas pendientes

Las expertas advierten, sin embargo, que no hay nada ganado. Beas lamenta que el debate de la ley del solo sí es sí se enquistara en la reyerta política por la rebaja de penas o la excarcelación de violadores y dejara en un segundo plano los derechos más de fondo, y advierte que aspectos clave del texto, como la atención jurídica gratuita universal o la asistencia integral a las víctimas, continúan pendientes de desplegarse totalmente.

Mientras tanto, la realidad asistencial es precaria. García denuncia que entidades como AADAS, que acompañan a las supervivientes en su proceso de recuperación, reciben cada vez menos subvenciones públicas, lo que se traduce en listas de espera de más de seis meses para una primera visita. Pero, a pesar de las asignaturas pendientes, es innegable que la Manada hizo tambalear esquemas mentales, sociales y judiciales.