Iberboard se compromete a iniciar la retirada de las 15.000 toneladas de residuos en 15 días

AlcoverLas 15.000 toneladas de residuos que se acumulan desde hace años en la fábrica Iberboard, en el Alt Camp, se empezarán a retirar en 15 días, según el compromiso de la empresa. La planta se encuentra en el cauce del Francolí, justo donde el río hace de frontera natural entre Alcover y Picamoixons, a los pies de las montañas de Prades. Los vecinos de estas dos poblaciones, que mientras la fábrica funcionaba debían soportar malos olores y una contaminación acústica y lumínica superior a lo que permite la normativa, han estado reclamando la retirada de todos estos residuos desde que la empresa suspendió su actividad, hace poco más de un año. Temían que una riada se llevara todos los desechos –entre ellos residuos tóxicos– o que se pudiera propagar un incendio y las llamas encontraran un combustible devastador.

Durante todo este tiempo se han producido cuatro reuniones, en las que han participado una treintena de personas entre los representantes de la empresa, los de los servicios territoriales de la Generalitat, los de la Agencia Catalana de Residuos, la Agencia Catalana del Agua y también el alcalde de Alcover, entre otros. El último encuentro fue en junio y, según ha podido saber este diario, no fue demasiado esperanzador, ya que acabó sin ningún acuerdo y sin fecha para reanudar las negociaciones.

Iberboard se encuentra en manos de un administrador concursal y los representantes de la empresa argumentaban en todas las reuniones que no tenían su permiso para destinar el dinero a la retirada de los residuos. Los trabajadores que se quedaron sin trabajo han cobrado de Fogasa, el fondo de garantía salarial del Estado que se alimenta gracias a las nóminas del resto de trabajadores, pero al parecer todavía hay proveedores de la empresa que no han cobrado. Sea como fuere, algo ha cambiado, porque fuentes de la empresa han asegurado al alcalde de Alcover, Robert Figueras, que ya han llegado a un acuerdo con un gestor de residuos para empezar la retirada y han pedido permiso al administrador concursal para empezar. El departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad también tiene esa misma información. Se estima que el coste de retirar en camiones todos estos desechos supera el millón de euros.

Si nada se complica, a partir del 1 de noviembre empezarán a aparecer los primeros camiones por la C-14 en dirección Iberboard para dejar bien limpia la planta. La operación puede durar cinco meses. "La ley deja claro que es la empresa quien debe retirar todos los residuos y, si no, debe hacerlo la Agencia Catalana de Residuos de forma susbsidiaria", insiste Figueras.

Incumplimientos constantes

Los incumplimientos de esta fábrica, cuya consejera delegada es Virginia Guinda, una de las vicepresidentas de la patronal Foment del Treball, son interminables. El diario ARA logró gracias al Portal de Transparencia los resultados de las inspecciones anuales que el entonces departamento de Acción Climática había realizado en la fábrica desde el 2018 y todas terminan con la misma conclusión: "No se garantiza un cumplimiento adecuado de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada". Mala gestión de los residuos, contaminación acústica y lumínica, e incluso vertidos incontrolados.

Pese a todos estos incumplimientos –algunos considerados graves– las sanciones empezaron siendo mínimas, como los 900 euros de multa por un vertido al río en el 2022. La empresa pagaba algunas de estas sanciones enseguida y lograba incluso un descuento del 40%. Hasta el punto de que la entonces directora general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Mireia Boya, reconoció al diario ARA que había que cambiar la ley para endurecerla. "Es una forma de hacer de muchas empresas, porque les sale más a cuenta pagar la multa que hacer determinadas inversiones", dijo en referencia a Iberborad. Sin embargo, la normativa sí prevé sanciones más drásticas, que nunca se acabaron de aplicar. La multa más costosa que recibió Iberboard fue por otro incumplimiento: 1,6 millones de euros por no haber pagado lo que le correspondía por los derechos de emisión de CO₂.

Durante todos estos años, colectivos medioambientalistas locales, como la comisión ecologista del Casal Popular La Brecha de Alcover o la Geneta Ecologista, han alertado de esta situación e incluso lo han denunciado, sin obtener ningún resultado.