A punto el macrojuicio contra Ballesteros, el PSC y la sombra de corrupción en el Ayuntamiento de Tarragona
Hay más de una decena de acusados y los socialistas aparecen como responsables a título lucrativo
TarragonaEn octubre del año 2015, agentes de la unidad de delitos económicos de la Guardia Civil entraron en el Ayuntamiento de Tarragona para requisar los expedientes de contratación del Instituto Municipal de Servicios Sociales durante los años 2011 y 2012. La Guardia Civil, que aquel día realizó registros en diferentes dependencias municipales, obedecía al juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona, que estaba investigando posibles irregularidades a raíz de una denuncia de la CUP del año 2013. Trece años después de aquella denuncia llega el juicio, que implica a un peso pesado del PSC: el entonces alcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros. La Fiscalía le pide cinco años y ocho meses de prisión. El PSC está acusado de ser responsable civil a título lucrativo y ya tuvo que pagar una fianza de 276.157 euros. En total, en esta causa hay nueve personas acusadas de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y falsedad documental, entre otros. Y también cinco personas más acusadas de ser responsables civiles a título lucrativo, además del PSC. El abogado de Ballesteros, David Rocamora, explica a el ARA que tienen ganas de que se celebre el juicio para poder demostrar la inocencia del exalcalde.
Ganar las elecciones
El objetivo de esta trama corrupta que amenaza severamente la imagen de los socialistas era, según la Fiscalía, contratar a un grupo de trabajadores con dinero público para convertirlos en ciberactivistas que ayudaran a mejorar la imagen del entonces alcalde socialista y candidato a la reelección, Josep Fèlix Ballesteros. Todo se sitúa antes de las elecciones municipales de 2011, que Ballesteros acabó ganando con margen suficiente para seguir ejerciendo de alcalde. Para hacer posible esta jugada convocaron un concurso público que, según la Fiscalía, estaba amañado previamente para acabar contratando a la empresa Inipro, conocedora de todo el plan. Según el concurso, el contrato público era para crear un "servicio de intervención y potenciación del asociacionismo de la población recién llegada". El dinero, sin embargo, servía para pagar los sueldos de los ciberactivistas, que se contrataban con dinero del Ayuntamiento de Tarragona a través de Inipro.
El juicio, que se celebrará en la antigua prisión porque no hay suficiente espacio en la Audiencia Provincial, comienza este viernes con las cuestiones previas, que es la última oportunidad que tienen defensas y acusaciones para pedir pruebas nuevas o que no se tengan en cuenta algunos de los testigos. Lo que decida la sala a partir de lo que expongan las partes no impedirá la celebración del juicio pero sí que puede influir en su resultado. La defensa de los acusados pedirá que no se tenga en cuenta el disco duro lleno de correos electrónicos comprometedores que un trabajador del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) entregó a la Guardia Civil. Los agentes del cuerpo armado habían buscado insistentemente esta prueba sin éxito, hasta que el trabajador la encontró "por casualidad", según su testimonio.
El disco duro se considera una prueba clave, pero –se acepte o no– hay muchas otras pruebas que según la Fiscalía y la acusación que ejerce la CUP evidencian el funcionamiento corrupto de esta trama.
Las pruebas
El primer correo a partir del cual empieza todo lo envió Ricardo José Campás (responsable de la empresa Inipro, que murió en 2016) en septiembre de 2009 a Gustavo Cuadrado, que era el jefe de gabinete del entonces alcalde Ballesteros. En aquel correo, Campás le decía que había hablado con un tal "Óscar" por un tema de "dinamización de barrios en Tarragona" y quedaron para celebrar una reunión a la que también asistió Antonio Muñoz, director gerente del IMSST. Según la Fiscalía y la acusación de la CUP, en aquel encuentro urdieron el plan. El concurso público se convocó desde el IMSST y estaba hecho a medida para que ganara Inipro. Se invitó a dos empresas más que estarían relacionadas con la misma Inipro, con el único objetivo de intentar "dotar de apariencia de legalidad el fraude". Hay correos intervenidos que aparecen en los escritos de las acusaciones donde se explica cómo se tiene que hacer este concurso, y también los hay que directamente piden a los trabajadores de Inipro que creen cuentas de YouTube y Flickr del alcalde.
Otra de las personas clave en esta trama es Begoña Floriá, que entonces era teniente de alcaldía, portavoz del grupo municipal del PSC y responsable del área de Comunicación. Para ella la Fiscalía pide cinco años y cinco meses de prisión. Para Gustavo Cuadrado, persona de confianza de Ballesteros, la Fiscalía pide cinco años y diez meses de prisión. Algunos de los acusados mantienen cargos en el actual gobierno del Ayuntamiento de Tarragona y también en la Diputación.
El Ayuntamiento de Tarragona también formaba parte de la acusación, pero el actual alcalde, el también socialista Rubén Viñuales, ordenó que se retirara de la causa hace tres años, en una decisión que levantó una gran polémica.