La riqueza genética: un negocio millonario que no retorna a los países de origen

Ereván, ArmeniaLa digitalización sacudió la industria musical a finales de los años noventa: internet y los MP3 permitieron que las canciones circularan por el mundo sin soporte físico, y esto obligó a adaptar los derechos de autor y los royalties. Ahora la biodiversidad se enfrenta a un reto similar: con la llegada de la información digital de secuencias genéticas (DSI, por sus siglas en inglés), las secuencias de ADN y ARN de plantas, animales y microorganismos se pueden consultar en bases de datos de libre acceso, sin la necesidad de desplazarse físicamente al lugar de origen. Es el caso de la vinca de Madagascar, una planta de la cual derivan la vincristina y la vinblastina, dos fármacos contra el cáncer con los cuales ahora se puede innovar sin tener que obtener nuevas muestras de la planta, cosa que abarata y facilita la investigación científica.

Pero las tierras más ricas en biodiversidad, mayoritariamente concentradas en países en desarrollo y del Sur Global, han sufrido sus consecuencias. El Protocolo de Nagoya, adoptado en 2010, establece un sistema para que los beneficios derivados del uso de recursos genéticos se compartan de manera justa con los países proveedores, pero solo regula el acceso a material físico. A diferencia de la música, no existe un sistema internacional equivalente que reparta los beneficios comerciales derivados de la información genética digitalizada. Ahora el Fondo Cali, impulsado por las Naciones Unidas en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, busca que las empresas que utilizan esta información contribuyan a conservar la biodiversidad de la cual dependen.

Creado en la COP16 de Cali, en Colombia, y puesto en marcha en febrero de 2025, el fondo es ambicioso: aspira a recaudar 1.000 millones de dólares anuales de grandes empresas que utilizan información genética. “Al menos el 50% se destinará a pueblos indígenas y comunidades locales que conviven con estas especies”, explica a ARA Amber Scholz, responsable de política científica del fondo. El resto se invertirá en programas de conservación de la biodiversidad de países en desarrollo, que acostumbran a disponer de menos recursos para preservarla.

“Se trata de un mecanismo que asegure que los beneficios se distribuyen de manera justa”, explica Scholz. “Esta biblioteca mundial tiene más de 300 millones de secuencias genéticas disponibles clave para la innovación dentro de estas industrias”, asegura. El fondo se convertirá en el engranaje para que los avances científicos beneficien tanto a las empresas que utilizan estos datos como a las comunidades que custodian la biodiversidad.

Es la primera propuesta de alcance mundial para regular la información genética digital: hasta ahora algunos países han establecido sus propios mecanismos de compensación, y todo se regula mediante acuerdos bilaterales.

Mil millones de objetivo y solo 7.085 dólares recaudados

Pero un año y medio más tarde de su lanzamiento, el fondo ha recibido 7.085 dólares, con un total de 10.656 comprometidos. El contraste entre las aspiraciones y los resultados lo han convertido en uno de los temas más candentes en las mesas de negociación de la COP17, que se está celebrando esta semana en Ereván, Armenia. Las negociaciones continúan abiertas en tres cuestiones fundamentales que generan incertidumbre en las empresas del sector: los porcentajes y umbrales de contribución, los criterios para distribuir los recursos entre los gobiernos y las comunidades indígenas, y el sistema de supervisión del fondo.

La propuesta actual recomienda que las empresas que superen al menos dos de los tres umbrales económicos previstos –20 millones de dólares en activos, 50 millones en facturación o 5 millones en beneficios– contribuyan con el 0,1% de los ingresos anuales o el 1% de los beneficios. De hecho, según los datos de Zero Carbon Analytics, las quince farmacéuticas más grandes del mundo habrían podido aportar 756 millones de dólares a partir de sus resultados del 2025 bajo las directrices del fondo, y cubrirían más de tres cuartas partes del objetivo anual.

Pero las grandes farmacéuticas, clave para el éxito del mecanismo, todavía no han hecho ninguna aportación. Las únicas empresas que han contribuido son Prozomix y TierraViva AI, dos compañías británicas vinculadas a la biotecnología y la inteligencia artificial, y E-Biom, especializada en biotecnología y consultoría ambiental. Las tres son pymes, precisamente las que el mecanismo pretende dejar fuera de las obligaciones económicas.

Anticiparse a futuras restricciones

El Fondo Cali va más allá de la justicia ambiental. “Dependemos de la biodiversidad genética”, asegura Simon Charnock, director ejecutivo de Prozomix. Para su empresa, que trabaja exclusivamente con DSI, el fondo es también una oportunidad para evitar que los países impongan restricciones al acceso y uso de estos datos. De hecho, ya es una realidad: Brasil ya exige legalmente un reparto de beneficios en determinados usos comerciales de su información genética digital. “Sudáfrica también empieza a restringir el acceso a ciertas secuencias de todo el continente africano”, explica Charnock.

Por otra parte, invertir en las comunidades indígenas es una manera de preservar la biodiversidad que las empresas necesitan para desarrollar sus productos. “Estos pueblos son los guardianes de la riqueza genética”, asegura un representante de WWF en las negociaciones.

A pesar de ser la potencial solución a un problema inminente, la COP17 continuará definiendo las reglas del Fondo Cali para acercarlo a sus objetivos. La digitalización ha permitido que la información genética circule libremente por el mundo. Ahora hace falta conseguir que los beneficios que genera también lo hagan.