Más de 75 museos e instituciones catalanes podrían tener patrimonio de que el franquismo no devolvió a los propietarios

Cuando el Instituto Catalán de Investigación en Patrimonio (ICRPC) empezó el proyecto Iguemus hace dos años, preveía que habría 25 museos catalanes que podrían tener objetos que procedían de la incautación de la Guerra Civil.Estirando el hilo, pudo comprobar que fueron muchos más. "Todos los museos catalanes actuales que existían al final de la Guerra Civil o durante los primeros años de la dictadura tendrían piezas que la Segunda República salvó y que el franquismo no devolvió a sus legítimos propietarios", asegura Gemma Domènech, directora de la 'ICRPC.

Cuando estalló la Guerra Civil, en julio de 1936, la Generalitat intentó proteger el patrimonio. Para preservarlo de las bombas, se incautó y trasladó decenas de miles de obras a diferentes depósitos de Barcelona, ​​Olot, Manresa, Vic, Girona, Poblet, Viladrau... Cuando los franquistas ganaron la guerra, los republicanos les van entregar voluntariamente las piezas procedentes de colecciones privadas y públicas, de iglesias, parroquias y monasterios. Todo ello pasó a manos del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN), que a partir de 1939 empezó a devolverlo a sus propietarios. Pero muchas devoluciones nunca culminaron.

De momento, el ICRPC ha podido estudiar a fondo nueve museos que tendrían entre 2.000 y 2.500 objetos que habrían sido incautados. La suma puede ser mucho mayor, porque en total Domènech calcula que hay al menos 75 museos e instituciones con objetos que provendrían del SDPAN. "No hemos encontrado obras de arte de gran valor, pero hay todo tipo de piezas, desde pinturas y esculturas hasta capiteles, medallas, cálices, baldosas o relojes", asegura. Entre los museos e instituciones que tendrían objetos provenientes del SDPAN, se encuentran el Museo de Reus, el Museo de Lleida, el Museo de Mataró, el Museo de Arte de Sabadell, el Museo de Terrassa, el Museo de Granollers, el Museo de Badalona, ​​el Museo de Solsona, el Museo Etnológico y de Culturas de Barcelona y el Museo Marítimo. El Museo de Arte de Girona y el Museo Diocesano de Tarragona tendrían sobre todo piezas que habrían formado parte del patrimonio de las parroquias.

"Cuando hemos empezado a entrar en los museos a revisar la documentación hemos podido comprobar que es parcial e incompleta y que hay muchos depósitos de bienes en museos catalanes que no habían sido documentados por el SPDAN", detalla Domènech. Por ejemplo, en Granollers, un caso que ya estudiaron Cinta Cantarell, Glòria Fusté y Marc Guardia, se conservan 256 bienes y un conjunto de 3.001 baldosas de mayólica que no tienen un acta de cesión del SDPAN. Lo mismo ocurre con el Museo de Mataró, que ha investigado a Francesc Miralpeix. En 1944 el SDPAN cedió 331 bienes, a los que hay que sumar otros 271 bienes que llegaron al museo durante la guerra y que no fueron devueltos.

Recuperar los bienes incautados

Ahora bien, ¿es posible encontrar al propietario original después de 88 años? Domènech cree que sí. El SDPAN franquista, que se hizo cargo del patrimonio arquitectónico, documental, artístico, científico, arqueológico..., abrió al público los depósitos para que quien pudiera acreditar que era propietario de los objetos los reclamara. En Barcelona el principal depósito fue la actual sede del Institut Cartogràfic de Catalunya, en Montjuïc. Las colecciones públicas fue bastante sencillo devolverlas porque todo estaba inventariado. En el caso de las privadas, el regreso se prolongó desde 1939 hasta los años cincuenta. Según el ICRPC, la documentación republicana permite trazar, en la mayoría de los casos, la propiedad de los bienes incautados y salvaguardados durante la guerra. Sin embargo, el SDPAN estableció complicadas normativas que regulaban el proceso de devolución. Debían presentarse avales que acreditaran la afinidad al régimen, aportar documentación que acreditara su propiedad y, además, cubrir los gastos asociados al almacenamiento y conservación de los bienes. Todo ello hacía imposible que las personas o familias que habían apoyado al gobierno legítimo de la Segunda República, que habían sufrido la cárcel o el exilio, o habían sido depuradas, reclamaran nada. Y son precisamente los bienes no reclamados quienes fueron cedidos en depósitos a museos e instituciones públicas y privadas.

"Nosotros estamos construyendo una base de datos que será pública con los objetos y la información de dónde provienen y de quiénes eran. Nuestra intención es que pueda llegar a todos los afectados ya la administración y se produzca la reparación que las autoridades consideren que deben hacer", afirma Domènech. "Son reclamaciones que no prescriben porque en el contexto del régimen franquista era imposible reclamar. Además, la ley de memoria democrática española prevé una restitución", concluye la responsable del ICRPC. Sin embargo, en la ley española no se especifica cómo se hará ni se reconoce explícitamente el derecho a la indemnización.