Los grupos soberanistas catalanes, vascos y gallegos piden suprimir el título de rey de España

MadridERC, JxCat, el PDECat, la CUP, EH Bildu y el BNG se han vuelto a aliar en el Congreso para presentar una batería de enmiendas conjuntas a la ley de memoria democrática que hace pocas semanas empezó su tramitación en el Congreso. Y entre las propuestas que han puesto por escrito los seis grupos está la de retirar el título de rey de España que el régimen franquista otorgó a Juan Carlos I . "De acuerdo con lo que dispone el artículo 41, se suprime el título de rey de España así como todos los privilegios y prerrogativas personales y familiares que se derivan de él", exponen en una de las enmiendas que han registrado este lunes. El artículo 41 de la ley de memoria democrática que impulsa el ministerio de Presidencia, pilotado por Félix Bolaños, establece eliminar una serie de títulos nobiliarios (todavía por determinar) que se otorgaron entre el 1948 y el 1978 y que representan "la exaltación de la guerra y la dictadura". En este capítulo, los grupos soberanistas catalanes, vascos y gallegos proponen que también se suprima el título de rey porque fue otorgado por el régimen franquista, que consideran "ilegal".

La eliminación de este título real conllevaría, de paso, que también cayera la monarquía. La enmienda, por lo tanto, supone llevar el debate sobre si monarquía o república también a la ley de memoria democrática, en este caso para pedir la abolición de la actual monarquía parlamentaria, porque los grupos proposants consideran que emana de un "régimen ilegal". Recuerdan que se estableció la actual forma de estado a través de la ley de sucesión franquista, por la que el dictador Francisco Franco decidía a su sucesor. "Nunca se permitió que la ciudadanía votara de forma efectiva la forma de estado que prefería", denuncian los grupos en su enmienda. "Este hecho histórico es más bien poco compatible con los principios de un sistema democrático como el que se decía querer implantar" y, por lo tanto, "se tendría que revisar su fundamento", añaden.

La enmienda tiene pocas posibilidades de prosperar porque el PSOE siempre se ha opuesto a una posible abolición de la monarquía. De hecho, el portavoz de la ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, ha dicho que esta cuestión "no es ningún debate": "Nosotros estamos por las cosas importantes como por ejemplo las pensiones o la educación". Sicilia ha remarcado que su partido "ahora mismo respeta el acuerdo constitucional y la monarquía parlamentaria". "Estoy convencido de que la ley saldrá adelante con diálogo. Tenemos que ver el detalle de las enmiendas para ver hasta dónde podemos llegar", ha añadido.

El traspaso de la comisaría de Via Laietana

Además de esta enmienda, los seis grupos soberanistas también reclaman el traspaso de la titularidad de la comisaría de la Policía Nacional de Via Laietana de Barcelona y que pase a ser de la Generalitat. Proponen convertir la comisaría en un museo de la lucha antifranquista y reclaman toda la documentación custodiada en el Archivo Histórico de la Policía y también el Archivo Histórico Nacional, como "fichas, atestados, declaraciones, órdenes, reglamento interno y correspondencia", sobre todo la producida en los fondos documentales producidos por la Brigada Especial de Información entre el 1938 y el 1941, y por la VI Brigada Regional de Información, que operó desde el 1941 hasta el 1986.

Proponen también modificaciones en la ley de amnistía del 1977 para evitar que se siga "perpetuando la impunidad sobre los crímenes del franquismo y los crímenes de lesa humanidad". En este sentido, recuerdan que hay instituciones y familias que han tenido que recurrir a otros países para presentar denuncias penales por la "imposibilidad de hacerlo" en el Estado. Exigen, pues, la eliminación de los artículos de la ley en la que quedan amnistiados los delitos cometidos por las autoridades y funcionarios franquistas; y piden que los jueces y tribunales españoles puedan investigar y juzgar a los responsables de posibles delitos de "genocidio, lesa humanidad, de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos".

Restauración del "expolio" de los ateneos y asociaciones

Exigen, además, que se reconozca la "persecución cultural y lingüística" hecha durante el franquismo. "El Estado tiene que reconocer y reparar el daño causado a la cultura por motivos políticos durante el régimen", defienden las seis formaciones en un comunicado, en el que denuncian que bajo el régimen de Franco se prohibió enseñar en cualquier lengua que no fuera la castellana. "Las administraciones competentes en materia de memoria democrática articularán todos los mecanismos, procedimientos y recursos necesarios para hacer una evaluación exhaustiva y profunda de la represión y persecución cultural y lingüística del franquismo, así como de sus efectos sobre la realidad sociolingüística del Estado", proponen en la enmienda.

Finalmente, también reclaman que se reconozca "el expolio" al que fueron sometidas asociaciones y ateneos durante el franquismo, y que el Estado "restituya y compense" a estas entidades por los bienes y documentos de los que fueron privados. "El importe máximo a abonar por beneficiario será de 4 millones de euros", concretan. Todo ello se tendría que hacer durante los dos años posteriores a la aprobación de la ley de memoria democrática.