Absolta a Carme Arenas por el fraude en el PEN Català: "Ha habido una persecución personal enfermiza y difamatoria"
El juez de primera instancia desestima íntegramente las acusaciones contra la expresidenta, pero la entidad recurrirá
BarcelonaTras cuatro años de procedimiento judicial, el juzgado de primera instancia ha desestimado íntegramente la demanda presentada por el PEN Català contra su anterior presidenta, Carme Arenas, a la que se reclamaban 597.896,35 euros por el dinero habría percibido irregularmente durante su etapa de 17 años al frente de la entidad como presidenta y secretaria general. La sentencia afirma que los ingresos de Arenas fueron legítimos, conocidos por la junta y que responden a servicios prestados.
El PEN deberá pagar las costas del procedimiento. La junta de la entidad que defiende la libertad de expresión y los derechos lingüísticos, hoy anunció en un comunicado que recurrirá porque hay "indicios que dan la razón a lo que defendía el PEN". Arenas denuncia que ni se ha facilitado la sentencia del 5 de septiembre a los socios, ni se ha pedido a la asamblea si quiere llegar a la Audiencia de Girona. Según dice en el ARA la presidenta de la entidad desde el 2022, Laura Huerga, los estatutos otorgan esta potestad a la junta, que lo ha acordado por unanimidad.
La llegada de Àngels Gregori
La crisis en el PEN estalló en el momento del relevo en la junta directiva en junio del 2018, en la que entró en la presidencia la poeta Àngels Gregori, con Jaume Subirana de vicepresidente y Gemma Rodríguez, que ejercía de tesorera y secretaria general. En mayo de 2019 se anunciaron "fugas" de 280.000 euros durante 10 años que con el paso de los meses ascendieron a 373.000 euros. En junio de 2019 la asamblea votó a favor de denunciar a Arenas y, ante la falta de acuerdo en el arbitraje, se acabó en los juzgados, aunque un grupo de socios se dieron de baja de la entidad. La demanda ascendió a 600.000 euros. "Lo intentaron hacer gordo para tomármelo todo", dice Arenas.
"Ha habido una persecución personal enfermiza y difamatoria", ha asegurado este miércoles Arenas, que habla de "delirio" que sólo ha servido de "promoción personal". Arenas ha acusado a aquella junta de mentiras, difamación, manipulación, amenaza e intoxicación de socios, familiares y amigos. "Hasta ahora hemos sido respetuosos y aguantamos el chaparrón, pero ya estamos hartos", dice Arenas. El abogado Joaquim Badia apunta que el motivo de la acusación de Gregori podría ser "el miedo a quedarse sin dinero" y un escudo para justificarse económicamente: "Durante los nueve años que Carme Arenas fue presidenta, todos los ejercicios tuvieron superávit mientras que el primer año de Àngels Gregori se cerró con pérdidas, y coincide en que ella se hizo un contrato laboral sin que lo supiera la junta".
Según el abogado de Arenas, la junta del PEN hizo "maquinaciones procesales para entorpecer la justicia", intentó ocultar información, llegó a borrar información de la web del PEN y ni siquiera se presentó en el juicio . "Durante nueve años de gestión no se ha encontrado ninguna irregularidad, ni un solo billete de avión ni una dieta, todo estaba justificado y auditado", ha asegurado Badia, porque se encargó una prueba pericial para comprobar todos los ingresos de expresidenta y los servicios prestados. Esto es lo contrario de lo que cree el PEN actualmente, que opina que existen partidas no contrastadas. "Lo que cobró Arenas en el PEN es mucho menos importe por muchas más horas de trabajo que si no hubiera renunciado a su plaza de catedrática. Cobraba menos que la media de otras instituciones análogas, y lo reconoce la sentencia", dice el abogado.
Carme Arenas lamenta "haber sido el burro de los golpes" pese a "haberse dejado la vida en la entidad", y no descarta denunciar por difamación a los tres miembros de la junta que la acusaron. "Se me vetó en una entidad que tiene como motivo de existencia la libertad de expresión: es perverso. Hay mucho sufrimiento detrás de todo esto, y mucha ofensa", ha lamentado, y ha recordado que ha acusado de desviar dinero por el Proceso y de protagonizar un caso comparable al caso Palau. "Las personas que me acusaron sin piedad son las que deberían pagar la fiesta, no la entidad, porque el PEN fue engañado y utilizado", señala. Desde la nueva presidencia, Laura Huerga defiende que han estado "siempre abiertos al diálogo": "Imagino que a todo el mundo le gustaría cerrar este tema y mirar hacia delante".