Con Franco también había fuga de capitales

Durante decenios las clases dirigentes españolas prefirieron un estado incompetente y barato que lo contrario. Sobre todo porque la eficiencia equivalía a un sistema impositivo con impacto directo y proporcional sobre las rentas más altas. Escaparse de los impuestos era ayer –y, por desgracia, parece que la cantinela insolidaria regresa– justificado e, incluso, alentado por ciertos discursos. Además, el carácter asustadizo del dinero se acentuaba ante cualquiera de las incertidumbres políticas contemporáneas. Ya fuera por la proclamación de la Segunda República, por el inicio de la Guerra Civil, por unos primeros pasos dubitativos de la Transición o por una posible declaración unilateral de independencia, las fortunas siempre son las primeras en tomar el camino del paraíso fiscal más cercano.

Tampoco el supuestamente patriótico franquismo se escapó de esta dinámica. Por el contrario, la suicida e ideológica autarquía impuesta durante la larga posguerra incrementó el volumen de capitales fugados hacia el exterior para escapar al control de Hacienda, para disponer de divisas –tanto imprescindibles como fiscalizadas por la dictadura– o para garantizarse recursos (quien dice recursos, dice dejas) en el extranjero en caso de uno. Ante esta creciente demanda de servicios opacos y confidenciales, rápidamente surgió una oferta equivalente, con su epicentro primero en la ciudad libre (y libertina) de Tánger y, después, en la Suiza consagrada al secreto bancario. Lejos aún del mundo digital e interconectado de hoy, esto requería desplazamientos no siempre posibles por los depositarios españoles y, por tanto, solicitados representantes empezaron a viajar de forma puntual y estable para rendir cuentas, realizar operaciones e intercambiar informaciones con su lucrativa clientela local.

El final de la discreción

Para sorpresa de casi todo el mundo, esta discreción saltó por los aires el domingo 30 de noviembre de 1958, cuando agentes de la Brigada de Investigación Criminal de Barcelona detenían al suizo George Laurent Rivara a las puertas de su hotel en Barcelona hacia Madrid y País Vasco. Ambos territorios, junto a la capital catalana, concentraban la mayoría de sus clientes o, mejor dicho, de los clientes de la Société de Banque Suisse. Este detonante desató toda una serie de inéditas consecuencias internas y externas que Enrique Faes (Gijón, 1975) reconstruye en un documentadísimo libro de historia que no rehuye una aproximación detectivesca al caso concreto y una caracterización capaz de definir una época. Autor de lo previo y recomendable Demetrio Carceller (1984-1968). Un empresario en el Gobierno (Galaxia Gutenberg, 2020), el historiador asturiano enriquece nuestra comprensión de la dimensión económica de la dictadura.

Enseguida, el caso Rivara mereció la atención internacional como síntoma de la corrupción del régimen en la prensa estadounidense y con aprehensión por parte de las autoridades suizas que veían tambalearse el sagrado secreto bancario. Sin embargo, son las derivadas internas las más relevantes, ya que por sorpresa, el 9 de marzo de 1959 el BOE publicó los nombres de los 872 implicados, junto a las multas dictadas en primera instancia por el juez de Delitos Monetarios (algunas acabarían siendo rebajadas o revocadas) y los valores depositados en el extranjero. El escándalo ya no distinguía en gradaciones –entre los señalados había súbditos extranjeros no sujetos a pena– y, como relata Faes, evidenciaba las peleas internas dentro del régimen, mostraba cómo el Estado, incluida la policía, incorporaba talento y medios y, además, ilustraba la aceleración de los cambios legislativos. Ahora bien, la duda persiste: ¿cuántos más Rivara había? ¿Cuántos más hay hoy?