Macron quiere delimitar la difusión de imágenes policiales

ParísSí a filmar a policías; no a asediarlos. Con esta fórmula un poco simplista, el ministro de Interior francés, Gérald Darmanin, ha resumido el artículo 24 de la polémica proposición de ley relativa a la seguridad global que penalizará la difusión de imágenes de las fuerzas del orden cuando haya una mala intención. “Nuestro deber es proteger a los policías y a los gendarmes, a menudo a merced de las redes sociales”, explicaba.

Sin embargo, el texto, que los diputados adoptaron en primera lectura el 24 de noviembre en la Asamblea Nacional, levanta fuertes críticas entre los partidos de izquierdas, ONGs y sindicatos de periodistas. Raso y corto, lo califican de liberticida y temen que favorezca la impunidad policial. Desde entonces se han convocado manifestaciones casi cada sábado en unas cuántas ciudades del país.

En concreto, el artículo 24 modificará la ley de 1881 sobre la libertad de prensa. El texto especifica que se castigará con un año de prisión y con 45.000 euros de multa si se difunde “la imagen de la cara o cualquiera otro elemento con que se pueda identificar un agente de la policía nacional, municipal o un militar de la gendarmeria cuando estén actuando en una operación”. Todo ello, “con el objetivo evidente de perjudicar la integridad física o mental” del agente.

Desde el gobierno han repetido por activa y por pasiva que “los periodistas podrán filmar cualquier intervención y difundir las imágenes”. Los ciudadanos “también podrán filmar las operaciones y, si ven alguna situación contraria a la deontología, podrán enviar las imágenes al fiscal de la República”, precisaba el titular de Interior. Se puede sobreentender, pues, que un ciudadano corriente que filma una intervención policial y que sube el vídeo a las redes sociales podría ser condenado si también acompaña las imágenes con comentarios críticos, porque se podría interpretar como una manera de “perjudicar a los policías”, destacan desde Reporteros Sin Fronteras (RSF). La difusión de imágenes de manera malintencionada es un término poco preciso, una ambigüedad con la que parece que se quiere jugar. Dependerá, finalmente, de la apreciación del juez.

Desde las manifestaciones de los chalecos amarillos hasta las protestas en contra de la reforma de las pensiones, las grabaciones de ciudadanos anónimos y de periodistas de medios consagrados, pero también minoritarios y freelance, han sido útiles para destapar actuaciones violentas. Como ejemplo, la difusión de las imágenes de un policía que arrestó violentamente una pareja de manifestantes en mayo de 2018 en París. El vídeo sirvió para descubrir que el agente no tenía que haber actuado en aquella protesta. Un caso más reciente fue el brutal desmantelamiento de un campamento de migrantes en la plaza de la República de París en noviembre.

Con todo, pocos días después de que la Asamblea aprobara la proposición de ley, la mayoría presidencial anunció que reescribiría el polémico artículo 24. Una manera de calmar las aguas sin especificar cómo se hará. Macron confía que en marzo los senadores modificarán el texto antes de que pase a una segunda lectura.