Las apropiaciones de la Iglesia: de la casa de un campesino bagenc a la mezquita de Córdoba

Barcelona"No sabemos cuál es el patrimonio de la Iglesia, pero el problema no es ese, porque la institución puede ser propietaria y heredar bienes. El problema real es que se ha apropiado de bienes públicos aprovechando un privilegio franquista que ha tenido continuidad en la democracia. Es un gran expolio que aún empeoró con la ley de reforma hipotecaria de 1998", asegura Antonio Manuel Rodríguez Ramos, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba. Rodríguez firma, junto con el periodista Aristóteles Moreno Villafaina, el libro El expolio de las inmatriculaciones de la iglesia. La mezquita de Córdoba y otros casos de libro (Akal).

La Ley Hipotecaria, promulgada por el régimen franquista en 1946, permitió, según los autores, "el mayor expolio patrimonial de la historia de España". "Fue una manera sutil, pero sustanciosa, de pagar por los servicios prestados antes, durante y después del golpe de Estado", añaden. Con este privilegio, la Iglesia católica registró miles de fincas como si fuera una administración pública y sin aportar ninguna documentación, tan solo su palabra. Hay templos pero también muchas otras propiedades, como campos de fútbol, murallas, garajes y fincas rurales. "Iban al registro y decían: «Esto es mío». Como la Iglesia y la Administración franquista eran prácticamente la misma cosa, no hacían falta edictos ni comunicarlo a nadie. Se hacía con total opacidad", insiste Rodríguez. Los afectados no tuvieron derecho ni siquiera a protestar, mientras que el resto de mortales, para registrar una propiedad, debían acreditar la titularidad de manera fehaciente.

El caso de Santa Maria del Mar

Con la reforma que el gobierno de Aznar aprobó en 1998, se incluyeron los templos de culto en este derecho de inmatriculación privada. Fue un cambio que la Iglesia aprovechó para poner a su nombre patrimonio cultural de gran valor histórico como la mezquita de Córdoba o la basílica de Santa María del Mar, entre muchos otros. "La mezquita de Córdoba fue concebida como un edificio público y, por tanto, su construcción, rehabilitación y mantenimiento han sido sufragados históricamente por las finanzas públicas desde su construcción en época andalusina (785). Las inversiones que se han hecho suman millones de euros, tanto por parte del Estado como de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación. A pesar de este vínculo popular indiscutible, el templo fue inmatriculado por el arzobispado en el año 2006", lamentan los autores.

En 2020, la Generalitat publicó un mapa interactivo con la totalidad de los bienes inmatriculados en el territorioMoreno recuerda que los países vecinos resolvieron este dilema de forma muy diferente. Francia, con la ley de laicidad de 1905, dictaminó que la Iglesia pasaba a ser una entidad privada, pero que todos los templos construidos a lo largo de la historia con el esfuerzo y el dinero de la comunidad se quedaban bajo la propiedad y el amparo del Estado. Portugal llegó a un acuerdo similar en su concordato de 1940: uso religioso, pero propiedad estatal. "En España, en cambio, no se hizo ninguna ley de separación real y se miró hacia otro lado", lamenta.

El listado del gobierno catalán

A pesar de que en 2015 se derogó la ley, la Iglesia ya había llevado a cabo miles de privatizaciones. Los autores son muy críticos con el hecho de que durante tantos años no se hiciera nada. "El verdadero problema surge en 1978, cuando, como si fuera un pacto de no agresión, se decidió no tocar este asunto. Y el problema es que, por no tocarlo, la Iglesia católica aprovechó este privilegio franquista", afirma Rodríguez. Aun así, los dos autores proponen en el libro diferentes soluciones y alternativas para que muchas propiedades vuelvan a ser bienes públicos y se declaren nulas estas inmatriculaciones.

En 2020, la Generalitat publicó un mapa interactivo con la totalidad de los bienes inmatriculados en el territorio: un total de 3.772 fincas inscritas entre 1946 y 2015, de las cuales 1.518 son terrenos, 349 son edificios civiles y 1.855 son lugares de culto. El gobierno español también hizo público otro listado, pero con un rango de tiempo más reducido; un total de 34.961 fincas entre 1998 y 2015. De estas fincas, 20.055 son templos o dependencias complementarias, y 14.906 son fincas "con otros usos" (terrenos, solares, viviendas, locales, etcétera).

La victoria judicial de Artà

Hay ejemplos de luchas contra lo que los autores llaman un gran expolio en que la Iglesia católica ha sufrido alguna derrota, como la de las murallas de la población mallorquina de Artà. La documentación histórica atestigua que fueron los impuestos y el mismo municipio los que mantuvieron la muralla. En el siglo XVI, incluso el vicario confirmaba que era la autoridad municipal quien tenía la obligación de conservarla. Sin embargo, la Iglesia católica inmatriculó dos fincas de la zona en 1975 y 2015. En 2017, el Ayuntamiento de Artà presentó una demanda para pedir la nulidad y la cancelación de la inscripción de las murallas y los patios interiores. La justicia dio la razón al consistorio. "Es un caso muy excepcional", alertan los autores.

No es la única batalla. Joan Casajoana es un payés propietario de una finca en el Bages, integrada por una casa, un terreno, la ermita de Sant Pere de Vallhonestay un pequeño cementerio (Sant Vicenç de Castellet) que han formado parte de su familia desde el siglo X. Se llevó una sorpresa mayúscula cuando descubrió que la Iglesia lo había inscrito todo a su nombre. Tras meses de litigios, consiguió recuperar la casa y el terreno, pero la institución no cedió ni en el cementerio ni en la ermita.

El caso navarro

Por otro lado, el caso de Navarra es especialmente interesante y diferente; de hecho, representa el hilo más sólido e importante de todo el movimiento contra las inmatriculaciones", afirman los autores. En Navarra existe una ley de bienes comunales de 1986. Los bienes comunales son de dominio público y están protegidos por la Constitución española, pero se han ido perdiendo a lo largo del tiempo, sobre todo en zonas rurales, a pesar de estar catalogados. "¿Qué pasó? Que muchos ayuntamientos, por negligencia o falta de atención, se desentendieron de la cuestión y la Iglesia inmatriculó una gran cantidad. En Navarra hay una plataforma de municipios que lleva mucho tiempo trabajando en este frente. Y ahora, por primera vez en todo el Estado, el gobierno foral ha asignado un funcionario dedicado exclusivamente a cotejar los bienes inmatriculados con los registros comunales. Es un trabajo complejo y exigente que cuenta con pocos recursos, pero que ya ha permitido identificar cientos de bienes comunales que habían sido inmatriculados de manera indebida", dice Moreno.

Lo que más lamentan los autores es la indiferencia: "Es un escándalo jurídico, patrimonial, económico, político y ciudadano, y quizás lo que más duele es la indolencia ciudadana", afirma Rodríguez. "La mezquita de Córdoba, Santa María del Mar, la Giralda de Sevilla y el Cerro de los Ángeles es de todos y se ha privatizado a escondidas, pero es como si a nadie le doliera esta pérdida", añade. Tampoco políticamente se han dado pasos muy atrevidos. En 2021 se planteó una reforma de la ley de patrimonio histórico añadiendo que los bienes inmuebles eclesiásticos no podían cederse a particulares o entidades mercantiles. "Acabó en un cajón", afirman los autores.